Milei y la prensa. Adepa denunció un “peligroso antecedente” judicial contra periodistas y repudió ataques desde redes vinculadas a Milei
La entidad cuestionó una cautelar impulsada por Claudio “Chiqui” Tapia contra periodistas y advirtió sobre un avance contra la libertad de prensa. Además, rechazó agresiones verbales contra Débora Plager y Marcelo Bonelli difundidas desde cuentas asociadas al presidente Javier Milei.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su “seria preocupación” por una medida cautelar dictada en el marco de una denuncia penal presentada por Claudio Tapia contra distintas personas, entre ellas periodistas, y advirtió que podría configurarse un antecedente que afecte el ejercicio de la actividad periodística.
Según señaló Adepa en un comunicado, la resolución judicial impone restricciones de acercamiento y de contacto con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente del Ceamse, además de ordenar abstenerse de difundir información personal, imágenes o datos vinculados con su vida privada y familiar.
Adepa sostuvo que la medida “no menciona hechos concretos” que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de delitos y cuestionó que la acusación se apoye en “la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso AFA”.

En ese marco, la entidad recordó que cuando se trata de figuras con alta exposición pública o responsabilidades institucionales, el concepto de intimidad debe interpretarse “con especial cuidado” para evitar que se limite la investigación periodística sobre temas de interés público.
“La protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes”, indicó el comunicado.
Uno de los puntos más sensibles señalados por Adepa es la prohibición de acercamiento al denunciante y a los lugares donde desarrolla habitualmente sus actividades. Para la entidad, una restricción de ese tipo, sin que existan conductas intimidatorias específicas identificadas, puede afectar tareas esenciales del periodismo, como buscar información, formular preguntas, cubrir actividades públicas o realizar investigaciones.
Adepa advirtió además sobre un “serio efecto inhibitorio” sobre la libertad de prensa y consideró que el uso de denuncias penales para imponer restricciones cautelares a periodistas constituye “un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística”.
En esa línea, Adepa mencionó el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que protege la libertad de expresión, y también el artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohíbe la censura previa.
“La seguridad personal y la intimidad merecen protección, pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, remarcó la entidad, que consideró que una extensión de este tipo de decisiones judiciales podría derivar en la “judicialización de la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general”.
Rechazo a ataques contra periodistas
En otro pronunciamiento difundido en las últimas horas, Adepa también repudió agresiones verbales dirigidas contra periodistas desde cuentas en redes sociales vinculadas al presidente Javier Milei.
La entidad mencionó particularmente ataques contra la periodista Débora Plager, a quien se acusó de ser “cómplice de asesinato” por su posición respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y contra Marcelo Bonelli, a quien se le atribuyó una información que, según Adepa, nunca publicó.
El comunicado también aludió a una publicación en la red social X en la que se calificó al periodismo en términos soeces, en el contexto del caso que involucra al diputado José Luis Espert.

Adepa sostuvo que la crítica y la réplica forman parte del debate democrático, pero alertó que “el insulto y la estigmatización personal”, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad que afecta el libre ejercicio del periodismo.
Según planteó la entidad, este tipo de situaciones no sólo impactan sobre los trabajadores de prensa, sino también sobre “el derecho a la información de toda la ciudadanía”.

