A 50 años del golpe. La Córdoba procesista: comunicación y cultura

La historia de la dictadura dista de ser una sumatoria de muertos y desaparecidos. Es, también, la historia de la construcción de dispositivos culturales e ideológicos dirigidos a construir un consenso social en torno a los valores que para las Fuerzas Armadas definían la identidad nacional. Disciplina social, adhesión al poder militar y fe religiosa se correlacionaban con un orden de jerarquías en que Ejército e Iglesia Católica jugaban un papel preponderante.

La Córdoba procesista (1976-1983), obra publicada por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, lejos de reducirse a una mera historia de la represión y del terrorismo de Estado, centra su interés en los aparatos ideológicos y culturales de la dictadura en la provincia de Córdoba.

El 21 de julio de 1977, la resolución secreta N° 130 del gobernador Carlos Chasseing, instituyó la “organización del Sistema de Comunicación Social de Lucha contra la Subversión y en apoyo a la acción de gobierno”. De acuerdo con esta, su objetivo no era eliminar la subversión –para ello existía el aparato represivo–, sino las causas que favorecían su formación.

Se trataba de restar adeptos y simpatizantes de las ideas revolucionarias y ganar esos argentinos para la propia causa que enarbolaban las Fuerzas Armadas. De allí la importancia de la psicología como disciplina y de la “acción psicológica”: esta debía ser concebida no como un simple “medio de apoyo” a la acción militar, sino como el centro de gravitación del triunfo sobre las ideas y organizaciones que desafiaban el orden militar.

A tono con lo que se discutía en el campo de las ciencias sociales, y particularmente de las ciencias de la comunicación, la psicología y la sociología, el anexo 2 de la directiva secreta 1/77 del Poder Ejecutivo provincial hacía referencia a la necesidad de investigar “la situación psicológica de los distintos públicos” y distinguía las actitudes positivas y negativas de la gente en los diferentes ámbitos: educativo, fabril, religioso, entre los más destacados.

En función de este interés, se creó una División de Operaciones Psicológicas, cuya actividad se desarrollaba en el interior del Sistema de Comunicación Social de Lucha contra la Subversión. Este sistema, invisible a los ojos de la sociedad, dependía del Ministerio de Gobierno, cuyo titular era el coronel Miguel Ángel Marini.

Ciertamente, el papel del Ministerio de Gobierno fue central: no sólo controlaba el proceso de toma de decisiones en materia comunicacional, tanto la comunicación blanca (explícitamente oficial) como negra (disimulada y oculta) o gris (envuelta en la ambigüedad o en la duda).

En íntima relación con el interventor Chasseing y con quienes lo sucedieron en el ejercicio de la gobernación, controlaba también los colegios profesionales, las comisiones vecinales y los municipios.

Bajo su supervisión, se realizaba desde el nombramiento del ginecólogo del centro de salud de La Calera hasta la realización de rifas por las comunas, y hasta tenía la potestad de intervenir a los colegios profesionales, como el caso del Colegio de Escribanos. El responsable de la morgue municipal, Jorge Washington Priante, fue adscripto al Ministerio de Gobierno.

Los aparatos ideológicos y culturales del Estado quedaron en sus manos: no sólo la Universidad Nacional de Córdoba quedó bajo su órbita (cuyo primer rector-delegado fue el comodoro Jorge Luis Pierrestegui), sino también la totalidad de los colegios primarios y secundarios, a través del control de la Secretaría de Cultura y Educación, que dependía del estratégico Ministerio de Bienestar Social.

Este ministerio comprendía, además, las secretarías del Menor y Familia, Vivienda y Urbanismo, Salud Pública, Turismo y Deporte, Promoción Social, Coordinación y Programación Social (cuyos titulares eran vicecomodoros). Desde la definición del contenido de la enseñanza –inspirada en las ideas de orden, disciplina y religión católica– hasta la posibilidad de ofrecer facilidades para obtener vivienda o atención médica en los sectores humildes de la población suministraron a la Aeronáutica un formidable poder político en la provincia de Córdoba.

Los tres grandes interventores federales del período –los generales Carlos Chasseing, Adolfo Sigwald y el médico Rubén Pellanda– jugaron un papel central en la construcción de una hegemonía cultural procesista.

Los tres se esmeraron en desarrollar una “política de cercanía a la comunidad” traducida en reuniones con sectores empresariales, eclesiásticos, comerciales, agropecuarios; en visitas frecuentes a escuelas, a hospitales y a clubes deportivos, e inclusive, a las llamadas “villas de emergencia” que prometían erradicar.

Los tres actuaron en estrecha interrelación con el Tercer Cuerpo de Ejército, pero cada uno de ellos presentó un perfil singular: Chasseing ofreció la imagen de un defensor de los intereses de Córdoba y del federalismo y terminó renunciando a raíz de la presión impositiva del gobierno nacional sobre la provincia. Sigwald fue protagonista del “diálogo político” promovido por el dictador Videla con sectores empresariales, académicos y políticos, y Pellanda intentó mostrarse como “nacional y popular”, en consonancia con el clima generado a partir del conflicto por las islas Malvinas.

La acción político-cultural de los gobernadores fue acompañada por múltiples asociaciones civiles que organizaban conferencias, debates, conmemoraciones, exposiciones de libros o muestras artísticas: Peña El Ombú, Asociación Córdoba y su Tradición, Fundación para la Acción Social y Económica (Fase), Instituto Superior de Estudios Políticos, Instituto Hugo Wast, entre otras.

Como común denominador, todos legitimaron el terrorismo de Estado y aportaron a la construcción de la hegemonía cultural a la que aspiraba la dictadura.

Tras el ocaso militar en Malvinas y tras la imposibilidad de las Fuerzas Armadas de negociar una transición que les garantizara impunidad, su labor refundacional en el plano cultural sucumbió a los vientos de cambio que emergían de la sociedad civil. El fin de la impunidad fue también para estas asociaciones, la hora de su réquiem.

*Investigador principal de Conicet y profesor titular plenario de la UNC