¿Javier Milei necesita la reelección para consolidar un programa de reformas? ¿O negociará algunas reformas para conseguir la reelección?
La respuesta bien puede ser afirmativa en ambos casos. El Presidente mira hacia atrás ahora; percibe el tiempo perdido en la defensa inservible de Manuel Adorni. Mira hacia adelante; el tiempo es breve hasta el principal hecho político que marcará el inicio del año electoral: la visita casi confirmada del Papa a la Argentina.
En esa ventana de tiempo hasta noviembre, Milei espera obtener dos novedades clave en el Congreso: una política y otra económica.
Sobre la primera, Patricia Bullrich está actuando de nuevo como la conciencia pragmática del Gobierno: le dijo a la mesa política encargada de la reelección de Milei que la ambiciosa reforma electoral que presentó la Casa Rosada en el Congreso no tiene chances de prosperar.
Bullrich tampoco cree que sea viable conseguir los votos para una ingeniería de colectoras –un pacto de reelecciones mutuas con gobernadores afines– como la que imaginan asesores de Diego Santilli.
Cuando mucho, el Gobierno podría negociar una nueva suspensión de las Paso. Un objetivo más que modesto si se lo compara con el texto original de la reforma política que naufragó durante los meses de obstinación de los hermanos Milei con Adorni.
Tampoco la suspensión de las Paso para la elección presidencial es un bocado fácil para el Gobierno. Los argumentos para por lo menos eliminar la obligatoriedad del voto en las primarias son incontrastables, pero la resistencia de las burocracias políticas es sólida y ampliamente corporativa.
Los partidos políticos, sacudidos por la crisis de representación e incapaces de reorganizarse como actores robustos de la sociedad civil, encontraron en las primarias obligatorias organizadas por el Estado un privilegio que se resisten a abandonar.
El costo institucional de sostener las Paso como pulmotor de los partidos políticos caídos en desgracia por la crisis de representación ha sido enorme.
Cabe recordar el antecedente de 2019. Las Paso, diseñadas para ordenar la competencia interna en los partidos, se hicieron sin competencia interna en las dos coaliciones principales. Con dos candidatos únicos –Mauricio Macri y Alberto Fernández– y con el factor clave de la obligatoriedad del voto, esas primarias inauguraron de facto la elección presidencial de triple vuelta.
Fue un desquicio que detonó una economía que venía a los tumbos, provocó una devaluación salvaje para los sectores sociales más vulnerables, forzó el regreso del cepo cambiario y obligó al reperfilamiento de la deuda en pesos, entre otros desastres de dimensión similar.
¿Puede ocurrir de nuevo en 2027? Tal vez no, pero las Paso siguen vigentes. Y el año pasado asomó una novedad que las empeora: el desdoblamiento de la elección bonaerense. En términos de expectativas, prácticamente una elección presidencial de cuatro vueltas.
Blindaje
Previendo estas incertidumbres, el equipo económico de Luis Caputo intentó –con el anuncio del programa financiero 2027– un blindaje del dólar electoral. Es decir, del termómetro más sensible y reconocido que tiene la economía para detectar en qué momento la política se desordena y deja de proveer el insumo sistémico principal que se le demanda: previsibilidad y confianza.
Pero Javier Milei, quien llegó al poder desde los márgenes de la política y por la crisis de la política, sabe que ese cronograma de vencimientos por atender que desglosó Caputo puede resultar insuficiente para prevenir la fiebre verde de los años electorales.
Por eso reunió al gabinete después del oficio religioso del Día de la Independencia para enfatizar la importancia de la segunda reforma relevante que necesita obtener antes del ciclo electoral: un cambio estatutario para el Banco Central.
Se trataría, en los papeles, de otro tipo de blindaje, más eficiente que el cronograma de Caputo. Un blindaje normativo sobre el Central, para impedir que vuelva a operar como caja del déficit. El proyecto prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro y establece sanciones penales para quienes intenten violar la independencia de la autoridad monetaria.
La idea satisface un consejo habitual del Fondo Monetario Internacional que recoge las experiencias internacionales exitosas de estabilización económica.
Dar independencia a la autoridad monetaria garantiza la preservación del valor de la moneda, porque sustrae al Banco Central de los vaivenes políticos, lo rescata de los saqueos recurrentes de los gobiernos deficitarios y provee a la economía certidumbres de largo plazo.
Es todo un avance que Milei haya abandonado su programa de explosivos para detonar al Central y proponga ahora fortalecerlo como lo hacen las economías desarrolladas. En Argentina, un blindaje normativo creíble recién comienza con la garantía de los dos tercios del Congreso, pero es buen comienzo empezar el camino de alguna manera.
Tiene un consenso posible: pese al ajuste, la ciudadanía todavía sostiene los beneficios de la estabilidad monetaria. Y una ayuda externa: el debate caótico de una oposición que todavía discute la candidatura de Cristina Kirchner.
Pero el tiempo con el que cuenta el Gobierno para avanzar es muy acotado.
Como se pudo observar en el Tedeum del 9 de Julio, la Iglesia Católica argentina afila las críticas a la espera del Papa. Tiene una agenda política que pretende añadir a la de León XIV: la deuda pendiente de una organización que fracasó con sus proclamas de unificación social pese a contar a favor con el recurso irrepetible de un papa propio.
Ese plato frío y retroactivo lo espera a Milei a la vuelta de la esquina.
