Nuevo régimen penal adolescente. Una reforma histórica con un alto costo económico y un fuerte compromiso constitucional
La reforma que impone el Gobierno nacional no se limita a cambiar normas. Exige crear nuevas instituciones, invertir en infraestructura, contratar profesionales especializados y garantizar condiciones acordes a los estándares constitucionales e internacionales.
Noelia Azcona y Andrés E. Peretti
Argentina pone en marcha una de las reformas más importantes de los últimos 45 años en materia de Justicia juvenil. El nuevo régimen penal adolescente sancionado el jueves 26 de febrero cambia la forma en que el Estado investiga, juzga y sanciona los delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años.
La reforma no se limita a cambiar normas. Exige crear nuevas instituciones, invertir en infraestructura, contratar profesionales especializados y garantizar condiciones acordes a los estándares constitucionales e internacionales.
Por ello, uno de los aspectos más relevantes es el impacto económico que tendrá la implementación, y su relación con las obligaciones que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.
Interrogantes sobre el presupuesto
Para poner en marcha el nuevo sistema y financiar la implementación inicial del régimen, el Estado Nacional previó una partida cercana a 24 mil millones de pesos.
Sin embargo, este presupuesto representa sólo una parte del costo total. La reforma implica una transformación estructural que incluye la creación o adaptación de juzgados especializados, centros de detención diferenciados, programas educativos y equipos técnicos interdisciplinarios.
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Desde el punto de vista constitucional, esto tiene una importancia central.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella establecen que el Estado debe garantizar no sólo la existencia de las leyes, sino también su aplicación efectiva.
Sin recursos suficientes, el sistema podría existir formalmente, pero en la práctica no funcionar de manera plena.
Como ejemplo del verdadero costo del sistema, y para dimensionar la magnitud de la inversión necesaria, la Provincia de Córdoba avanzó con varias obras penitenciarias. Entre ellas, el denominado Campus Papa Francisco (para el alojamiento futuro de 250 jóvenes), un centro específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, que demandará una inversión de $ 18 mil millones.
Los números muestran que el costo de construir infraestructura penitenciaria especializada es extremadamente elevado. La construcción de una sola obra destinada a adolescentes, como el Campus Papa Francisco, consume una suma cercana a todo el presupuesto nacional previsto para la implementación inicial del nuevo régimen.
Esto demuestra que la inversión real necesaria para aplicar el sistema en todo el país será considerablemente mayor, lo que permite concluir que la responsabilidad económica recaerá principalmente en las provincias.
Cada provincia deberá crear centros especializados, contratar personal y desarrollar programas de seguimiento. Esto incluye psicólogos, trabajadores sociales, educadores y operadores especializados, lo cual implica una inversión constante, no un gasto único.
Este punto tiene relevancia constitucional, toda vez que es el Estado el que debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial y el respeto de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Para cumplir con esa obligación, no basta con sancionar una ley. Es necesario contar con los medios materiales y humanos y con un sistema altamente especializado para aplicarla.
Condiciones adecuadas
La reforma se basa en principios establecidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional –como la Convención sobre los Derechos del Niño–, los cuales obligan al Estado a brindar un tratamiento diferenciado a los adolescentes que cometen delitos.
En otras palabras, los adolescentes no pueden ser tratados como adultos ni alojados en las mismas instituciones. El sistema debe contar con centros especializados, programas educativos, atención médica y acompañamiento profesional capacitado para ello.
Todo esto implica una inversión económica permanente. Y sin estos recursos, el Estado incumpliría con sus obligaciones constitucionales en forma total o parcial, lo que podría derivar en responsabilidad internacional, tal como sucedió en situaciones anteriores.
La reforma reduce la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años. Esto ampliará el número de adolescentes que pueden ser investigados, juzgados y penados, lo que lógicamente aumentará los casos en los juzgados, equipos técnicos y centros especializados, con el consecuente incremento de costos operativos, personal e infraestructura.
Desde el punto de vista constitucional, este aumento en la intervención estatal debe ir acompañado de condiciones adecuadas.
El Estado no sólo tiene el derecho de investigar delitos, sino también la obligación de hacerlo respetando las condiciones que establece la Constitución.
El nuevo régimen prevé el acompañamiento de los adolescentes por equipos interdisciplinarios que estén capacitados para tratar a niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen a su cargo un rol central en el seguimiento, la evaluación y el acompañamiento de ellos.
En otras palabras, el principal desafío no es la ley en sí, sino su implementación efectiva, tarea que recaerá casi con exclusividad en las provincias, y en un corto plazo: se prevén tan sólo seis meses para su implementación.
La Constitución no reconoce derechos únicamente, sino que exige que el Estado garantice su cumplimiento. Si el sistema no cuenta con los recursos necesarios, su funcionamiento podría verse limitado, lo que afectaría la capacidad del Estado para dar respuesta a sus propias obligaciones.
Las cifras de Córdoba muestran con claridad la magnitud de las erogaciones necesarias, ya que no se trata sólo de cambiar leyes, sino de construir instituciones, contratar profesionales, capacitarlos y sostener programas a largo plazo.
El éxito de la reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado nacional y de las provincias para sostener la inversión necesaria a fin de que el sistema funcione de manera real y efectiva.
La reforma marca un cambio histórico. Pero su verdadero impacto dependerá no sólo de lo que dice la ley, sino de los recursos que se destinen para hacerla funcionar.
Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Bell Ville; especialista en Derecho Penal.
Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco.
