El envejecimiento de la población pone cada vez más presión sobre los sistemas previsionales. Hay menos trabajadores aportando y más personas cobrando jubilaciones. La consecuencia es simple: la cuenta previsional se vuelve cada vez más difícil de sostener.
El problema tiene dos causas principales. La primera es demográfica: nacen menos personas y la gente vive más años. La segunda es institucional: el sistema previsional argentino está mal diseñado, fragmentado y no adapta sus reglas a esta nueva realidad demográfica. Esa combinación acelera la crisis de financiamiento.
El resultado es un gasto previsional muy alto en comparación con países que tienen una demografía similar. El problema existe tanto a nivel nacional como provincial, pero es especialmente crítico en las 13 cajas jubilatorias de empleados públicos que no fueron transferidas a la Nación.
Las cajas de jubilación provinciales
Algunas provincias siguen administrando sus propios regímenes jubilatorios. Entre 1994 y 1997, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 10 provincias transfirieron sus cajas a la Anses. Sin embargo, 13 provincias decidieron mantener sus sistemas previsionales propios: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según datos del Ministerio de Economía, entre 2005 y 2024 el gasto público total de estas 13 provincias aumentó un 40% por encima de la inflación. En el mismo período, el gasto previsional en estas provincias creció un 87% por encima de la inflación. En La Pampa, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz, el gasto previsional más que se duplicó en términos reales.
Además, en cinco provincias -Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Chaco- las jubilaciones de los ex empleados públicos consumen casi un cuarto del gasto público provincial.
Estos datos muestran que las jubilaciones ocupan una porción cada vez mayor del presupuesto provincial. Esto no solo lo hace insostenible a largo plazo, sino que también deja menos margen para financiar otros servicios esenciales, como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Cómo se llegó a esta situación
La situación actual es consecuencia de un mal diseño del sistema, agravado por normas improvisadas, fallos judiciales y modalidades de gestión que, lejos de adaptarse a los cambios demográficos, profundizan el desequilibrio.
En primer lugar, la cobertura previsional está organizada a través de sistemas muy heterogéneos y poco articulados entre sí. Al igual que ocurre a nivel nacional, las cajas provinciales tienen múltiples regímenes especiales, diferenciales y de retiro, en donde los beneficiarios acceden a condiciones jubilatorias mucho más favorables que las del régimen general.
Esto genera fuertes brechas entre el régimen nacional y los regímenes provinciales. Un ejemplo es Córdoba: en junio, el haber medio de la caja provincial fue de $ 1.272.087, mientras que el haber medio de Anses fue de $ 711.820. Algo similar ocurre en otras provincias con cajas propias. La diferencia no se explica solo por mejores salarios, sino también por reglas jubilatorias más beneficiosas que las del sistema nacional.
Frente a estos desequilibrios, la respuesta predominante no fue adaptar las reglas para contener el gasto previsional, sino avanzar con medidas improvisadas que agravan el problema hacia el futuro.
Un ejemplo reciente es la provincia de Buenos Aires, que ahora exige que colegios y empresas privadas con participación estatal dejen de aportar a Anses y pasen a hacerlo al Instituto de Previsión Social provincial. La medida mejora los ingresos actuales de la caja, pero agrava el problema futuro: los aportes de esos trabajadores no alcanzan para financiar sus jubilaciones futuras. Es decir, por cada docente que se incorpore a la caja provincial, los ingresos actuales aumentarán en una magnitud inferior al incremento del gasto previsional futuro que generarán estos docentes cuando se jubilen.
Por dónde empezar
El envejecimiento poblacional es un proceso continuo. En el futuro habrá proporcionalmente más adultos mayores que niños y jóvenes. Por eso es urgente adaptar las reglas jubilatorias, tanto en el sistema nacional como en las cajas provinciales, para evitar que el gasto previsional siga creciendo de manera explosiva.
Un primer paso es avanzar hacia la homogeneización y simplificación de los parámetros jubilatorios. Los regímenes especiales o diferenciales deberían ser la excepción y no la regla, y las cajas provinciales deberían armonizar sus condiciones con las de Anses.
Otro punto clave es flexibilizar el requisito rígido de 30 años de aportes. Hoy, una persona con 29 años y 11 meses de aportes no se puede jubilar. Una alternativa más razonable sería reconocer haberes proporcionales a los años efectivamente aportados.
Es evidente que urge reformar el sistema previsional. La forma más eficiente de enfrentar este desafío es con una reforma integral que involucre simultáneamente a la Nación y a las 13 provincias con cajas propias.
