La campaña de la alianza Provincias Unidas en Córdoba, para las elecciones legislativas generales del pasado 26 de octubre de 2025, costó $ 1.166.687.016. El número es parte del informe final sobre el financiamiento político presentado por la fuerza política ante la Cámara Nacional Electoral (está disponible en la web).
Con un dato sobresaliente: $ 570.000.000 para publicidad en redes. Es decir, más de la mitad del gasto.
El informe, según fuentes del Partido Justicialista de Córdoba, fue entregado en tiempo y forma a la Justicia Electoral. La aclaración es porque los datos no se encontraban disponibles hasta el 25 de febrero, lo que llevó al peronismo a realizar el reclamo correspondiente.
La primera conclusión es que para afrontar ese millonario costo, no hubo aportes privados. Al menos, así lo dice el informe de la alianza que llevó a Juan Schiaretti como primer candidato. Cero pesos de personas humanas y de personas jurídicas. En un informe que habilita transferencias bancarias, cheques, depósitos, y tarjetas todos los renglones marcan $ 0. Es decir que todo el dinero que financió la campaña vino del Estado o del propio aparato partidario.
Por ejemplo, el aporte público estatal fue de $ 339.922.144,64, clasificado como "aporte público extraordinario para campaña electoral" según lo establece la ley 26.215. .
El volumen grueso -$ 826.764.871- llegaron bajo el rubro "aportes y transferencias de otros órganos o distritos". La fuente única, sin excepción, fue el Partido Justicialista - Distrito Córdoba, con seis transferencias en total.
La primera, de apenas $ 100.000, llegó el 3 de septiembre; la segunda, de $ 300.000.000, el 9 de septiembre; la tercera, y más voluminosa de todas, de$ 450.000.000, se acreditó el 24 de octubre, es decir, dos días antes de la elección. Luego, ya con los votos contados, vinieron tres pagos más, de $ 35.000.000 el 19 de noviembre, $ 40.000.000 el 20 de noviembre, y $1.664.871,52 el 2 de diciembre. En total, $ 76.664.871 transferidos después del día de la elección.
Otro punto que llama la atención es la firma del informe. En la sección de responsables de la información, el primer y segundo responsable económico (Eduardo Troncozo y Ariel Castoldi) comparten el mismo número de DNI. Es un detalle que, en un documento oficial presentado ante la Cámara Electoral, debería haber sido corregido.
El gasto: en qué se fue más de mil millones
El total de egresos declarados es espejo exacto de los ingresos: $1.166.687.016 con saldo cero. El informe no registra deudas ni créditos pendientes. Todo está cerrado.
Los gastos se dividen en dos grandes bloques. El primero, gastos operativos de campaña, suma $ 116.638.272. El detalle revela prioridades: el rubro más abultado fue servicios de transporte ($ 46.355.524), seguido por honorarios por estudios de opinión pública ($ 46.080.604). Que los estudios de mercado político y la logística de movilización se lleven el 79% de los gastos operativos dice bastante sobre qué tipo de campaña se pensó: una orientada a medir el ánimo del electorado y mover gente.
En comparación, los honorarios profesionales de asesores de campaña representaron apenas $ 400.000.
El segundo bloque es el de publicidad electoral. Allí se fueron $ 1.050.048.743, lo que significó el 90% del gasto total. Aquí la cifra que domina todo es una sola línea: propaganda en redes sociales, $ 570.000.000, facturados íntegramente a una única empresa, Smart Consumer SA, en una sola operación fechada el 9 de octubre.
Más de la mitad del presupuesto publicitario total de la alianza concentrado en un solo proveedor, en un único pago. No hay desglose que permita al lector del informe entender qué se compró exactamente por ese dinero.
El Partido Libertario gastó $ 93 millones: más de la mitad, del Estado
El segundo gasto en publicidad fue propaganda en la vía pública: $ 245.464.458,52, distribuidos entre más de 30 empresas y personas humanas que ofrecieron espacios en cartelería, pantallas, impresiones y otros soportes físicos. La lista incluye desde grandes operadoras como Publicidad Exterior SRL ($ 23.485.646,25) y Reyna Publicidad SA en formación ($ 21.528.320), hasta pequeños oferentes individuales.
La folletería consumió $64.811.500 entre seis proveedores, con una curiosidad: el mayor gasto individual fue de Soluciones Gráficas SRL por "impresión de cartas" ($ 30.492.000), lo que sugiere una campaña puerta a puerta con comunicación postal directa, modalidad que en la era digital puede resultar más efectiva de lo que parece.
La organización de actos y eventos demandó $ 53.315.475. El ítem más caro fue el alquiler de la Plaza de la Música de Córdoba a través de Cultura Club SA: $ 13.310.000.
A eso se sumaron tres pagos a Gustavo Bacha por "actos" por un total de $ 13.389.500, y repetidas contrataciones de Creciendo SA para alquiler de salones y catering. El cierre de campaña, claramente, apostó a la épica del gran acto presencial.
La publicidad en internet sumó $ 35.298.822,18, con un pago destacado a Smart Consumer SA —la misma empresa que recibió los $ 570 millones por redes— de otros $ 30.000.000 bajo el rubro "publicidad digital". Es decir que hubo superposición entre ambas categorías.
Los medios periodísticos digitales nacionales recibieron $ 31.249.999,99, entre los que se cuentan Arte Gráfico Editorial Argentina (Clarín), Editorial Perfil, THX Medios y Radiodifusora del Centro. Los provinciales sumaron $ 14.449.999, con La Voz y Telecor como principales beneficiarios.
El cuadro completo
Provincias Unidas gastó en 2025 una campaña legislativa cordobesa financiada casi exclusivamente por el aparato del PJ distrital, sin un peso de privados, con fondos que siguieron fluyendo semanas después de la elección.
La campaña de La Libertad Avanza en Córdoba costó casi $ 500 millones
El gasto fue abrumadoramente publicitario —90 de cada 100 pesos fueron a comunicación—, y dentro de ese universo, más de la mitad fue a parar a una sola empresa en concepto de redes sociales, sin mayor detalle de rendición.
El informe es público. Cumple formalmente con el artículo 58 de la ley 26.215. Pero la transparencia no es solo publicar los números: es que esos números cuenten una historia que se pueda entender. Por ahora, la de Smart Consumer SA y sus 570 millones sigue siendo, en buena medida, una incógnita.
