Como si fuesen apostadores en una mesa de ruleta de un casino, los estrategas políticos del Gobierno provincial pusieron una ficha al Colorado pero la bola quedó trabada en la compleja situación cordobesa.
La “celebración” del nombramiento de Diego “Colo” Santilli como jefe de Gabinete de la Nación, con el argumento de que la vieja relación que mantiene con Martín Llaryora pueda servir para eventuales y remotos acuerdos electorales, se diluyó más pronto que gota en el desierto de una agenda local complicada.
La incomodidad del caso Manuel Adorni no era sólo para la gestión de Javier Milei sino que cada gobernante andaba y anda preocupado por sus Adorni.
Un pedido de informe del radicalismo llevó al ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, a aclarar por qué su esposa lo acompañó a una gira internacional, en este caso a China.
En contacto con La Voz en Vivo, dio una explicación que buscó marcar diferencias claras con el caso nacional: "Tuve un problema de salud importante durante febrero y la recomendación médica es que siempre alguien me acompañe, preferentemente un familiar, por si hay que tomar decisiones. Por eso mi señora me acompaña, cubriéndose ella todos sus costos y sin participar de ninguna actividad oficial".
El ministro Acosta respondió por el viaje a China con su esposa: "Al pasaje se lo pagó ella"
El jefe de los fiscales
Mientras tanto, el Gobierno provincial no logra zafar del caso Agostina.
El femicidio en Cofico va arrojando derivaciones que desnudan los gruesos errores originales de las horas que siguieron a la denuncia por la desaparición de la adolescente.
Se conoció que al acusado Claudio Barrelier lo fue a buscar una comisión policial para llevarlo a declarar como testigo a la Unidad Judicial 13 y que al rato lo llevaron de vuelta a su casa.
Aquel domingo 24 de mayo, a menos de 24 horas del femicidio, los policías fueron a buscar a Barrelier.
A nadie entre el personal policial y judicial se le dio por cargar en el sistema el nombre de Barrelier como para saber que los antecedentes penales que pesaban sobre él daban para tenerlo un poco más preguntándole cosas y hasta instar o librar una orden de allanamiento en el domicilio, donde –de acuerdo a la investigación– todavía estaba el cuerpo sin vida de Agostina.
No se podía evitar lo más tremendo e importante, pero al menos no sometían a la familia a una semana de calvario.
Y, en términos de egoísta especulación política, el Gobierno evitaba buena parte del desgaste que le está provocando el caso. Un caso de alcance nacional que está haciendo crujir los cimientos del poder.
El foco quedó puesto en la Justicia por estas horas con la primera intervención del jefe de los fiscales, Carlos Lezcano, que ha sorprendido a propios y extraños por la precariedad con la que abordó el caso, del cual dijo desconocer casi todo.
Lezcano, un viejo puntero peronista al que alguna vez designaron juez de Control, lleva apenas tres meses como fiscal General.
Ha tenido muy pocas intervenciones públicas. Con resultados poco afortunados.
Arrancó con una entrevista en la que cuestionó algunas denuncias sobre abusos sexuales y hasta llegó a citar a una perita que le dijo: “En el campo, en las sierras, sin medio de información, se vive en un micromundo que es su familia, su esposa, sus hijos, las ovejas, las cabras; el desfogue sexual viene por ahí”.
Después, participó en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, donde dijo: “La batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar”.
Lo siguiente fue irse de vacaciones a apenas semanas de asumir el cargo. Reapareció en público este jueves para responder en forma muy dubitativa sobre los casos que sacuden a la sociedad cordobesa, en especial el femicidio de Agostina Vega.
Y titubeó cuando le consultaron por los adjuntos que lo secundan en el Ministerio Público Fiscal y su activa participación como funcionarios y dirigentes del peronismo.
El VAR electoral
La presencia de funcionarios y dirigentes peronistas abre otro de los frentes judiciales controvertidos de estos días.
Tiene que ver con el concurso para designar al nuevo juez electoral provincial, donde buena parte de los anotados se desempeñan como funcionarios políticos de las gestiones del justicialismo cordobés.
Pasó la etapa del examen y hubo controversias por los casos utilizados y algunos errores que debieron ser subsanados en el medio de la prueba.
La sucesión de Marta Vidal: radiografía de los 17 precandidatos al cargo
Ahora, hay un reclamo para que las entrevistas personales sean de acceso público, para evitar la discrecionalidad en una instancia que otorga 40 de los 100 puntos en juego en el concurso.
La forma en la que se está eligiendo al encargado del VAR para las próximas elecciones amenaza con ser otro frente de tormentas.
