Horror. Rope jumping en Brasil: detienen al instructor que habría quitado la cámara GoPro a María Eduarda tras la caída
La cámara es una prueba clave en la investigación por la muerte de la joven de 21 años; ya son seis los detenidos por el caso.
La investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser arrojada en una fallida práctica de rope jumping en Brasil, sumó en las últimas horas un dato central: la identificación y detención del instructor acusado de haberle retirado la cámara GoPro mientras agonizaba.
Según informaron medios brasileños este miércoles 24 de junio, el sospechoso fue identificado como João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años. La detención se produjo durante el fin de semana junto a otras dos personas vinculadas con la organización de los saltos.
La GoPro que llevaba la víctima es considerada una prueba clave, ya que podría haber registrado los momentos previos al salto desde el puente de 40 metros de altura donde ocurrió el hecho.
La desaparición de la cámara
Testigos indicaron que, tras la caída, la cámara desapareció y habría sido retirada por uno de los instructores. Esa versión motivó nuevas líneas de investigación.
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De acuerdo con la orden judicial, Ribeiro da Silva fue señalado como la persona que tomó el dispositivo. Sin embargo, los instructores involucrados negaron haber actuado intencionalmente para ocultar evidencia.
Pese a los operativos realizados, la GoPro aún no fue encontrada. La Policía Civil sostiene que existen indicios de que se eliminó contenido digital “potencialmente relevante para la resolución del caso”.
Más detenidos y sospechas
Con estas detenciones, ya son seis las personas privadas de la libertad por el hecho. A Ribeiro da Silva se suman Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 años, señalada como líder del grupo organizador, y Gabriel Barros Martins, de 30.
Ellos se agregan a Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), Maicon Fernandes Cintra (42) y Vitor de Freitas Gonçalves (27), instructores de paracaidismo que ya estaban detenidos.
Todos permanecen bajo prisión preventiva. Inicialmente por cinco días, la Policía solicitó a la Justicia extender el plazo a 30 días mientras avanza la investigación.
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Operativos y peritajes
La Secretaría de Seguridad Pública informó que la Justicia autorizó allanamientos en domicilios de los sospechosos. Durante estos operativos se secuestraron teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros materiales que podrían aportar información.
“El objetivo es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, indicaron desde el organismo en un comunicado.
Una actividad sin control
La investigación también apunta a la organización del evento. Según la Policía, los saltos eran ofrecidos por grupos informales, sin una empresa legalmente constituida ni controles de seguridad adecuados.
La actividad se promocionaba en redes sociales y tenía un costo de hasta 180 reales por salto. Tras la repercusión del caso, los perfiles vinculados a los organizadores fueron eliminados.
Dudas clave sobre el operativo
Uno de los puntos centrales del expediente es la falta de controles previos al salto. Los propios sospechosos declararon que no recuerdan quién era el responsable de colocar la cuerda de seguridad ni por qué no se realizó la última verificación.
Esa omisión es considerada determinante en el desenlace fatal y forma parte de las acusaciones por homicidio involuntario con dolo.
Mientras continúa la búsqueda de la cámara y el análisis de las pruebas digitales, la investigación avanza para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido y establecer el grado de responsabilidad de cada implicado.
