Seguridad. Drogas, narcomenudeo y Estado: cuando la condena llega tarde
El enfoque judicial en la lucha contra las drogas en Argentina revela que muchas veces el Estado actúa tarde, cuando el daño ya está hecho en las comunidades.
El 26 de junio fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
La fecha, instituida en diciembre de 1987, no debería ser leída como una simple conmemoración formal, sino como una oportunidad para revisar qué respuesta estatal estamos construyendo frente a uno de los fenómenos criminales, sanitarios y comunitarios más complejos de nuestro tiempo.
Hablar de drogas exige evitar dos simplificaciones. La primera, creer que el problema se agota en el consumo individual. La segunda, pensar que todo puede resolverse sólo con persecución penal. Ninguna alcanza.
El narcotráfico y el narcomenudeo comprometen salud pública, seguridad ciudadana, economía criminal, violencia territorial, captación de jóvenes, lavado de activos, vulnerabilidad social y degradación de los vínculos comunitarios.
En nuestro país, la ley 23.737 fijó el régimen penal de estupefacientes. Luego, la ley 26.052 habilitó que las provincias, mediante una norma de adhesión, asumieran competencia respecto de determinados delitos vinculados al último tramo de la cadena de comercialización.
El impacto de la desfederalización
En Córdoba, esa decisión se materializó mediante la ley 10.067, que adhirió al régimen de desfederalización parcial y dio origen al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Esa reforma permitió acercar la respuesta judicial a una realidad que muchas veces quedaba distante. El punto de venta no es una abstracción: está en un barrio, en una esquina, en una vivienda, cerca de una escuela, de una plaza, de un club o de un centro de salud. Tiene vecinos que ven, madres que temen, jóvenes que circulan, consumidores que padecen y familias que conviven con una economía ilegal que impone sus propias reglas.
Detrás de cada punto de venta, hay una realidad que no siempre entra completa en el expediente. Hay madres que modifican recorridos para que sus hijos no pasen por determinadas esquinas; familias que dejan de sentarse en la vereda; vecinos que ya no denuncian por miedo; niños que naturalizan movimientos extraños; personas mayores que quedan encerradas; comerciantes que conviven con una circulación permanente que no eligieron.
Ese es el costo social del narcomenudeo: miedo, deterioro del espacio público, conflictos barriales, endeudamiento, violencia familiar, problemas de salud y pérdida de confianza comunitaria.
A más de una década de la puesta en marcha del modelo cordobés, puede afirmarse que la desfederalización parcial modificó la forma de abordar el último eslabón de la comercialización de estupefacientes. Permitió fiscalías especializadas, órganos jurisdiccionales con competencia específica, mayor proximidad territorial y una lectura más directa de las denuncias vecinales.
A ello se sumó la creación y la consolidación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que dotó al sistema de una herramienta operativa especializada, con despliegue territorial y capacidad investigativa orientada al narcomenudeo.
El verdadero desafío
Pero sería un error suponer que la lucha contra el narcotráfico pertenece sólo al Poder Judicial o a una fuerza especializada. La investigación y el juzgamiento son funciones esenciales, pero insuficientes si se las separa de una política pública más amplia. Intervienen fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, organismos de salud, áreas sociales, municipios, escuelas, familias y vecinos.
Cuando ese engranaje funciona, la respuesta deja de ser una suma de esfuerzos aislados y empieza a convertirse en una intervención estatal.
Cada expediente que llega al fuero penal y cada condena dictada en una causa por drogas importan una respuesta institucional necesaria. Pero también revelan algo más incómodo: en algún punto, el Estado llegó tarde.
Llegó cuando la sustancia ya circuló, cuando el consumidor ya fue captado, cuando la familia ya padeció, cuando el barrio ya se acostumbró al miedo o cuando la organización criminal ya obtuvo ganancias. Una condena puede sancionar y reafirmar la vigencia de la ley, pero por sí sola no desarticula el fenómeno.
Por eso, el desafío no es solamente condenar más. El desafío es investigar mejor, decomisar bienes, afectar la rentabilidad del negocio, asistir a quienes padecen consumos problemáticos, prevenir la captación de jóvenes y sostener presencia institucional en los territorios.
El narcomenudeo no es un delito menor: es la cara visible de una economía criminal que se adapta, se recompone y recluta vulnerabilidades.
Los 26 de junio, entonces, deberían servir para formular una pregunta concreta: ¿estamos construyendo una política criminal integral o seguimos llegando cuando el daño ya tiene nombre, rostro y expediente? Frente al problema de las drogas, llegar tarde no puede ser una costumbre institucional. Debe ser aquello que el Estado se proponga evitar. Y eso es un trabajo de todos.
Juez de Lucha contra el Narcotráfico de la Justicia provincial
