Salud. El Pami debe regularizar sus deudas

La atención de la salud pública en la Argentina viene resentida desde hace tiempo por factores generalmente vinculados a la crisis económica y a la situación próxima al colapso de obras sociales nacionales y provinciales, entre las que se cuentan las de administración sindical y las comúnmente llamadas prepagas.

Nadie parece haber salido indemne de las transformaciones y desregulaciones del sistema de salud puestas en marcha por el Gobierno nacional, como asimismo de la inestabilidad de la economía, lo que golpea a los sectores más frágiles de la población.

En ese contexto se inscribe el Pami (Programa de Atención Médica Integral para Jubilados y Pensionados), una suerte de deudor serial que no paga en tiempo y en forma sus acreencias con las provincias y con actividades de variadas prestaciones, como las farmacias.

“No nos pagó el Pami”, es la respuesta frecuente en farmacias, clínicas y sanatorios a pacientes que deben postergar consultas esenciales o suprimir la compra de un medicamento prescripto para el tratamiento de patologías de cierta complejidad.

En su relación con Córdoba, el organismo reconoció una deuda por más de 4.000 millones de pesos (computando intereses sería mucho mayor) por recupero de costos en la atención a afiliados del Pami en hospitales públicos de la provincia.

Esa admisión formó parte del catálogo de preguntas que debió responder el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la interpelación en la Cámara de Diputados.

Números más o menos, es necesario que la obra social más grande del país (y con un presupuesto gigantesco) salde las deudas que mantiene con las provincias, en resguardo de que el sistema de atención médica no colapse.

La provincia de Buenos Aires es la que registra los atrasos de pagos más abultados, una luz de alerta por tratarse del distrito con mayor cantidad de habitantes del país, en el marco de una crisis social que no puede ser relativizada.

Es de destacar que la mayoría de las personas que acuden a los centros hospitalarios provinciales lo hace en estado de cierta desprotección, a raíz del corte del servicio a los jubilados y pensionados nacionales, no sólo de parte de clínicas y sanatorios, sino también de prestadores que no cobran desde hace meses.

Médicos de cabecera, ópticas y farmacias, entre otras especialidades, sienten el peso de la crisis y de las deudas crónicas del Pami.

La citada morosidad es, además, motivo de queja de intendentes y jefes comunales, quienes advierten que deben asumir los costos por la renuencia de la obra social nacional a regularizar sus deudas, lo que implica, además, la saturación de dispensarios municipales.

En síntesis, el derecho a la atención de la salud pública se ve vulnerado por crisis lejanas. Urge revertir una situación que, como es habitual, perjudica a los sectores más empobrecidos.