Debate. ¿Todos somos Adorni? El caso que expuso una práctica que muchos argentinos naturalizaron

La sucesión de infortunios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a la justificación de su patrimonio ocupa el centro del debate político.

La frase según la cual habría hecho lo que hace “todo el mundo”, evadir impuestos y dolarizar ahorros fuera del sistema, no funciona como excusa. Mucho menos viniendo de un funcionario de ese rango, obligado a rendir cuentas con un estándar más alto que el ciudadano común.

Pero, aunque no sirva como defensa, sí sirve como punto de partida para una discusión incómoda. ¿Estamos frente a una conducta excepcional, propia de un dirigente que debe ser cuestionado, o ante una práctica extendida que buena parte de la sociedad argentina naturalizó hace tiempo?

Los datos del Banco Central dan una pista difícil de esquivar. Entre 2004 y 2025, los argentinos compraron dólares ahorro en el mercado oficial por un promedio de 2,2% del PIB por año. En el mismo período, la inversión en bienes de capital fue de apenas 6,9% del PIB anual.

Es decir, lo que se fuga a dólares equivale a casi un tercio de lo que el país invierte para ampliar su capacidad productiva. No es un goteo marginal. Es un drenaje que pesa de manera decisiva sobre el crecimiento.

La misma lógica corre para la evasión. Ocurre con las grandes maniobras, las sociedades opacas y los patrimonios imposibles de explicar, pero también con la cotidianidad del descuento por pago en efectivo a cambio de no pedir factura.

No se trata de un fenómeno marginal: Arca calcula que la Argentina tiene una tasa de evasión del 37% en IVA, bastante por encima del 23% de Colombia, el 19% de Chile y el 15% de Uruguay. La evasión no aparece sólo en los expedientes judiciales. También aparece en los hábitos pequeños, repetidos y socialmente tolerados.

Para el funcionamiento general de la economía no es lo mismo que se trate de hechos aislados a que sea una regla que guía la conducta de millones de personas.

Ambas conductas tienen una explicación: dolarizar ahorros y sacarlos del circuito formal es una defensa frente a confiscaciones explícitas o implícitas, como la alta inflación, los defaults sucesivos y los cambios arbitrarios de reglas; evadir impuestos, por su parte, aparece como una forma de escapar de una presión tributaria que muchas veces opera de manera asfixiante.

Pero lo que puede ser comprensible desde la lógica individual produce un enorme daño colectivo. La baja inversión argentina no se explica porque no exista ahorro, sino porque buena parte de ese ahorro se evapora: se va del país, queda fuera del sistema financiero o termina debajo del colchón.

El problema de fondo, entonces, no es sólo la falta de ética individual. Es también la inflación, la inseguridad jurídica y un sistema tributario retorcido, que durante décadas empujaron a la sociedad a naturalizar este tipo de comportamientos.

Lo peor no sería tener funcionarios que actúan de esta manera. Lo peor sería seguir actuando como si esas conductas fueran una excepción, cuando en realidad parecen ser parte de una regla mucho más extendida.

La fuga sistemática de ahorros es una respuesta defensiva frente a una larga tradición argentina de reglas inestables.

La inflación deteriora la moneda y castiga a quienes ahorran en pesos. Las reprogramaciones de deuda pública afectan la credibilidad del Estado. Las regulaciones arbitrarias benefician a algunos sectores en perjuicio de otros. Y una Justicia lenta, burocrática e imprevisible debilita la seguridad jurídica que debería garantizar la Constitución.

Ante ese escenario, la compra de dólares y su salida del circuito formal se transforman en el refugio más seguro para los ahorros. Es un mecanismo ineficiente y perjudicial para la economía, pero no nace de la nada. Se explica por los desórdenes macroeconómicos y por los déficits institucionales que prevalecen desde hace décadas.

Para revertir esa conducta, la gente tiene que convencerse de que no volverá a ser perjudicada por la inflación, los cambios de reglas o las arbitrariedades legales. En el corto plazo, eso exige institucionalizar el régimen bimonetario: darle curso legal al dólar, permitir contratos en dólares y eliminar restricciones al movimiento de capitales.

También requiere una verdadera independencia del Banco Central, para que no vuelva a ser capturado por intereses personales o políticos. En su diseño debería aplicarse con dureza el Código Penal al funcionario del Banco Central que autorice préstamos al Tesoro o imponga controles discrecionales sobre el acceso al mercado de cambios.

La evasión, en cambio, exige otro tipo de respuesta. No alcanza con controles y sanciones si se mantiene una estructura impositiva caótica, difícil de entender y más difícil todavía de cumplir. Argentina necesita migrar hacia un sistema tributario más simple y racional. Eso ayudaría a incentivar el cumplimiento y haría viable una estrategia más eficaz contra la evasión.

En la maraña impositiva actual, los incumplimientos son más fáciles de ocultar y muchas veces terminan socialmente legitimados. Cuando pagar impuestos se vuelve una carrera de obstáculos, la informalidad deja de verse como una anomalía y empieza a ser percibida como una defensa.

El caso Adorni sin dudas merece cuestionamientos. Un funcionario público tiene una responsabilidad ética mayor y debe explicar con claridad el origen de su patrimonio. Pero si la discusión termina sólo en la indignación contra una persona, nos perdemos la parte más incómoda del problema: muchas de las conductas que hoy se le reprochan no son ajenas a la vida cotidiana argentina.

(*) Economista, coordinadora de Idesa.