Debate. La Justicia y el fútbol

En Villa Rosa, Pilar (provincia de Buenos Aires), hay un predio de 5,5 hectáreas con una fastuosa mansión, helipuerto y un galpón que alberga autos, motos y camionetas de lujo y de colección.

El conjunto –entre inmueble y vehículos– ha sido valuado en más de U$S 20 millones y figura a nombre de una sociedad cuyos integrantes, al menos en los papeles, son personas que difícilmente podrían reunir en varias vidas los recursos necesarios para adquirirlo.

Se sospecha que los verdaderos dueños están vinculados con la AFA y que la compra de la quinta formaría parte de una maniobra de blanqueo de fondos provenientes de una serie de ilícitos que el fiscal de la causa pidió investigar.

Ese lugar majestuoso fue elegido por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques para celebrar su cumpleaños con una fiesta de altísimo perfil. El episodio, por sí solo, no sería de mayor relevancia ni calificaría como extraordinario.

No hace mucho, el fiscal Ramiro González tiró la casa por la ventana al cumplir 60 años, alquilando un exclusivo salón y contratando un servicio millonario para agasajar a colegas y a amigos.

Aunque cualquiera tiene derecho a festejar como prefiera, los contribuyentes podrían preguntarse cómo estos empleados del Estado afrontan los elevados costos de tales celebraciones, cuando sus declaraciones juradas suelen exhibir ingresos moderados provenientes de sus sueldos.

Por otra parte, queda flotando el interrogante acerca de si esa pulsión farandulesca es compatible con el decoro y el recato de un miembro de la judicatura o del Ministerio Público en actividad.

Pero el caso de Mahiques es especial, porque el escenario de su fiesta está en el centro de una investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al secretario ejecutivo de la entidad, Pablo Toviggino.

En esa causa, de enorme repercusión mediática, se planteó un conflicto de competencia que debía ser resuelto por el mismo juez cumpleañero.

Cuando el periodista Hugo Alconada Mon reveló la curiosa situación, Mahiques la negó, pese a que la celebración contó con numerosos asistentes del ámbito judicial que podían confirmarla.

Acto seguido, sostuvo que, aun de ser cierto, no tenía obligación de apartarse ni de dar explicaciones sobre su vida privada, lo que a simple vista es una grosería de la cual se dio cuenta dos días después, cuando renunció a la sala, alegando otras prioridades y sin ofrecer explicación alguna sobre la situación que lo involucraba.

Los vínculos entre el fútbol y la Justicia no se conocen en toda su dimensión, y es probable que aún estemos lejos de comprender su verdadero alcance.

Así como Mahiques invoca el derecho a la privacidad para justificar el alquiler de una casa destinada a su diversión y no inhibirse cuando tiene que decidir en un juicio sobre ella, no pocos magistrados apelan a la libertad de profesar su pasión por la camiseta.

De este modo, sus lealtades quedan divididas entre el club de sus amores y la función pública que ejercen. No es un dato menor que una nómina relevante de funcionarios judiciales integraba, hasta hace poco, el tribunal de disciplina de la AFA.

Renunciaron en cascada cuando se hizo pública la irregularidad, en un contexto de fuerte convulsión institucional y con la dirigencia bajo investigación.

A todo esto, el presidente Javier Milei acaba de designar como ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, hijo del juez y hasta ahora jefe de los fiscales porteños.

Su nombre también había sido mencionado como vicerrector de la universidad de la AFA fundada en 2025 por Claudio “Chiqui” Tapia, aunque el flamante ministro desistió tempranamente de participar en el proyecto.

Su hermano, Esteban, director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería, también formó parte del órgano disciplinario del fútbol profesional. La promiscuidad vuelve inevitable la suspicacia.

En ese clima de cercanías y superposiciones institucionales se desarrolla una intensa actividad judicial. Ha comenzado con la citación a Tapia y a Toviggino para que presten declaración indagatoria en un proceso iniciado por una denuncia de Arca por presuntas irregularidades fiscales.

Los imputados habían sido convocados para la primera semana de marzo, pero consiguieron prorrogar las audiencias para la que viene. Como respuesta, la AFA decidió suspender la novena fecha del fútbol argentino, prevista entre el 5 y 8 de marzo, en todas las categorías.

La medida fue adoptada por unanimidad por los clubes en “repudio” a la denuncia y a la investigación judicial. La obsecuencia es de antología y cuesta creer que no haya alguno con una pizca de decencia capaz de alzar su voz para oponerse a la extorsión.

En la antesala del Mundial, "Chiqui” Tapia se cree intocable. La percepción de impunidad es tan escandalosa que la AFA acaba de trasladar su domicilio legal a un baldío en territorio de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de eludir el control de la Inspección de Sociedades Jurídicas de la Capital Federal.

“La AFA somos todos” –dice la dirigencia–, insinuando una institución soberana cuyos cabecillas gozarían de fueros que los eximen de rendir cuentas ante la ley.

Con jueces amigos y un ministro que parece ser del palo, los dirigentes futboleros tienen motivos para pensar que la Justicia, cuando quiere, puede ser ciega pero no sorda, y no siempre mide a todos con la misma vara.

Abogado