Debate. Contra el juego "online": la pelea en la ciudad de Córdoba
Deudas contraídas que ponen a la familia entera en bancarrota, depresiones, ansiedades, suicidios: las consecuencias más graves se vienen desencadenando en nuestra provincia a partir del juego "online".
Aunque el drama es por todos conocido, al menos en la percepción de sus generalidades, nunca está de más ahondar y recordar los datos más actualizados de sus implicancias.
Hablamos de uno de los principales problemas que, como sociedad, atraviesan Córdoba y la Argentina: el juego online. Lo que ha significado un negocio megamillonario para unos pocos empresarios se ha convertido en un flagelo para miles de familias, que fueron empujadas a lidiar con situaciones insospechadas tiempo atrás.
Naturalmente, y como siempre sucede –con especial énfasis en este tiempo–, este tipo de negocios, en el que participan las cúpulas empresariales y políticas, se llevan puesta cualquier defensa que quiera hacerse sobre el bien común, la salud pública, el bienestar general.
Esto fue lo que pasó en Córdoba. El peronismo cordobés, con Juan Schiaretti a la cabeza, le abrió las puertas a este negocio cuando legalizó el juego online a través de la ley 10.793.
Efectos visibles
A cinco años de aquellos días, y como lo ha demostrado recientemente la Universidad Nacional de Río Cuarto en un trabajo investigativo, hoy tenemos al 20% de nuestros chicos alcanzados por el manejo problemático de estas aplicaciones.
Deudas contraídas que ponen a la familia entera en bancarrota, depresiones, ansiedades, suicidios: las consecuencias más graves se vienen desencadenando en nuestra provincia a partir del juego online.
Muchos actores políticos, sociales y religiosos hemos reaccionado y continuamos dando esta lucha, una de las más urgentes y justas que tenemos en la agenda pública.
Pedido de informe
En esa línea, días pasados utilicé, nuevamente, la herramienta legal que desde el año pasado vengo utilizando con la finalidad de romper las barreras oscurantistas de los poderes públicos y conocer, así, los datos del manejo del Estado y de los recursos colectivos.
Me refiero a la Ley de Acceso a la Información Pública (ley N° 8.803) y a la ordenanza N° 10.560, que en la ciudad de Córdoba replica y profundiza los deberes del Estado en brindar datos veraces y de manera eficaz a la ciudadanía.
En esta oportunidad, he solicitado información sobre diversos aspectos de las leyes vinculadas al juego online. Por la normativa provincial, las empresas que recibieron las licencias para explotar el juego deben abonar un canon fijado en el 10% de sus ganancias.
Con esta información sabremos, en primer lugar, los montos que cada empresa está extrayendo de este negocio. En segundo término, conoceremos qué se está haciendo con ese canon: la ley prevé que ese dinero debe usarse en el financiamiento de programas sociales.
Al mismo tiempo, he consultado sobre las condiciones esenciales de cada una de las licencias otorgadas; sobre la cantidad, el género y las edades de los inscriptos en el Registro de Jugadores; sobre las acciones desarrolladas por el Estado para concientizar y prevenir el juego problemático, y sobre los censos y las estadísticas actualizados que esté manejando la Provincia.
Por otro lado, también he requerido información a la Municipalidad, a partir de la ordenanza 13.510, que estipula la realización de campañas sociales también dirigidas a atender la adicción al juego.
Aquí, el pedido ingresado apunta a conocer el presupuesto utilizado durante 2025, así como el detalle de todas las actividades desplegadas en ese período y el proyectado para el año en curso.
Ambos gobiernos, el de Martín Llaryora y el de Daniel Passerini, tienen el deber de contestar en 10 días. De lo contrario, y como sucedió en el conocido caso sobre los alquileres de la Municipalidad, quedaría abierta la vía judicial, trámite que implicaría, como sucedió entonces, un enorme descrédito y una preocupación más para quienes deseamos una administración transparente.
Las conclusiones de las investigaciones realizadas en Córdoba son de lo más alarmantes y tristes. Pero estamos a tiempo, todos, de combatir y ganarle a este flagelo.
Desde mi posición, he comenzado por estas medidas y, a partir del conocimiento de los datos oficiales, continuaremos nuestras acciones para dar vuelta esta página oscura de la historia de Córdoba.
Concejal de la Municipalidad de Córdoba (UCR)
