Justicia. ¿Cómo funcionará el nuevo sistema adversarial en el Poder Judicial federal de Córdoba?
Estamos ante una oportunidad histórica para la Justicia. La transición de un modelo escriturario y lento hacia uno oral, dinámico y gestionado profesionalmente, marca un antes y un después.
Hace poco, una entrevista de La Voz a dos fiscales federales detalló los cambios del nuevo sistema de Justicia, que iniciará el 15 de junio. Es valorable que ya cuenten con un plan de implementación, pues cualquier error u omisión derivaría en impunidad o retrasos judiciales.
Sin embargo, más allá del rol de los fiscales, surge una duda clave: ¿cómo se reorganizará la judicatura y qué papel desempeñarán los jueces bajo este nuevo modelo acusatorio en Córdoba?
Aún no conocemos la visión de los jueces federales locales sobre el nuevo sistema, pero basándome en referentes como José Ignacio Cafferata Nores, Alberto Binder o Patricia Coppola, el cambio clave es la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Herramienta fundamental
Este modelo rompe con la imagen del expediente cosido y la burocracia lenta para introducir un cambio de paradigma: la separación definitiva entre la función jurisdiccional (juzgar) y la administrativa (logística).
Esta distinción técnica es, en realidad, la herramienta fundamental para transformar una gestión de conflictos históricamente ineficiente.
El "juez administrativo" no sólo debía estudiar el derecho y dictar sentencias, sino también lidiar con la agenda de la sala, la citación de testigos, la notificación a las partes y los problemas técnicos de los equipos.
Esta sobrecarga diluía el tiempo de calidad que un magistrado podía dedicar a lo verdaderamente importante: tomar decisiones y resolver discrepancias.
Con la entrada en escena de la OGA, se profesionaliza la gestión. Esta oficina funciona como el "motor" del tribunal, al encargarse de programar agendas; optimizar el uso de las salas de audiencias para evitar tiempos muertos y superposición de audiencias; la logística de notificaciones; asegurar que todas las partes estén presentes y reducir drásticamente las suspensiones de audiencias y la sobreutilización de las audiencias virtuales, y tener en óptimas condiciones el soporte tecnológico, garantizando que la grabación y el registro audiovisual —pilares de la oralidad— funcionen sin fisuras.
Además, la inmediatez y oralidad, si bien no garantizan que se humanice el proceso, sí garantizan el cumplimiento de las formalidades procesales y la no delegación de funciones.
Así, la eficiencia no se mide sólo en velocidad, sino en calidad de respuesta. Cuando una audiencia se realiza en tiempo y forma, las posibilidades de alcanzar acuerdos de conciliación aumentan; además se facilita el escenario para que el diálogo ocurra, lo que permite que muchos conflictos se resuelvan sin necesidad de años de litigio.
Desafíos a la vista
A pesar de sus evidentes bondades, la implementación de las OGA no está exenta de desafíos. El principal es no caer en la hiperfragmentación. La creación de múltiples oficinas independientes para cada fuero, jurisdicción o incluso para grupos de juzgados específicos puede derivar en una "balcanización" del sistema administrativo.
Cuando existen demasiadas unidades de gestión operando bajo criterios distintos, surgen problemas críticos: inconsistencia de criterios, duplicidad de recursos, conflictos de agenda interjurisdiccionales.
La clave para evitar este escenario es la unidad de gestión con especialización funcional. De esta forma, la eficiencia judicial no nace de la cantidad de sellos y oficinas, sino de la fluidez y la coherencia de un sistema integrado.
Y esto hace a otra de las bondades menos visibles, pero más potentes de la OGA, que es la capacidad de generar estadísticas reales. Al estar centralizada la gestión, es posible identificar cuellos de botella. Esto permite al Poder Judicial dejar de gestionar por "intuición" y empezar a gestionar por evidencia.
La eficiencia deja de ser un deseo para convertirse en un objetivo medible. La transparencia resultante fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al ver un sistema que respeta su tiempo y sus recursos.
Estamos ante una oportunidad histórica. La transición de un modelo escriturario y lento hacia uno oral, dinámico y gestionado profesionalmente, marca un antes y un después.
En definitiva, si bien no hay jueces que hayan explicado cómo será el nuevo sistema, cae de maduro que si los juzgados toman el compromiso con la ciudadanía y no malversan recursos, generarán una sola Oficina de Gestión de Audiencias y aprovecharán una herramienta de democratización de la justicia, eliminando las barreras burocráticas y agilizando los procesos.
Magíster en Criminología; especialista en reforma judicial; docente de la UNC, UNR y US21; director del Instituto de Seguridad y Criminología de Insight21 y de la especialización en Políticas Públicas en materia de seguridad y criminología en la Universidad Siglo 21
