Seguridad vehicular. Desregulación de la ITV

Desde el pasado miércoles 3 de junio, ha quedado desregulada la prestación del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), también llamada VTV o RTO, según la jurisdicción. Es el control técnico al que está obligado todo propietario de una unidad automotor de manera periódica, según el año de fabricación del vehículo.

La medida, en su versión más simple, habilita a cualquier taller mecánico a prestar el servicio de control, a condición de cumplir ciertos requisitos.

Según lo informado, los mecánicos interesados deben inscribirse en un registro habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación, y acreditar su capacidad en instalaciones e instrumentos, como también la titularidad de un ingeniero especializado para el servicio por brindar.

La idea es que el usuario tenga libertad de elección y bajen los costos por la mayor competencia, amén de que un servicio casi ausente en el vasto interior argentino se haga extensivo a toda su geografía. Por otra parte, los automóviles nuevos tendrán una ventana de cinco años antes de su primera revisión, de dos años para los que tengan hasta 10 años desde su fabricación y de un año para el resto.

Quedan claras las intenciones de avanzar sobre un tema que hace a la seguridad de todos y que, a muchos años de su implementación, sólo se cumple en las grandes ciudades, donde el servicio es prestado por concesionarios diversos. En el interior, quienes quieren realizarlo deben peregrinar por kilómetros hasta el taller más cercano. Sin embargo, como en todo, cabe preguntarse si las cosas no podrían haber sido encaradas de otra manera, a efectos de evitar un escenario problemático.

Sucede que desregular no es gobernar: las autonomías provinciales permiten eludir normas de este tipo a menos que se desee adherir a ellas, y la provincia de Buenos Aires ya ha picado en punta para rechazarla. Presumiblemente, no será la única. Además, está la cuestión de quién controlará a los prestadores del servicio cuando el afán desregulador ha terminado con casi todo organismo de control.

Nadie podría asegurar que las inspecciones habrán de realizarse con total transparencia, sin ser objeto de maniobras extendidas en la vida diaria argentina.

Otro detalle significativo es la idea instalada de que se puede gobernar sin discutir y concertar. Si las provincias están representadas en el Congreso de la Nación, hubiera sido más sensato un acuerdo entre todas las jurisdicciones, aun cuando lleve más tiempo, tarea que en última instancia podría haber encarado la Secretaría de Transporte, que –se supone– está para eso.

Como se verá, no se trata de las intenciones en juego, que pueden ser las mejores, sino de los modos de hacer las cosas. Y esos modos siguen sin ser los mejores, lo que no garantiza los buenos resultados de una iniciativa bien encaminada en sus fundamentos.