Corrupción. La AFA en la mira: la IGJ pidió la designación de veedores por "gravedad en las irregularidades"
El organismo conducido por Daniel Vítolo denunció la falta de explicación en los balances contables desde hace ocho años, inconsistencias en la creación de la "Universidad de la AFA" y una supuesta sede social falsa en Pilar.
La Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, solicitó formalmente este miércoles la "designación de veedores" en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida se fundamenta en la detección de graves irregularidades y la negativa de la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia a entregar la documentación requerida por las autoridades.
Según explicó Daniel Vítolo, Inspector General de Justicia, la iniciativa busca que los veedores puedan obtener y verificar la información que la casa madre del fútbol no presentó voluntariamente.
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Vítolo fue tajante al señalar que la AFA "no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años", lo que genera un desconocimiento total sobre el origen y destino de millones de dólares que ingresan y salen de la institución.
Los focos de la investigación
El pedido de la IGJ se centra en tres ejes principales:
- Estados contables: el análisis de los balances cerrados al 30 de junio de 2025.
- La "Universidad de la AFA" (Unafa): se solicitó una auditoría integral sobre este proyecto educativo que, según la IGJ, ni siquiera se encuentra registrado oficialmente.
- Vínculos comerciales: la revisión de operaciones financieras con empresas y personas específicas, como la firma TourProdEnter LLC (vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette) y el Grupo Sur Finanzas (relacionado con Ariel Vallejo). En particular, se busca rastrear las remesas de dinero enviadas o recibidas por la AFA en el exterior a través de estos contratos de comercialización de derechos.
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Además, la IGJ denunció que la AFA intentó mudar su sede principal a un predio en la Provincia de Buenos Aires (Pilar), movimiento que fue rechazado tras comprobarse que "la sede social declarada era falsa". Las inspecciones verificaron que en dicho predio no existen instalaciones administrativas y que la entidad sigue operando en la calle Viamonte.
El trasfondo político y la respuesta de la AFA
Desde el Gobierno Nacional, Vítolo enmarcó esta decisión dentro de la gestión del Presidente Javier Milei, afirmando que "no hay privilegios" y que "nadie está por encima de la Ley". No obstante, aclaró que se trata de una veeduría de carácter informativo y no de una intervención directa.
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Por el lado de la AFA, el abogado Gregorio Dalbon salió al cruce de la medida, calificándola como una "intervención encubierta". Dalbon criticó que primero se acuse y luego se busquen las pruebas, y advirtió que la intromisión del Poder Ejecutivo en la gobernanza del fútbol viola la autonomía institucional y podría exponer al país a sanciones ante organismos internacionales.
La notificación oficial del pedido ya fue recibida por el área de legales de la AFA en la sede de Viamonte este mismo miércoles.
