Debate. Una reforma laboral anarquista capitalista

La fascinación por lo exótico y lo excéntrico siempre ha obnubilado al presidente Javier Milei, y lo político no fue la excepción. No bien asumió, se declaró anarquista y ultracapitalista en lo económico (anarco-capitalista).

Sus discursos desenfrenados oscilaron entre el odio al Estado y la descalificación permanente de opositores y representantes de instituciones intermedias: llamó “degenerados fiscales” a los gobernadores; calificó como “cámara argentina de la corrupción” a la entidad que conduce Gustavo Weiss; y se refirió al CEO de Techint como “don Chatarrín de los Tubitos Caros”.

El país fue así arrastrado a una crisis moral y también ética, producto del desprecio presidencial por las instituciones. Todo ello, pese a su reciente apelación a la “moral política”. La moral no se declama: se construye con hechos, y el camino elegido ha sido otro.

Argentina decidió, hace dos años, cambiar del populismo de izquierda a un anarcocapitalismo sin escala; este contexto de extremos gestó la reforma laboral.

Perdimos la oportunidad de llevar el mundo del trabajo a debatir e incorporar legislación vinculada a la inteligencia artificial (IA); era más que indispensable. Se necesitaba plasmar en los convenios colectivos de trabajo los lineamientos venidos de una nueva ley que armonizara tecnología con derechos sociales.

En la actualidad, los procesos productivos achicaron su tiempo de ejecución, pero cuando la tendencia en el mundo es disminuir también la jornada laboral a seis horas, esta ley libertaria habla de 12 y de un banco de horas que pulverizó el pago por extensión de jornada (horas extra). Arrancamos a contramano de hacia dónde va el equilibrio entre la IA y el trabajador.

Esta ley nació de concesiones a espacios de poder: gobernadores, lobby de banqueros y los llamados "gordos de la CGT". Y nada dijo de reconversión laboral como puente entre el trabajo antiguo que hace desaparecer la tecnología y el nuevo empleo que crea.

No se reparó en comprometer a sindicatos y Estado para llevar adelante un reentrenamiento laboral y que la tecnificación fuera una continuidad, fortaleciendo la cultura del trabajo y no como un proceso expulsivo de mano de obra, como está ocurriendo.

Se vilipendió también la legislación que miraba al trabajador como sujeto de derecho para pretender llevarlo a un mero objeto de la producción; retrocedimos, sin dudas.

Fue un proyecto que nunca tuvo en cuenta la situación de los trabajadores, a tal punto que condenaba a quienes tenían enfermedades terminales a cobrar el 50% de sus salarios por ello.

Con esta ley, que en su faz de proyecto era tratada a escondidas y cuyo texto no se conocía, el oficialismo buscaba ocultar ese aspecto deshumanizado. Recién cuando se conoció públicamente la atrocidad de ese artículo, el Gobierno se vio obligado a quitarlo, pero la ley ya había sido votada en el Senado. Nunca buscaron, como Estado, tomar ese pago para sí y acompañar al trabajador en esta última etapa de vida. No, simplemente eliminaban el pago. Y repito: la mayoría de los senadores la votaron, pero sólo la evidencia de su crueldad los hizo retroceder y bajarla del proyecto con media sanción cuando pasaba a Diputados.

Hoy, bajo la doble moral de Patricia Bullrich expuesta, se eliminó; el peso del repudio colectivo y la posibilidad de que se les cayera el resto de la ley hicieron que la senadora leyera el contenido del artículo 44 con más detenimiento, para recién bajarle el pulgar.

Esta ley es sólo una mera transferencia de costos del empleador al trabajador; lejos está de ser una modernización o adaptación del mundo del trabajo a las nuevas tecnologías.

Se les quitó a los trabajadores parte de su indemnización ante una eventual desvinculación, al achicar la base de cálculo. Como si eso fuera poco, se la podrá pagar en cuotas.

El pago de horas extra quedó en la ley, pero como letra muerta, toda vez que el banco de horas la desplazará. La constitucionalización social, garantizada desde el artículo 14 bis, se recortó; el derecho de huelga, menguado, y las asambleas informativas sólo podrán realizarse bajo autorización del patrón.

Esta reforma, lejos de construir futuro, utilizó la palabra modernización como excusa para retroceder siglos en derechos y trasladar el costo de producir a la parte más débil. El problema no es la inteligencia artificial: es la injusticia humana.

La IA puede ser una herramienta de liberación o de exclusión. Nuestro desafío como sindicalismo es construir equidad tecnológica para que el progreso sea un derecho compartido, no el privilegio de unos pocos.

Vamos hacia un nuevo contrato social; nos debemos como sociedad este debate. Porque esta reforma ignoró el futuro del trabajo y se volvió a una mirada propia del siglo XIX.

*Secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior (UDI); presidente del Partido Laborista Argentina