Justicia. Causa Seguros: Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández por corrupción
Con un voto dividido, el tribunal hizo lugar a un planteo de la defensa y pidió revisar el procedimiento sin expedirse sobre la culpabilidad del expresidente.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles, por mayoría, el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Seguros”, en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos. La decisión no implica un sobreseimiento, sino que ordena a la instancia anterior dictar un nuevo pronunciamiento.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes consideraron que existieron irregularidades procesales en la confirmación del procesamiento. En disidencia votó Gustavo Hornos.
Fallo dividido en Casación
La resolución de la Sala IV hizo lugar a un recurso presentado por la defensa del ex mandatario, que cuestionó la confirmación de su procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Según el criterio mayoritario, la Cámara Federal que había ratificado el procesamiento avanzó “en exceso” respecto de lo planteado por la acusación, lo que afectó principios como el debido proceso y el derecho de defensa.
Además, los jueces señalaron que tanto la defensa como el fiscal interviniente habían coincidido en la necesidad de revisar la situación procesal, incluyendo la posibilidad de dictar la falta de mérito.
Pedido de nuevas medidas
Uno de los ejes del planteo aceptado por Casación fue la necesidad de incorporar testimonios propuestos por la defensa, entre ellos los de la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el canciller Santiago Cafiero.
En ese contexto, el tribunal ordenó que la Cámara Federal vuelva a analizar el caso teniendo en cuenta estos elementos y dicte una nueva resolución.

Investigación por contratos de seguros
La causa investiga un presunto esquema de irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales a través de Nación Seguros, con la participación de intermediarios privados.
De acuerdo con la acusación, el entramado habría incluido 45 contratos, 25 intermediarios y el pago de comisiones millonarias, en un sistema que la Justicia calificó como una posible “estructura” para el desvío de fondos públicos. El monto de las comisiones bajo análisis asciende a más de $ 3.364 millones, según consta en el expediente.
Situación procesal del expresidente
Fernández había sido procesado en el marco de esta investigación, lo que podría haber derivado en su primer juicio oral por hechos de corrupción. Sin embargo, la decisión de Casación no aborda el fondo de la cuestión, es decir, no determina su inocencia o culpabilidad, sino que se limita a aspectos procesales vinculados a cómo se confirmó su procesamiento.
En ese sentido, el expediente volverá a la Cámara Federal para una nueva evaluación.
Argumentos de la disidencia
El juez Gustavo Hornos votó en contra de la anulación del procesamiento y consideró que el recurso presentado por la defensa debía ser rechazado.
Finalmente, en el voto en disidencia se expresó que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”, en relación con los hechos investigados.
En ese sentido, destacó que su postura se apoya en la corroboración -en esta etapa- respecto a "la existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales" .
Contexto del caso
La investigación se originó tras una serie de denuncias sobre el funcionamiento del sistema de contratación de seguros en el Estado, especialmente a partir del Decreto 823/2021, que centralizó estas operaciones.
Según la hipótesis judicial, ese esquema habría permitido la incorporación de intermediarios y coaseguradoras privadas, con el consecuente pago de comisiones superiores a las del mercado.
El caso continúa en etapa de revisión y la definición sobre la situación procesal del expresidente quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá dictar un nuevo fallo conforme a lo ordenado por Casación.

