Ciudad de Córdoba Derrumbe del polideportivo: aún sin justicia

En ciudades y pueblos, es frecuente observar que se reiteran las demoras en recuperar espacios públicos que quedan deteriorados por motivos diversos, incluso sin respetar plazos de remediación, en perjuicio de quienes hacen uso de esos lugares.

Sin embargo, el problema toma otras dimensiones cuando hay de por medio instancias judiciales tendientes a dirimir responsabilidades en casos de personas que resultaron heridas de gravedad como consecuencia de un siniestro de envergadura.

En la ciudad de Córdoba, los antecedentes son abundantes, incluso con niños y jóvenes que terminaron electrocutados en plazas y paseos a raíz del pésimo estado de mantenimiento de los postes de luz y de otros componentes eléctricos de riesgo.

Se podría inferir una situación de cierta desidia a dos puntas: por un lado, de la Justicia en resolver responsabilidades; por otro, de las gestiones provincial y municipal en reparar lo necesario, según las competencias de cada ámbito.

Valga como ejemplo lo que sucede por el derrumbe de un polideportivo social ubicado en barrio Los Álamos, en la zona nordeste de la Capital. Una edificación cuya estructura colapsó por la fuerza de una tormenta que se desató el 20 de noviembre de 2025.

Lo doloroso del caso radica en que dos niñas de 12 y de 13 años sufrieron heridas de gravedad, al punto de que una fue sometida a una cirugía por un corte en la cabeza. Luego de unos días de internación, fue dada de alta.

Como venimos informando, han transcurrido siete meses del accidente y recién por estos días la misma empresa que había levantado el polideportivo luego desplomado por el viento puso manos a la obra para su reconstrucción.

Una ratificación de confianza, pese a que desde el Gobierno provincial (ejecutor de los polideportivos sociales en todo el territorio cordobés) se había anticipado que la empresa ahora investigada por la Justicia no participaría de nuevas obras.

Desde el plano judicial, el fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón (de notable notoriedad pública por tener a su cargo la investigación por el femicidio de Agostina Vega), dilata los tiempos con el argumento de que resta evaluar los resultados de peritajes de ingeniería y de climatología.

Es decir, del expediente en curso, al cabo de siete meses, se desprende que el techo del polideportivo pudo haber volado por el viento o por una falla de origen en la construcción.

Demasiado tiempo sin respuestas concretas del Estado en su conjunto para los familiares de las dos niñas heridas y para los vecinos del barrio que se quedaron sin un espacio de recreación.

Aun con las falencias que tendrán que ser investigadas en el corto plazo, el programa “100 polideportivos sociales” en la provincia es una iniciativa importante para la comunidad. Siempre en el convencimiento de que la seguridad pública es lo primero.