Sistema previsional. Vivimos más, nacen menos: la demografía cambia el partido de la economía

A comienzos del siglo pasado, un argentino nacía con una expectativa de vida cercana a los 40 años. Hoy puede esperar vivir alrededor de 77 y, hacia fines de este siglo, esa cifra podría ubicarse en torno a los 88. En poco más de 100 años, la sociedad ganó casi cuatro décadas de vida.

Al mismo tiempo, la natalidad se desplomó. A comienzos de los años 2000, cada mujer tenía en promedio 2,5 hijos. En 2014, la cifra había bajado a 2,3. Hoy la natalidad ronda 1,2 hijos, muy por debajo de los 2,1 hijos necesarios para sostener la población sin contar la inmigración.

Es decir, los argentinos viven mucho más y tienen muchos menos hijos. Esa combinación, tan simple de enunciar, está alterando la estructura de la sociedad y poniendo en tensión sistemas previsionales que fueron diseñados para otra realidad. El cambio no es transitorio.

En las próximas décadas, habrá proporcionalmente más adultos mayores y menos personas en edad de trabajar. La pirámide poblacional se irá pareciendo cada vez menos a una pirámide. Y esa transformación obligará a revisar reglas que durante años se consideraban inamovibles.

El sistema previsional argentino nació a comienzos del siglo pasado y se consolidó a mediados del siglo, en un país con una población joven, una expectativa de vida mucho menor y un mercado laboral más formal que el actual.

Décadas después, en los '90, la Nación absorbió las cajas previsionales de 10 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Otras 13 jurisdicciones, entre ellas Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, decidieron mantener sus propios regímenes.

En esos mismos años, quedaron establecidos los principales parámetros que todavía rigen el sistema general: 65 años de edad para los hombres, 60 para las mujeres y 30 años de aportes para acceder a una jubilación.

Desde entonces, cambió casi todo. Aumentó la longevidad, cayó la natalidad y se deterioró el mercado de trabajo. Sin embargo, las reglas básicas permanecieron prácticamente iguales. La pregunta incómoda es: ¿un sistema diseñado para una sociedad más joven puede seguir funcionando en una sociedad que envejece aceleradamente?

No se trata de presentar el aumento de la expectativa de vida como un problema. Que las personas vivan más es una enorme conquista social. El problema aparece cuando las instituciones que deben financiar esa mayor longevidad no se adaptan.

Hoy, un trabajador probablemente cobre su jubilación durante muchos más años que cuando se fijaron las edades actuales, mientras la caída de la natalidad reduce la cantidad futura de aportantes. Si las reglas no cambian, la presión financiera aumenta.

La cuestión previsional condiciona cualquier discusión seria sobre el gasto y los impuestos. Existe consenso sobre la necesidad de reducir la presión tributaria y que para hacerlo previamente hay que ordenar las erogaciones.

Pero esto choca contra una dificultad central: una parte muy significativa del gasto público corresponde a jubilaciones y pensiones, beneficios que sostienen los ingresos de millones de personas y cuentan con una fuerte protección constitucional y judicial. Esa rigidez limita el margen para bajar el gasto y, por lo tanto, también los impuestos.

El desafío se da a nivel nacional, pero es aún mayor en algunas de las provincias que conservan bajo su responsabilidad las cajas previsionales de sus empleados públicos. Mientras se les reclama, con razón, reducir o eliminar Ingresos Brutos y Sellos –que son sus principales fuentes de recaudación propia–, el gasto jubilatorio crece más rápido que el resto de las erogaciones.

Ya se llegó al nivel de que en varias provincias el pago de jubilaciones y pensiones absorbe cerca de una cuarta parte del presupuesto. Pedirles que resignen ingresos sin corregir antes esos desequilibrios equivale a pedirles que se desfinancien. De allí la importancia estratégica de buscar maneras de moderar el crecimiento de los gastos previsionales.

Suele asumirse que el déficit de las cajas provinciales se explica por reglas demasiado generosas. Pero ese diagnóstico es incompleto. También pesa la composición de sus afiliados: a diferencia del sistema nacional, una gran proporción de los empleados públicos provinciales está alcanzada por regímenes especiales.

Córdoba es un buen ejemplo. Docentes, policías y magistrados no tienen condiciones necesariamente más favorables que las previstas para actividades equivalentes a nivel nacional. La diferencia es que, mientras en la Anses estos regímenes representan una parte menor del total, en la Caja de Córdoba concentran a la mayoría de los afiliados.

Por eso, antes de atribuir el desequilibrio sólo a las reglas, es necesario mirar también quiénes integran cada sistema.

Esta semana se cumplieron dos años de la firma del Pacto de Mayo, el instrumento en el cual el Gobierno nacional y una mayoría de provincias acordaron una agenda de reformas estructurales.

En algunas de las 10 áreas de reformas, hubo avances importantes, en otras parciales y en varias siguen sin ser abordados. Una de las reformas pendientes, contemplada en el punto 9 de la agenda, es la previsional. Varios factores explican la demora. Seguramente el más importante es que se trata de un tema extremadamente complejo y sensible.

Hasta ahora, las deficiencias del sistema nacional y el de cada una de las provincias que administran sus sistemas previsionales se abordan como problemas independientes. El resultado es que prevalece el inmovilismo.

Mientras los impactos de la demografía no se detienen, las actualizaciones de las normas previsionales se siguen difiriendo. Esto no sólo complica el presente. Es una actitud muy irresponsable respecto del futuro.

Una estrategia más eficiente es que la Nación y todos o la mayoría de las 13 provincias que conservan sus cajas encaren la reforma de manera mancomunada. Por un lado, esto debería contribuir a actitudes menos oportunistas y más responsables en el Congreso. Por el otro, ayudaría a diseñar soluciones técnicamente más sólidas que las que se diseñarían si cada uno abordara el tema de manera autónoma.