El fiscal en lo Penal Económico N° 2 de Córdoba capital, Franco Mondino, archivó por inexistencia de delito varias causas contra personal policial derivadas del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas, contra la Junta Electoral Municipal y por las presuntas inconsistencias en el relevamiento de cantidad de armas en la Policía.
Si bien el fiscal, a cargo junto con su par Matías Bornancini de investigar delitos de corrupción en Córdoba, resolvió en 2025 el archivo de los expedientes por considerar que no hubo delito, su divulgación se conoció en los últimos días a través del portal de la Justicia.
Aunque los casos, varios de ellos resonantes en los últimos años, llevan meses cerrados, hasta ahora no se habían conocido detalles de las resoluciones. Las denuncias contemplaban la posible comisión de abuso de autoridad omisivo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
El caso de las presuntas “inconsistencias” en las armas de la Policía
El fiscal Mondino archivó la denuncia del abogado Marcelo Touriño contra el entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Diego Hak; el exjefe de Policía Gustavo Vélez; el exsubjefe Gustavo Folli Pedetta (acusado en otra causa por graves delitos), y el exfiscal Hugo Amayusco por el presunto “espeluznante faltante” de 1.500 armas de guerra y chalecos surgido del inventario tras el robo de 69 pistolas Bersa en 2015.
El instructor destacó que en el informe oficial en el que se hallaron “inconsistencias” en torno de 1.500 armas restaba aún recabar las cantidades de varias dependencias policiales.
Del relevamiento solicitado a la UTN, se contabilizaron 28.266 armas, mientras que de lo informado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) más lo precisado por la Policía se contaron 26.031.
Los expertos identificaron que de aquel grupo de 28.266 armas, 19.185 estaban dentro de las 26.031. ¿Y las restantes 6.846? Fueron por bajas, etcétera. El dato más relevante del informe de la UTN fue que no se hallaron 126 armas que Anmac había informado como pertenecientes a la Policía, pero que no fueron encontradas en el cotejo físico ni en la documentación de altas o bajas.
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“Esas 126 armas no presentaban ningún tipo de irregularidad, porque en realidad no pertenecían a la Policía (…), con lo que podemos concluir que esas 126 armas fueron informadas erróneamente en el primer listado que Anmac remitió”, dijo Mondino.
“Esto nos lleva a la conclusión de que no se detectó ningún tipo de faltante irregular de armas o que no tenga su respectivo correlato en la documentación. Es decir, existe un número significativo de armas que fueron extraviadas, sustraídas, secuestradas, destruidas, etc.; pero cada una de estas armas tiene su respectivo seguimiento en una causa penal, un sumario administrativo, etc., y se encuentra respaldada en la documentación recopilada”, señaló.
Las causas I, II y III derivadas por el caso de Blas Correas
Tras la condena a los policías por el crimen de Valentino Blas Correas, la Cámara Criminal de Octava Nominación ordenó investigar posible omisión de deberes de funcionario público en la atención de la familia del joven cuando la madre del adolescente, Soledad Laciar, preguntó qué había ocurrido con su hijo.
Obtuvo como respuesta que las debidas explicaciones se las iban a brindar en la Jefatura de Policía, lo que disparó la hipótesis de que, abusando de sus funciones, los uniformados omitieron activar los protocolos de contención a los familiares. El entonces abogado de los Blas Correas, Alejandro Pérez Moreno (hoy, fiscal adjunto de la Provincia), apuntó contra los policías.
Pero Mondino no halló delito en el accionar policial, ya que “no existía al momento de los hechos área policial ni normativa o procedimiento que regulara la intervención policial a fin de la contención psicológica de víctimas del delito y familiares (exceptuándose cuando se tratara de secuestro)”, explicó. Dijo que los policías aludidos no estuvieron asignados a la contención a familiares.
El fiscal también archivó el presunto accionar delictuoso de la por entonces directora del Tribunal de Conducta, Ana Becerra, y del vocal Carlos Vidán Mercado, por supuesta omisión al permitir que los expolicías Lucas Gómez y Javier Alarcón (condenados) continuaran en servicio y portando armas a pesar de tener causas penales antes de que se produjera el asesinato del joven.
Mondino recordó la imposibilidad de perseguir por un mismo hecho a un imputado, ya que Becerra y Mercado habían sido sobreseídos por el juez de Control Gustavo Hidalgo a instancias del fiscal Bornancini.
Por otro lado, el instructor cerró la investigación por la responsabilidad de la entonces directora de Recursos Humanos de la Policía, Liliana Zárate Belletti (luego jefa de la fuerza), en la presunta incorrecta supervisión de Alarcón. El efectivo, días antes del crimen de Blas, había reprobado la materia “Uso racional de armas y equipos lesivos”, del curso de promoción jerárquica.
Al haber reprobado, debía presentarse nuevamente para realizar una segunda evaluación en 30 días. En caso de no superar la instancia, sería evaluado psicofísicamente, lo que podría resultar en la retención de su arma.
Pero fue detenido antes de rendir nuevamente, con lo que el fiscal sostuvo que entre el período de desaprobación del primer test y el segundo, “no existe ninguna legislación” que disponga que la Policía “deba retener el arma”. Consideró que Zárate Belletti y otros funcionarios “supervisaron eficazmente la capacitación” que realizó Alarcón.
Denuncia contra la Junta Electoral Municipal
El fiscal archivó la denuncia de Juntos por el Cambio contra la Junta Electoral Municipal de la ciudad de Córdoba por el aviso que ésta publicó en los comicios de 2023: “El voto es obligatorio. No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado”.
Indicaron que la Junta buscó confundir o promover que los vecinos no cumplieran con votar. El fiscal no halló delito porque no existía un procedimiento reglamentado para aplicar una multa en el caso de no concurrir a sufragar. Indicó que la Junta dijo algo “verdadero, no falaz: que si los votantes no lo hacían, no se los multaría, por no encontrarse reglamentado”.
El caso de Villa Allende
Mondino también archivó la denuncia de vecinos contra el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, y otros funcionarios por presunta omisión de denuncia de delitos.
Los acusaron de omitir la denuncia de supuestos aprietes que el intendente había mencionado en un video en el marco del cierre de calles.
El fiscal determinó que no hubo delito, porque Cornet ya había presentado y ratificado la denuncia.
