Educación. El noble fin de la resistencia por la enseñanza

Hace mucho tiempo que los docentes argentinos esperan que la diosa fortuna ilumine sus plenos reclamos de recomposición salarial.

Clamores latentes, casi invisibles, que no encuentran cómo expresarse y tampoco quién los recepte, pero que están en la conciencia colectiva.

Clamores justificados, por otra parte, que se elevan desde muchos rincones de la provincia y que no son ajenos a las épocas en que la educación pública catapultaba al país. Tiempos aquellos en que la copa de leche se bebía bajo la atenta mirada de padres que disponían de la suficiente libertad para guiar. O, también, para ayudar a colorear tanto un mazorquero como a los Andes, donde Sarmiento inmortalizó la frase “Bárbaros, las ideas no se matan”.

Es que recién comprendemos que todo maestro enseñó a su manera, en el marco de una pedagogía educacional que tuvo momentos de grandeza y de decadencia. La experiencia vivida, con sus éxitos y fracasos y con su patrimonio de enseñanzas válidas, debería tenerse siempre presente para no perder de vista el objetivo supremo: la 
formación de la personalidad humana.

Acaso estamos proveyendo sustancia educativa y cultural con otro año escolar que se inicia, pero seguimos prolongando la incertidumbre formativa.

Si nuestro destino ha sido y es la democracia, no puede comprenderse por qué en el más propicio de los ámbitos hay tanta carencia de políticas educativas a mediano y largo plazo.

Cada nuevo gobierno prometió restablecer de algún modo el esplendor de la educación argentina, en su tiempo orgullo de América latina y motivo de respetuosa admiración en el resto del mundo. Cada nuevo ministro o secretario del área representó un eslabón más en la cadena de frustraciones.

Cada año, por fin, la acosada economía de los hogares pertenecientes al sector socioeconómico de ingresos fijos, y peor aún la de aquellos que sobreviven de “changas”, afronta la grave perspectiva de ver clausuradas las posibilidades de que sus hijos prosigan sus estudios. Hoy con el agravante del disimularse en poco creíbles indicadores sobre el costo de la vida.

¿Qué otra amenaza mayor podría sobrevenir después de aquella desventajosa transferencia de los institutos primarios y secundarios de la Nación a la jurisdicción provincial, en la que se comprometieron servicios que esta presta a la comunidad?

Nunca como ahora el estado ruinoso de la seguridad, planes de viviendas y otros servicios esenciales como agua potable, cloacas, recolección de basura, mantenimiento de rutas o estructura y equipamiento de los hospitales ha sido ejemplo tan paradigmático de que las provincias y municipios carecen del margen económico de maniobra para absorber esta pesada carga.

El derecho a la educación de los pueblos y las cíclicas medidas de fuerza de los docentes son razones más que suficientes para que, finalmente, se dé un cambio fundamental a través de una responsable coparticipación federal –de la que ya no se habla– que subsane esta crónica injusticia.

En su lugar, existe una práctica insoportable de anuncios y acciones de adhesión de gobernadores e intendentes a las políticas económicas del poder central, que no contribuyen sino a debilitar la irrenunciable autonomía pedagógica y las diversidades educativas de cada provincia.

Ejemplos de un federalismo de utilería que ha venido comprometiendo el bienestar de una sociedad permisiva, con actores que divagan ante los justos reclamos de docentes provinciales.

Ante este pujante reclamo de recomposición salarial, una embozada y supuesta modorra de los hábitos docentes parece estar en boca de los funcionarios burócratas. Acaso se trata de horas que consumen a los educadores en tiempos de preocupaciones y responsabilidades mayores y en el seno de una sociedad cuyo comportamiento está más preparado para justificar al alumno que para legitimar al maestro.

Sorprenden, también, los eufóricos guarismos sobre aumentos cuyos porcentajes se depositan en salarios cuantitativa y cualitativamente empobrecidos.

Digamos la verdad: los presupuestos históricos de la educación se han cercenado hasta límites casi asfixiantes, y para una mejora sustancial sólo es de esperar un funcionamiento de los poderes republicanos.

El Estado y la sociedad deben acudir en su ayuda para dotar a las instituciones educativas de un sostén presupuestario cada vez mayor, pues el avance del conocimiento es imparable.

Además, no se trata sólo de discutir el salario. Al decir de Adelmo Montenegro, se necesitan otras “reformas irreemplazables”. “Como se sabe –decía–, esta es una función propia y normal de la educación que debe hacer periódicamente una torsión sobre sí misma para actualizar sus contenidos y orientaciones, y no perder de visión el futuro”.

Profesor de Cirugía, Facultad de Ciencias Médicas (UNC)