Durante años, en América latina se ha observado un fenómeno que genera interrogantes tanto en economistas como en dirigentes políticos. Países como Chile y Perú fueron exhibidos como ejemplos de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, apertura comercial y crecimiento sostenido.
Sin embargo, esa fortaleza económica no logró traducirse en una estabilidad política equivalente ni en una satisfacción social duradera.
La pregunta es inevitable: ¿por qué economías que hacen “los deberes” en materia económica continúan experimentando crisis políticas, cambios permanentes de gobierno y crecientes niveles de descontento social?
La respuesta es compleja, pero puede resumirse en una idea central: los indicadores macroeconómicos y la percepción ciudadana no siempre evolucionan al mismo ritmo.
El caso chileno: el alumno ejemplar
Durante más de tres décadas, Chile fue considerado el modelo económico de América latina. Mantuvo una inflación controlada, cuentas fiscales ordenadas, apertura comercial con gran parte del mundo y un crecimiento sostenido que le permitió alcanzar uno de los ingresos per capita más elevados de la región.
Sin embargo, en 2019 el país protagonizó una de las mayores crisis sociales de su historia reciente.
¿Cómo podía ocurrir esto en una economía que parecía funcionar correctamente?
La explicación surge de una realidad que las estadísticas agregadas no siempre reflejan.
Mientras la economía crecía, una parte importante de la población percibía dificultades para acceder a una vivienda, afrontar los costos educativos, obtener una jubilación adecuada o acceder a determinados servicios de salud.
El crecimiento existía, pero muchos ciudadanos sentían que no participaban plenamente de sus beneficios.
Perú: crecimiento sin estabilidad política
La experiencia peruana ofrece otra enseñanza. Durante más de 20 años, Perú registró una de las tasas de crecimiento más importantes de América latina, impulsada por las exportaciones mineras, la estabilidad monetaria y una política económica relativamente previsible.
Sin embargo, ese éxito económico convivió con una profunda fragilidad institucional. Presidentes destituidos, crisis recurrentes, conflictos políticos y escándalos de corrupción terminaron erosionando la confianza ciudadana.
La economía avanzaba, pero las instituciones no lograban consolidar la legitimidad necesaria para sostener ese proceso.
Colombia y las desigualdades territoriales
Colombia presenta una situación similar. Durante las últimas décadas, logró incrementar sus exportaciones, atraer inversiones y mejorar diversos indicadores económicos.
No obstante, persisten importantes diferencias regionales, elevados niveles de informalidad laboral y una percepción social de desigualdad que continúa alimentando tensiones políticas.
De nuevo aparece una constante: los avances macroeconómicos no siempre son suficientes para generar consenso social.
Argentina: una discusión diferente
Argentina enfrenta un problema distinto. Mientras Chile, Perú o Colombia debaten cómo distribuir los beneficios del crecimiento, Argentina lleva décadas intentando recuperar condiciones básicas de estabilidad macroeconómica.
Inflación elevada, déficit fiscal recurrente, restricciones cambiarias y baja inversión han limitado la posibilidad de sostener procesos de crecimiento prolongados.
Por ello, el desafío argentino no consiste únicamente en mejorar la distribución, sino también en reconstruir las condiciones que permitan generar crecimiento sostenible.
Un fenómeno global
Sería un error interpretar este fenómeno como una característica sólo latinoamericana.
Estados Unidos experimentó procesos similares cuando amplios sectores industriales percibieron que los beneficios de la globalización favorecían más a los grandes centros financieros que a las ciudades manufactureras tradicionales.
El Reino Unido mostró algo parecido durante el Brexit, cuando muchos ciudadanos sintieron que el crecimiento económico no llegaba de manera uniforme a todas las regiones.
Francia vivió situaciones comparables con el movimiento de los “chalecos amarillos”, surgido a partir de una creciente percepción de pérdida de poder adquisitivo y desigualdad territorial.
En todos los casos, se repite un patrón común: la economía puede mejorar mientras una parte de la población siente que su situación personal permanece estancada.
Los economistas suelen analizar variables como el crecimiento del producto bruto, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación o el déficit fiscal.
Los ciudadanos, en cambio, evalúan cuestiones mucho más cercanas a su realidad cotidiana, como que el salario llegue a fin de mes.
Cuando se separan, aparecen la frustración social, el desencanto político y la búsqueda de alternativas de cambio.
Mejores concretas
La experiencia internacional demuestra que el debate no debería plantearse como una elección entre crecimiento económico o inclusión social.
Los países más exitosos son aquellos que logran combinar de forma simultánea estabilidad macroeconómica, apertura al mundo, creación de empleo formal, movilidad social e instituciones confiables.
La lección que dejan Chile, Perú, Colombia e incluso las economías desarrolladas es clara: el crecimiento es indispensable, pero por sí solo no garantiza legitimidad política ni cohesión social.
La verdadera medida del éxito económico no se encuentra únicamente en los indicadores macroeconómicos, sino también en la capacidad de transformar esos resultados en mejoras concretas y perceptibles para la vida de las personas.
Ese es, probablemente, el principal desafío que enfrentan América latina y Argentina en las próximas décadas.
Docente, especialista en comercio exterior
