Complicado. Causa por violencia de género: Alberto Fernández quedó a un paso del juicio oral

El juez Daniel Rafecas desestimó los planteos de la defensa que buscaban invalidar las pruebas recolectadas y ratificó las acusaciones por lesiones graves y amenazas contra Fabiola Yañez.

21 de abril de 2026 a las 11:51 a. m.
Causa por violencia de género: Alberto Fernández quedó a un paso del juicio oral
Alberto Fernández, complicado en la causa por violencia de género.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó formalmente el planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Alberto Fernández en la causa que investiga presuntos hechos de violencia de género contra Fabiola Yañez.

Con esta resolución de 30 páginas, el ex presidente quedó en una situación procesal crítica y al borde de enfrentar un juicio oral y público.

La decisión judicial desestima la última estrategia del ex mandatario para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los cargos que pesan sobre él incluyen dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, con los agravantes de vínculo y abuso de autoridad.

También se le imputan amenazas coactivas, delitos que presuntamente habrían ocurrido mientras ejercía la presidencia y residía en la Quinta de Olivos. La investigación del fiscal Ramiro González sostiene que existió una conducta de violencia física y psíquica durante más de una década.

La ventana temporal de los hechos investigados

Según consta en el expediente judicial, la pesquisa no se limita únicamente al período del mandato presidencial transcurrido entre 2019 y 2023. Los hechos analizados por la justicia abarcan años previos a su llegada a la Casa Rosada y meses posteriores a su salida del poder.

El Ministerio Público Fiscal considera que la instrucción de la causa ha llegado a su punto final y el ex presidente debe dar respuestas ante un Tribunal. El fiscal González ya había firmado el requerimiento de elevación a juicio oral para determinar su responsabilidad penal.

La causa se activó tras revelaciones periodísticas sobre mensajes hallados en otro expediente, lo que derivó en la denuncia de la ex primera dama. Desde entonces, el proceso ha avanzado sobre la base de pruebas recolectadas en el entorno presidencial y familiar.

La estrategia de la defensa: nulidad y sospechas

La abogada defensora, Silvina Carreiro, había solicitado la nulidad técnica de todas las actuaciones dictadas por el juez Julián Ercolini, quien inició el trámite. El planteo sostenía que el proceso estuvo "plagado de una animadversión" y falta de imparcialidad hacia el imputado.

La defensa invocó el principio jurídico del “fruto del árbol envenenado” para requerir la exclusión de todas las pruebas obtenidas. Según este argumento, al ser apartado Ercolini de la causa, sus actos previos estarían contaminados y deberían ser suprimidos de cualquier base de datos.

Respecto al procesamiento dictado el 17 de febrero de 2025, la defensa sostuvo que la resolución poseía un “carácter arbitrario y un defecto absoluto de motivación”. Alegaron que el fallo reproducía mecánicamente los dictámenes de la querella y de la fiscalía.

Los fundamentos del juez Rafecas para el juicio

El fiscal Ramiro González fue el primero en oponerse a estos argumentos, señalando que las nulidades deben aplicarse con criterio restrictivo. Sostuvo que solo proceden cuando existe un perjuicio real y concreto, y no simplemente para satisfacer elementos formales del proceso.

Rafecas, al analizar la situación, explicó que el apartamiento de su colega Ercolini no se debió a una falta de objetividad comprobada. Según el magistrado, la Cámara Federal tomó esa decisión exclusivamente para “disipar temores de parcialidad” alegados por la defensa.

En su resolución, el juez fue tajante al descartar que sea necesario retrotraer la investigación a un estado embrionario. “Ello supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”, afirmó Rafecas.

Un embargo millonario y medidas vigentes

El fallo de Rafecas también ratificó la validez de las medidas accesorias que pesan sobre Alberto Fernández. Esto incluye la vigencia de las cautelares y el embargo sobre sus bienes, dispuesto originalmente por una suma de diez millones de pesos.

El magistrado recordó que la Cámara Federal de Casación Penal ya había respaldado la validez de los actos llevados a cabo en estas actuaciones. Además, destacó que la naturaleza de la materia —violencia de género— impide la retrogradación del proceso judicial.

Con este escenario, el camino queda despejado para que se firme la elevación definitiva a juicio oral. En esa instancia, un Tribunal Oral Federal será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del ex Jefe de Estado por las agresiones denunciadas por su ex pareja.