Política científica. De la ciencia del golpe a la ciencia de la democracia

A 50 años del golpe de Estado en Argentina, la memoria colectiva vuelve, como debe, sobre el carácter sistemático del terrorismo de Estado: su planificación minuciosa, su burocracia del horror, su racionalidad instrumental puesta al servicio de la desaparición, la tortura y el disciplinamiento social.

No hubo caos ni desborde: hubo método. Y todo método supone conocimiento.

Por ello, es importante que quienes ocupamos algún mínimo espacio de responsabilidad dentro del Estado de derecho nos pronunciemos sin tapujos sobre lo que implica el ejercicio de memoria desde un lugar público.

Las dictaduras modernas no han sido meros estallidos de violencia irracional. Son dispositivos de poder altamente organizados, sostenidos por estadísticas, diagnósticos, doctrinas, tecnologías, protocolos y lenguajes técnicos que pretenden despojar a la violencia de su carácter político para presentarla como necesidad histórica, sanitaria o administrativa.

El terror se vuelve procedimiento. La represión, gestión. La desaparición, “solución”.

En ese entramado, la ciencia (o al menos cierto uso de la ciencia) cumple un papel ambiguo y profundamente inquietante.

Porque no sólo hubo persecución a científicos, docentes e investigadores críticos. También hubo saberes movilizados para optimizar el control social, mejorar la capacidad de vigilancia, perfeccionar técnicas de interrogatorio o legitimar modelos económicos excluyentes.

La dictadura no fue enemiga del conocimiento: fue enemiga de un conocimiento libre, federal, autónomo y comprometido con la sociedad.

Por eso, conmemorar este aniversario obliga a preguntarnos no sólo qué le hicieron las dictaduras a la ciencia, sino qué tipo de ciencia puede resultar funcional a las dictaduras.

El peligro no reside sólo en la censura o la intervención directa. Reside también en la idea, aparentemente inocente, de una ciencia neutra, aséptica, ajena a los conflictos sociales. Una ciencia que se declara “por encima” de la política, de la ética y de las necesidades concretas de la población. Una ciencia que mide su valor exclusivamente por indicadores internos (publicaciones, citas, prestigio académico), sin interrogar el impacto real de su producción en la vida democrática.

Esa pretendida neutralidad puede transformarse, incluso sin proponérselo, en una forma de desresponsabilización.

Cuando el conocimiento se desvincula de los problemas cotidianos (como son la desigualdad, la pobreza, la degradación ambiental, la violencia, la exclusión territorial, las crisis sanitarias), deja vacante un espacio que otros saberes, menos rigurosos, pero más influyentes, ocuparán. O peor aún: se vuelve disponible para cualquier proyecto de poder que pueda financiarlo, orientarlo o instrumentalizarlo.

Las dictaduras prosperan allí donde el pensamiento crítico se debilita y donde los expertos se conciben a sí mismos como meros técnicos ejecutores, no como ciudadanos con responsabilidad pública.

El terrorismo de Estado en Argentina fue también un intento de reconfigurar la sociedad en términos económicos, culturales y políticos.

Para ello, necesitó silenciar voces, pero también construir legitimidades. Necesitó instalar la idea de que había soluciones “técnicas” inevitables, caminos únicos dictados por la racionalidad económica o la seguridad nacional. La política se presentaba como problema; la técnica, como salvación.

Hoy sabemos que no existe conocimiento sin valores, sin contexto y sin consecuencias.

Una ciencia democrática no puede limitarse a producir una verdad abstracta: debe contribuir a ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la capacidad de la sociedad para decidir su propio destino.

Debe ser rigurosa, sí, pero también situada. Universal en sus métodos, pero arraigada en su propósito. Abierta al mundo, pero comprometida con su pueblo.

Esto no implica convertir a la ciencia en propaganda ni subordinarla al poder político de turno. Implica reconocer que la autonomía científica no es aislamiento, sino libertad para elegir problemas relevantes y para decir verdades incómodas.

La mayor fortaleza de una democracia no es tener expertos que administren la realidad desde arriba, sino contar con un sistema de conocimiento capaz de dialogar con la sociedad, escuchar sus necesidades y traducirlas en soluciones basadas en evidencia, justicia y sostenibilidad.

Porque cuando la ciencia se encierra en sí misma, la democracia se empobrece. Y cuando la democracia se debilita, el conocimiento puede convertirse nuevamente en herramienta de dominación.

“La ciencia de las dictaduras” no es sólo la que existió bajo regímenes autoritarios. Es también la que puede emerger en contextos democráticos si se naturaliza la indiferencia frente al sufrimiento social; si se acepta que investigar los problemas sentidos por la comunidad es “poco prestigioso”; si se renuncia a disputar el sentido del desarrollo.

Recordar los 50 años del golpe de marzo de 1976 no debe ser únicamente un ejercicio de memoria retrospectiva. Debe ser una práctica para la construcción de futuro.

Resumiendo: las dictaduras o los procesos totalitarios no necesitan científicos crueles: les basta con científicos indiferentes.

Por eso, tal vez la defensa más profunda de la democracia que podemos hacer desde el sistema científico cordobés no consista sólo en preservar instituciones y elecciones, sino en construir un modelo de conocimiento que no pueda ser nunca más separado de la dignidad humana, de la justicia social y de la democracia.

*Director de Vinculación Sectorial, Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba