Con la designación de un nuevo vocero presidencial, Manuel Adorni perdura ahora en el Gobierno con vida vegetativa. Nunca, desde su designación, ejerció de manera plena la jefatura de Gabinete. Ocupaba la posición como cortina de Karina Milei, pero continuaba como enunciador privilegiado de la Casa Rosada.
Ahora tampoco tendrá a cargo esta tarea. La vocería presidencial estará de aquí en más en manos del economista Adrián Ravier, al cual el Presidente calificaba hace unos años como "lento, poco formado e imbécil".
La decisión de los hermanos Milei sobre Adorni parece irreversible. Persistirá inventariado sin funciones, en condición de mobiliario de Balcarce 50, hasta que alguno de los otros dos poderes de la República obligue a su desalojo.
La lógica política aplicada es inequívoca: la única posición innegociable es fungir como víctima. La dupla gobernante esperará que un juez, o los congresistas, dispongan el despido de Adorni y tomen en sus manos el sacrificio.
Se trata de una reacción política que no es desconocida en la Argentina. Amado Boudou deambuló como un paria durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, procesado por la Justicia pero sin el mendrugo moral propio necesario para renunciar.
Las presunciones sobre la obstinación de los hermanos Milei con la continuidad de Adorni se reducen con el correr de los días. Hay algunos supuestos inescrutables, como el enigmático estilo de decisión que ejercen: nunca se sabe quién manda a quién, aunque el voto popular sólo consagró a uno.
Pero acaso la explicación más acertada sea la más simple: a mitad de la gestión, la corrupción en las filas propias se ha transformado en un problema real para el Gobierno. Y entregar a Adorni sería una concesión inconveniente a esa percepción social, cada vez más extendida.
Los casos detectados con mayor avance de investigación judicial son, además, los que merodean las posiciones internas ocupadas por funcionarios que reportan a la hermana del Presidente.
Los sobreprecios pagados en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) han sido reconocidos por el Gobierno. El Ministerio de Salud auditó los pagos efectuados para adquirir sillas de ruedas, andadores y prótesis, y detectó exorbitantes diferencias de precios, de hasta el dos mil por ciento.
También en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia estalló el escándalo de la criptomoneda $Libra. Los gestores oficiosos de la maniobra entraron por esa puerta para involucrar nada menos que al Presidente en la difusión de una inversión privada que concluyó en estafa.
La única explicación que pudo dar el Presidente fue reconocer su ignorancia. Adorni también se reconocía ignorante de las criptomonedas hasta que apareció con medio millón de dólares calientes en una billetera fría.
Giro político
Como estos casos no son los únicos sobre los cuales sobrevuela la sospecha de presuntas irregularidades, el giro en la política del Gobierno respecto de los tribunales merece ser especialmente observado.
La Casa Rosada tuvo una política inicial orientada a un objetivo, que cambió de manera nítida tras las últimas elecciones. En el primer tramo de gestión, intentó un abordaje en la Corte Suprema para conseguir una mayoría propia.
Fracasó en ese intento, que justificaba argumentando la necesidad de un acompañamiento jurisprudencial para reformas económicas estructurales. Después de las elecciones, el objetivo prioritario es el cambio en Comodoro Py: de los juzgados y cámaras que pueden procesar a funcionarios del gobierno federal.
Ese giro político se asentó en una necesidad objetiva: la cobertura de 300 vacantes en todo el país que venían congeladas desde el pleito paralizante entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa necesidad destraba el voto de los senadores que reportan a los gobernadores, cuyas urgencias judiciales no pasan por Comodoro Py sino por los jueces y camaristas federales existentes en sus territorios.
La Casa Rosada no quiere repetir el error de Cristina Kirchner, que pretendía bloquear los juicios por corrupción en la Corte Suprema. Para eso inventó primero la "comisión Beraldi" y promovió, después, un juicio político infame contra todos los jueces de la Corte. Pero su problema estaba (y crecía) en los juzgados de primera instancia y las cámaras de revisión.
Con algunos lapsus de razonamiento, Miguel Pichetto recordó hace unos días su propia teoría: a los presidentes sólo debería juzgarlos la Corte Suprema, porque dejarlos sujetos a los jueces de primera instancia equivale a convertir la libertad personal en un objetivo tóxico para la escena política.
Lo que no dice Pichetto es que para aplicar su teoría hay que cambiar la Constitución. Pero en el razonamiento inconstitucional de Pichetto, los hermanos Milei parecen haber encontrado una sugerencia de ejecución práctica: el Gobierno espera cubrir unas 300 vacantes en los tribunales federales antes de fin de año.
Tanta dedicación por la retaguardia distrae al Gobierno de algunos objetivos estratégicos. El más nítido de todos es el equilibrio faltante entre el crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía y la depresión cada vez más extendida de los perdedores del modelo.
En la experiencia internacional, ninguna reconversión exitosa de la economía se realizó sin una estrategia de mitigación de los efectos sociales no deseados, para evitar que colapse la legitimación política del cambio.
Otro de los frentes que debe cuidar Milei es el externo. Su principal respaldo, Donald Trump, está demostrando con Benjamin Netanyahu y Giorgia Meloni que sus alianzas más estrechas son también frágiles. Hoy un juramento, mañana una traición.
