Este año. Salarios: las 18 principales paritarias nacionales vuelven a quedar debajo de la inflación, y la expectativa es negativa

Desde el inicio de marzo, uno de los conflictos más visibles en Córdoba es la paritaria de los docentes provinciales: llevan rechazadas tres propuestas sucesivas de la Provincia a su reclamo de recomposición salarial. La discusión combina rasgos propios con un telón de fondo, que excede a los maestros para abarcar a la casi la totalidad de los trabajadores argentinos y sus familias: la crisis de ingresos.

Se trata de un fenómeno generalizado aunque heterogéneo, cuyos coletazos impactan en los sondeos de imagen del presidente Javier Milei y abren dudas sobre el rumbo económico: ¿cómo saldrá el mercado interno de su estancamiento sin mejorar el poder adquisitivo de los consumidores? ¿Qué frenará la crisis del empleo si esa rueda no se pone en marcha?

La merma en la inflación que consiguió Milei colaboró con restituir capacidad de compra a los hogares y, de hecho, es citada como causa principal de un dato muy positivo: el descenso de la pobreza. El tema es que, a contramano, el libertario apostó a que los salarios formales públicos y privados oficien como ancla de los precios, pisando fuerte las paritarias.

A la vez, el reacomodamiento de precios relativos derivó en cambios profundos en la estructura de gastos de las familias, elevando el peso de los fijos y restando ingreso disponible para otros consumos. Sobre eso, el mercado laboral aceleró su deterioro, destruyendo empleo formal de calidad y reemplazándolo por cuentapropismo de subsistencia mucho peor pago.

¿Cómo va esta dinámica hoy y qué anticipa?

La política de ancla salarial del Gobierno nacional, efectivizada en un techo por debajo de la inflación puesto por la Secretaría de Trabajo a las paritarias privadas, tuvo oscilaciones en 2025.

“En los últimos meses del año pasado, las renegociaciones salariales incrementaron nominalidad, señal de que la política salarial había entrado en un paréntesis. Si bien no hubo desborde –paritarias que superaran la inflación corriente–, los acuerdos se ubicaban entre el 2% y el 2,5% mensual, superando ampliamente el techo (oficial) del 1,5%”, describe la consultora CP, especialista en la materia.

Este año, ante eso, el Gobierno buscó imponer un nuevo techo del 2%. “Esto tiene tres lecturas: busca cerrar el paréntesis abierto por la superación de la pauta anterior de 1% a 1,5%; reconoce que la inflación aceleró y que la nominalidad tiene que ser algo mayor a 2025 y recupera la iniciativa perdida tras el vencimiento de la pauta anterior”, analizó Federico Pastrana, titular de CP.

La gran mayoría de las negociaciones tomó un patrón común: aumentos proporcionales por debajo del techo del 2% combinados con aumentos de suma fija que elevaron los incrementos finales.

CP cita una paritaria de referencia: Camioneros. Llevan más de un año con un acuerdo trimestral indexado: negocian aumentos proporcionales bajos –acordes a la pauta– y al cierre de cada trimestre renegocian una suma fija proporcional que eleva los niveles y permite una recuperación cercana al punto de partida, acotando así la pérdida real entre puntas.

“En el marco de un eventual nuevo techo a las paritarias, este mecanismo resulta central: si el Gobierno permite recuperaciones vía sumas fijas proporcionales, ello podría aliviar el poder adquisitivo y estimular la demanda interna, aun con aumentos proporcionales bajos hacia adelante”, aconseja CP.

Sin embargo, su examen sobre la paritaria más masiva del país sugiere que esa no es la vía elegida por la Secretaría de Trabajo.

“La negociación de Comercio –sostiene la consultora– mostró algo inédito a comienzos de 2026: la ausencia de aumentos porcentuales, concentrando los incrementos a través de una suma fija en diciembre. Esto derivó en una caída muy intensa del salario real en el primer trimestre, cercana al 8%-9%, que se suma a una mala performance en 2025, año en que el poder adquisitivo se contrajo 2% de punta a punta”.

Según explica, en el acuerdo firmado, la suma fija podría haber compensado la pérdida anterior –como ocurrió en negociaciones pasadas–, pero su escasa magnitud condena el poder adquisitivo a un sendero muy deteriorado.

“Si bien el panorama presenta heterogeneidad entre sectores, todo indica que el Gobierno ha comenzado a cerrar el paréntesis en su política salarial: está optando por la reinstalación de una política de sueldos restrictiva, con elevados costos reales”, concluye la consultora.

Una tendencia similar muestra el semáforo de paritarias que releva mes a mes Fundación Capital. Entre las 18 grandes negociaciones paritarias nacionales que monitorea, sólo una (los choferes de UTA) logró cerrar incrementos salariales que podrían ganarle a la inflación del primer trimestre de este año.

“Los aumentos salariales continúan evolucionando por debajo de una inflación que se muestra desafiante. Las paritarias de los gremios que monitoreamos promediaron un aumento del 2,1% mensual en el primer trimestre (frente a un IPC del 3% promedio) y, de cara al segundo, las autoridades han puesto un techo del 2% mensual”, señaló a La Voz Andrea Osorio, economista jefe de Fundación Capital.

