Los alambres están más que herrumbrados y se cortan cada vez más seguido. Y lo más preocupante es que la decisión parece encaminada a seguir atando todo con alambre.
De todos los enormes interrogantes que se ciernen sobre la gestión municipal capitalina, hay uno que sobresale. Refiere a las razones que llevaron y llevan al intendente de la ciudad de Córdoba a no avanzar en la licitación de los servicios estratégicos que vencieron y vencen en su administración.
Daniel Passerini tenía una oportunidad que no se les ha presentado a sus antecesores: llamar a concesiones de largo plazo en prestaciones tan importantes como las de transporte, residuos y agua.
Dar a estos servicios previsibilidad, seriedad y eficiencia, con procesos transparentes y pensando en políticas de Estado que superen una gestión.
Justamente, el actual intendente tenía como ventaja que llegó al poder despojado de la mochila de andar pensando en un nuevo mandato, al que está inhabilitado por haber sido vice de Martín Llaryora en el anterior.
Ese contexto, que era una oportunidad para pensar en el bronce de la historia, se transformó en el ingreso a un lodazal que repite la lógica que ha signado al municipio capitalino con servicios caros y deficitarios y negocios sospechosos.
Las razones forman parte de las más variadas conjeturas políticas. Y van desde el peso de no tener el liderazgo y tener que acatar directrices surgidas fuera del ámbito municipal, a la propia falta de acción para tomar decisiones de fondo, pasando por la conveniencia de mantener convenios heredados o parchando con acuerdos cortos en busca de réditos vaya saber de qué tipo.
La cuestión es que la licitación del transporte venció hace dos años y la apuesta siguen siendo las polémicas e ineficientes concesiones precarias e ineficientes a un puñado de meses, mientras se cambia sospechosamente de actores y se promete un marco regulatorio y un sistema metropolitano que vaya a saber cuántas generaciones de concejales deberán pasar para que se trate.
Estos días aciagos para muchos cordobeses que deben madrugar bastante antes del amanecer para esperar hasta más de una hora el colectivo removieron todo tipo de situaciones dudosas respecto de los criterios con lo que se maneja el transporte en Córdoba.
Dota pidió una audiencia a Passerini y vuelve a ofrecer una propuesta integral para operar el sistema
Interrogantes que se han sumado a los que ya se tenían, como ser qué fue de aquella megaempresa estatal llamada Tamse –hoy devenida en Tamsau–, que pasó de hacer de todo, como poner florcitas en las plazas, hasta quedarse con unos pocos colectivos.
En las negociaciones por la tumultuosa salida de la empresa prestataria FAM, apareció una nota del grupo Dota (uno de los más grandes prestadores del transporte urbano a nivel nacional) que menciona como negociador municipal al empresario Roberto Albisu.
El nombre impreso corrió el velo a lo que en los corrillos era repetido.
Un gerente de Ersa, la empresa correntina que llegó de manera sospechosa y se fue casi de la misma forma, sería el encargado del armado del transporte en nombre del propio municipio. En el Palacio 6 de Julio lo niegan, aunque titubeando.
Ersa se fue sin irse porque siguió alquilando sus colectivos. A propósito, La Voz publicó este lunes que Ersa cobra por el alquiler de 350 colectivos de los cuales sólo circulan 270.
Desde el municipio, en tanto, aseguran que a la fecha no hay un solo colectivo en alquiler.
¿El mismo destino?
Mientras, el servicio de recolección de residuos vence en algunos meses y no hay ninguna acción pública que indique que se está analizando cómo mejorar una prestación costosa, también ineficiente e incompleta, porque sólo contempla la recolección y no el tratamiento de los residuos.
Dicen en el municipio que está en análisis el nuevo pliego, pero a juzgar por cómo marcha la cosa, se viene una extensión precaria como en el transporte, con el agravante de que el convenio que está por vencer –que data de la gestión de Ramón Javier Mestre– es investigado en distintas causas en la Justicia federal, por severas sospechas de corrupción, sin que las gestiones de Llaryora y Passerini le hayan tocado una coma.
A principios del año que viene vence el contrato de la prestación del servicio de agua potable, en manos de Aguas Cordobesas, del grupo Roggio.
Ni se habla aún de cuestiones vinculadas con la coordinación de la prestación del agua con la del tratamiento de líquidos cloacales, que era la idea cuando se municipalizó el servicio.
