Justicia. Conflicto con la AFA: el Gobierno apelará el fallo que avaló su mudanza a Pilar
La Inspección General de Justicia (IGJ) buscará revertir la sentencia que anuló la veeduría nacional y dejó el control de la entidad bajo órbita bonaerense.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que validó el traslado del domicilio social de la AFA a la provincia de Buenos Aires. La resolución de la Sala D también dejó sin efecto la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde la Casa Rosada indicaron que el actual titular de la IGJ, Alejandro Ramírez, buscará revertir la decisión en una instancia judicial superior. “Nosotros vamos a apelar”, expresaron fuentes oficiales a TN ante lo que consideran un golpe al esquema de fiscalización impulsado sobre el fútbol argentino.
El eje del conflicto jurisdiccional
Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que la competencia de fiscalización sobre la AFA corresponde ahora a la provincia de Buenos Aires. Según el fallo, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el traslado a Pilar, la IGJ perdió sus facultades de control.
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De esta manera, la Justicia declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, firmada el 18 de febrero de 2026, que rechazaba la mudanza. También anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, del 16 de marzo, que disponía una veeduría por 180 días hábiles.
El tribunal cuestionó que la IGJ se erigiera por encima del organismo bonaerense, atribuyéndose facultades revisoras sobre un ente par. Además, desestimó las dudas sobre el funcionamiento efectivo de la sede en Pilar frente a la validez del acto administrativo provincial.
Tensiones internas en el ministerio de Justicia
La decisión judicial provocó un cruce de reproches dentro del área de Justicia, actualmente conducida por Juan Bautista Mahiques. El sector actual sostiene que la gestión previa no impugnó de manera eficaz el traslado de la entidad a la nueva jurisdicción.
A pesar de que el anterior titular de la IGJ intentó frenar la asamblea de 2024, la Cámara consideró que el acto administrativo bonaerense ya estaba firme. Con el cambio de autoridades, la nueva conducción anticipa que la batalla legal continuará para recuperar la competencia nacional.
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El futuro de los controles estatales
El objetivo de la apelación oficial es defender la capacidad del Estado para revisar balances, contratos y decisiones institucionales de la AFA. El Gobierno busca evitar que el cambio de domicilio legal funcione como un escudo ante las observaciones de la IGJ.
No obstante, el fallo aclaró que esta resolución no afecta las investigaciones judiciales penales o económicas que tramitan en otros tribunales. La sentencia se limita estrictamente a definir qué organismo administrativo tiene el poder de policía sobre la asociación.
En Balcarce 50 califican el fallo como un revés político y jurídico, mientras que la AFA fortalece su postura de litigar en el plano jurisdiccional. La presentación del recurso de apelación será el próximo paso clave en esta disputa por la transparencia y el control del fútbol argentino.