Vale recordar que en enero y en febrero el IPC acumuló una suba del 5,9%; y que el 14 se conocerá el dato de marzo: las estimaciones privadas la ubican en el 3%.

En el semáforo de Capital, 12 de 18 acuerdos están en “zona roja”, es decir, perdiendo con la inflación en distinta magnitud en el trimestre. Entran en esa lista las paritarias de Camioneros, Comercio, trabajadores estatales nacionales, Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), Sanidad, UOM, Químicos, Gastronómicos, Textiles, Smata, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y Encargados de edificios.

Otro grupo accede por ahora a un “amarillo”: con el combinado de las subas del primer trimestre quedaría empardado a la inflación: Construcción; Alimentación, Estatales bonaerenses, Aceiteros y Bancarios.

Ocho de los 18 colectivos de trabajadores tienen acuerdos que exceden el trimestre y llegan a junio. En esa nómina, la mayoría no logra superar la suba de precios estimada.

Este panorama ilustra lo vital que resulta que la inflación se desacelere hacia mitad de año para conseguir cierta recomposición de los ingresos.

“Camioneros firmó un acuerdo con subas decrecientes (2% marzo, 1,8% abril, 1,7% mayo y 1,6% junio), Comercio obtuvo un incremento del 5% para el segundo trimestre, que llega al 6,3% al incluir las sumas fijas (2,1% mensual) y la Uocra (Construcción) formalmente mantuvo la pauta (2% en marzo, 1,9% abril y 1,8% mayo), pero con la inclusión de sumas fijas que mejoran el total (3,4% mensual promedio)”, enumeró Osorio.

La economista coincidió en que los bonos o sumas fijas fueron una herramienta de uso extendido durante 2025 para mejorar los acuerdos y a la vez cumplir la pauta salarial evitando demoras en las homologaciones. “De todos modos, con una inflación que difícilmente perfore el 2% mensual en el corto plazo, los acuerdos paritarios continuarían en terreno negativo, aunque con bastante heterogeneidad entre los gremios”; insistió.

La evolución de los salarios formales del sector privado es clave porque, asociada al trabajo de mejor calidad, marca el techo en la pirámide de ingresos laborales. Los informales se mueven por debajo.

Un análisis detallado del impacto de la informalidad en el mercado de trabajo argentino realizado desde el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (Edil) de la Universidad de Buenos Aires pone número a la “penalidad” de ingresos laborales que sufren esos trabajadores respecto de pares con similares características personales y de puesto de trabajo, pero que se desempeñan en la formalidad.

“En promedio, la penalidad por informalidad en el tercer trimestre de 2025 fue del 38%. Quiere decir que si un asalariado formal obtiene un ingreso mensual de $ 100 mil, uno informal con igual nivel educativo, igual edad, igual sexo, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad, misma categoría ocupacional y en una empresa de igual tamaño obtendrá $ 62 mil”, explica el estudio.

Aclara, sí, que esa brecha toma distinta magnitud entre los diversos grupos de trabajadores.

Considerando que la informalidad es un problema de enormes dimensiones en Argentina, la penalidad de ingresos recae sobre un número muy alto de trabajadores.

El mismo análisis del Edil revela que la cuota de ocupados no registrados en distintas categorías va del 60,9% (Gran San Juan) al 18.5% (Ushuaia) en las principales ciudades del país relevadas por el Indec con su encuesta (EPH). En el Gran Córdoba, ese porcentaje se ubica en el 44,8%.

Se sabe que los sueldos de la administración pública nacional fueron blanco central de la motosierra y siguen sin recuperarse. El cálculo de CP sobre datos oficiales señala que están al menos 18% debajo de los niveles de fines de 2023.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA -Autónoma, coincide: "A enero, la caída promedio del salario formal estatal (incluye a todos los niveles de administración) contra noviembre de 2023 fue del 17,8%. La del privado marcó -2,4%. Ambos retrocedieron en enero completando varios meses de pérdida contra la inflación. Estamos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, sacando los primeros meses de 2024”.

El retroceso de los sueldos pagados por la Nación es mucho mayor, en general, al de los liquidados por las provincias. Sin embargo, un análisis reciente del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) explora la situación de las administraciones públicas provinciales, destacando el incremento de la conflictividad laboral como indicador de la crisis de recursos presupuestarios.

“Desde inicios del 2026 se registraron, al menos, 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 19,6% se resolvió momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria”, enumera.

El Cepa destaca que la conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse.

“En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo”, analiza. En ese mapa se inscribe el conflicto docente cordobés.

La crisis de ingresos afecta también a los llamados “no laborales”, aquellos que no se perciben como retribución de un empleo.

El más masivo son las jubilaciones nacionales y llevan ocho meses de caída. La mínima, que cobra el 60% de los más de siete millones de pasivos nacionales, acumula una caída real interanual del 5%, asociada a la licuación del bono de $ 70 mil que la complementa; calcula el economista Patricio Canalis, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Y agrega que, entre los planes sociales, la Asignación Universal por Hijo, el de mayor alcance, dejó de actualizarse en 2025 como lo venía haciendo un año antes y cerró en diciembre apenas 1% respecto de igual mes de 2024.