Peter Thiel y Milei. La conquista que llaman liberación

En mayo de 2024, Peter Thiel aterrizó en Buenos Aires. No llegó con tropas. Llegó con ideas, con capital y con una visión del mundo que el Gobierno argentino ya había adoptado como propia antes de su arribo. Las fotos circularon en redes. Los titulares hablaron de inversión, de futuro, de oportunidad histórica. Nadie habló de conquista.

Pero el politólogo italiano Giuliano Da Empoli sí lo haría, meses después, en La hora de los depredadores (2025). Su libro describe, una y otra vez, la misma escena en las capitales europeas: el oligarca tecnológico aterriza en jet privado, el político local lo recibe con honores, ruega por un centro de investigación o por un laboratorio de inteligencia artificial, y se conforma con una foto.

Argentina no repite esa escena. La supera. Aquí el político local no finge resistir. La rendición, en Argentina, es doctrinaria. Es el programa.

Da Empoli abre su libro con Moctezuma ante Hernán Cortés. El emperador azteca, enfrentado a visitantes de poderes aparentemente sobrenaturales, decidió no decidir: envió regalos, intentó impresionarlos con el esplendor de su reino, pero no supo leer la naturaleza de lo que enfrentaba.

El resultado fue el que siempre se deriva de esa disyuntiva. "Al querer evitar la guerra a costa de su deshonor, Moctezuma tuvo deshonor y guerra". La parábola es precisa: las democracias occidentales se comportaron durante tres décadas de manera análoga ante los conquistadores tecnológicos. Sabían que algo estaba cambiando de manera estructural. No supieron –o no quisieron– articular una respuesta.

Peter Thiel no es un inversor que viene a instalar empleos. Es, antes que nada, un ideólogo. Discípulo intelectual del filósofo francés René Girard, Thiel sostiene que la humanidad está atrapada en un ciclo de decadencia del que sólo puede escapar mediante una ruptura radical producida por la tecnología en manos de una elite visionaria.

El principal obstáculo, en su visión, es el Estado democrático moderno con su regulación, su redistribución y su pretensión de que el poder requiere legitimidad popular. En 2009 escribió, con una claridad que debería ser de lectura obligatoria para cualquier analista político argentino: "La libertad y la democracia ya no son compatibles". No es una provocación. Es su programa.

En ese contexto, la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología. Es el instrumento de una reconfiguración del poder político. Y los datos –los datos de los argentinos– son el recurso estratégico que habilita esa reconfiguración.

Cuando empresas como Palantir, cofundada por Thiel, operan infraestructura de análisis para agencias del Estado, ese Estado comienza a depender de información que no controla ni comprende del todo.

Los datos sobre ciudadanos, sobre patrones económicos, sobre movimientos sociales, son procesados con algoritmos cuyos criterios no son públicos y no están sujetos a auditoría democrática. Esto no es una hipótesis futurista. Es lo que ya ocurre.

Aquí aparece la pregunta que la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV pone sobre la mesa con una claridad inesperada para un documento pontificio: ¿quién controla la tecnología y en beneficio de quién?

La respuesta no es técnica. Es política. Y en Argentina, hoy, esa respuesta se está construyendo sin debate, sin marco legal adecuado y sin que la ciudadanía tenga conciencia de lo que está cediendo.

La soberanía digital no se pierde en un acto único y visible. Se pierde en capas. Primero, la capa de los datos: quién los tiene, quién los procesa, qué puede hacer con ellos. Segundo, la capa regulatoria: un país que desmantela su capacidad de regular antes de negociar no está liberalizando su economía, está resignando su capacidad de fijar las condiciones del juego. Tercero, la capa narrativa, la más peligrosa: cuando el lenguaje político hace imposible distinguir entre apertura soberana y subordinación sin condiciones, la resistencia se vuelve políticamente inarticulable. Quien señala los riesgos es presentado como enemigo del progreso. Esa clausura del debate no es un efecto colateral, sino un mecanismo deliberado.

La alternativa no es el aislamiento. India negoció con Apple, con Google y con Meta exigiendo servidores locales y sujeción a su legislación. La Unión Europea produjo el GDPR, que se convirtió en estándar global de privacidad. Los Emiratos atrajeron a las principales empresas del sector desde una posición de Estado fuerte, con agenda nacional propia. El denominador común no es el tamaño del país ni su nivel de desarrollo: es la existencia de un Estado con voluntad política de negociar antes de ceder.

Lo que Argentina necesita, con urgencia, es regulación de la inteligencia artificial que garantice tres cosas: transparencia sobre cómo operan los sistemas algorítmicos que afectan a ciudadanos, soberanía efectiva sobre los datos generados en territorio nacional y responsabilidad humana identificable en toda decisión pública que involucre algoritmos.

Ninguno de esos tres principios es incompatible con la inversión extranjera, con la adopción de tecnología de vanguardia ni con una economía abierta. Son, de hecho, la condición para que esa integración sea genuinamente beneficiosa y no meramente extractiva.

Defender la regulación de la IA no es defender el estatismo. Es defender la democracia. Un Estado presente no es un Estado grande: es un Estado que sabe lo que está en juego, que retiene la capacidad de fijar reglas y que ejerce esa capacidad en nombre de los ciudadanos que representa.

La hora de los depredadores, para usar el título de Da Empoli, no es el momento en que los conquistadores llegan. Es el momento en que los conquistados dejan de tener el lenguaje para nombrar lo que está pasando.

Ese momento, en Argentina, es ahora. Y la conciencia de los datos, la regulación de la IA y la presencia activa del Estado no son obstáculos al progreso. Son las condiciones mínimas para que el progreso sea de todos y no sólo de quienes ya llegaron con el poder en las manos.

Ingeniera en sistemas