Código Procesal Penal. Posponen hasta marzo la oralidad en la Cámara Federal de Córdoba

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, firmó la resolución que implementa el Código Procesal Penal Federal en La Plata desde el 21 de septiembre próximo y en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba desde el 8 de marzo del año próximo.

En los hechos, se trata de una postergación sobre la marcha. La implementación del nuevo Código Procesal estaba prevista para el 15 de junio próximo y ahora se anuncia que será casi nueve meses después.

Todo indica que la demora se vincula a la cantidad de vacantes que existen en la Justicia federal cordobesa –todavía no fueron reemplazados los camaristas Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes– y hay procesos en marcha para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal 2 y el Juzgado Federal 1.

Además, la Cámara Federal de Córdoba se encuentra convulsionada por la investigación promovida contra el camarista Abel Sánchez Torres por posibles delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

El nuevo sistema acusatorio ya rige en gran parte del país y según lo informado por el Ministerio de Justicia de la Nación, con el cambio de Código Procesal la resolución de casos pasó del 43% al 82% promedio en todas las jurisdicciones donde se aplica. “Oralidad, celeridad, separación de funciones y participación central de la víctima: un Estado que investiga mejor”, indicó el ministro en su posteo. Recalcó también que se trata de una reforma “construida de manera conjunta con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación”.

El principal cambio que supone el nuevo Código Procesal es que los fiscales federales pasan a dirigir las investigaciones. Ahora, en muchas causas federales el juez de instrucción tiene un rol central en la investigación. Con el nuevo sistema acusatorio, el fiscal investiga y acusa y el juez controla la legalidad del proceso y garantiza derechos, mientras la defensa interviene desde etapas tempranas.

Además, el cambio apunta a que haya menos expedientes escritos y determina que las decisiones más relevantes del proceso deban discutirse en audiencias públicas y orales. Esto será así para las imputaciones, los pedidos de prisión preventiva, los acuerdos abreviados y el control de la acusación.

Uno de los objetivos es darle mayor velocidad a las causas, mediante plazos más estrictos, resolución de incidentes en audiencias, mayor digitalización y uso de salidas alternativas al juicio cuando la ley lo permite.

Este esquema se aplicará para los delitos de competencia federal, por ejemplo: narcotráfico, trata de personas, contrabando, lavado de dinero, evasión tributaria federal, corrupción vinculada a organismos nacionales y delitos electorales federales.