Debate. Denuncias falsas: la reforma que disciplina y silencia

Era cuestión de tiempo. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación ha emitido dictamen para incorporar el disciplinamiento más extremo y cruel contra las víctimas de violencias por razones de género, familiar y delitos contra la integridad sexual, dentro del Código Penal, y alcanzaría no sólo a aquellas, sino también a quienes testifiquen sobre hechos de violencias, o peritos e intérpretes dentro de un proceso.

Embestida contra víctimas, testigos e incluso profesionales. La paradoja es que en nuestro Código Penal ya están contempladas las falsas denuncias. Entonces, ¿cuál es el sentido del agravamiento de penas para los casos de violencias de género, familiar y delitos contra la integridad sexual?

Claramente, silenciar, poniendo la atención en las víctimas y no en el propio Estado, que es el que muchas veces obstaculiza el acceso a la Justicia o deja de otorgar tutela judicial efectiva a las víctimas, revictimizándolas una y otra, en largos procesos judiciales.

O es que acaso vamos a desconocer que luego de la denuncia intervienen equipos interdisciplinarios cuya tarea es evaluar la situación de riesgo de la persona denunciante, que se escucha a la víctima y al denunciado o presunto agresor, sólo para mencionar alguno de los actos procesales a partir de la denuncia, dejando de discutir sobre la persistencia de las violencias para hablar de las denuncias.

De la rápida lectura del despacho, se advierte un claro mensaje ideológico: amedrentar y disciplinar a aquellas –principalmente– mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) y diversidades sexogenéricas víctimas de violencias que se animan y pueden acceder al sistema de protección.

No es ingenuo el debate y, por ende, la reforma no es neutral, pero además es tendenciosa toda la información que se brinda y sustenta el proyecto. No existe neutralidad en aquel discurso que avala el agravamiento de penas.

En Argentina no existen datos oficiales y, según registros de organizaciones sociales, menos del 3% de las denuncias serian falsas; en potencial, porque tampoco existen registros oficiales completos, ya que la complejidad del contexto en el que se presenta la violencia y la multiplicidad de fueros en el servicio de justicia complejizan la medición.

Este registro es menor según la ONU, que habla de una representación menor al 1% de denuncias falsas a nivel mundial.

Sin lugar a dudas, el debate dado en comisión, e incluso en algunos medios de comunicación o en redes sociales, no está exento de un marcado sesgo ideológico o de batalla cultural que es propiciada por sectores ultraconservadores que no cesan en su lucha por la restauración de un orden dominado por la desigualdad entre varones y mujeres, al desconocer que son estas justamente las principales afectadas de manera estructural e histórica por las violencias que se generan por el hecho de ser mujeres.

Esto no significa de ninguna manera negar la existencia de las falsas denuncias, pero la respuesta o la embestida para desalentarlas no son punitivistas, no pasa por agravar las penas, y mucho menos en caso de tratarse de denuncias por razones de género, familiar o delitos contra la integridad sexual.

La respuesta es compleja y requiere de un compromiso en la generación de políticas públicas reales de prevención y, por supuesto, revisar la política judicial en materia de violencias, los canales que garantizan la tutela judicial efectiva, la celeridad en los tiempos del proceso, la especialización en estas temáticas, recursos económicos para los equipos técnicos, y modernización de los procedimientos.

La respuesta es compleja, sin embargo, la mayor punición en el sentido propuesto por el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación solo conseguirá silenciar a las víctimas de violencias, en un claro retroceso sobre los paradigmas de derechos humanos y obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina.

Abogada