
Villa Allende se convirtió en la primera ciudad del país en cerrar calles de noche con portones
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Redacción La Voz
Desde este lunes, la ciudad de Villa Allende, en el Gran Córdoba, se convertirá en la primera del país en cerrar sus calles con portones en el horario nocturno como política pública de prevención del delito.
La iniciativa inédita arrancará con una prueba piloto de 13 cerramientos ubicados en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, los que permanecerán cerrados con candados de 22 a 6.
El personal de Seguridad Ciudadana municipal será el encargado de abrir y cerrar los portones con candados. Mientras que los accesos principales permanecerán abiertos para el tránsito en horarios nocturnos.

Desde el municipio indicaron que también el cuartel de bomberos voluntarios tendrá llaves de ingresos para casos de emergencias. Además de los portones, la zona cuenta con más de 40 cámaras, domos, patrullaje, alarmas conectadas a la Policía como Ibis SOS y lectura de patentes de autos.
El cierre de calles avanzó con polémica y rechazo por parte de un grupo de habitantes por lo inusual de la medida incluso con pedidos de intervención de la Justicia. Y forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad” bajo la ordenanza N° 14/2025 aprobada el 19 de mayo de 2025.
A más de un año, los portones son una realidad en la vida cotidiana de los habitantes de ese sector de la ciudad.
El municipio sostuvo que el 65% de los hechos delictivos suceden en horarios nocturnos. Si prospera, lo ampliaría a otras zonas que considera crítica con respecto a hechos de inseguridad. Entre otros, a los barrios La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro.

La prueba lanzada por "la Villa" es seguida de cerca por otros municipios para saber cómo funciona y en base a eso replicarla o no.
En esta primera etapa, los portones se instalaron en las siguientes calles: Mendoza y Queupú, Amazonas y Puerto Argentino; Buenos Aires y Puerto Argentino, Barcelona y Puerto Argentino; San Luis y Río de Janeiro, Goycoechea y Rolland; Goycoechea y Ricardi, Goycoechea y Del Cid; Colectora Sur y San Luis, Colectora Sur y California, Colectora Sur y Boston; Mendoza y Buenos Aires; Alto Perú y Papa Francisco.
La inversión municipal total fue de $ 107 millones para las 13 unidades, y más de $ 80 millones para la instalación.

Los portones son de chapa reforzada de tres metros de alto y de 2,05 metros cada "hoja" rebatible, que son cuatro. Tiene un paso peatonal e incluye un espacio para sillas de ruedas. Además, cuenta con iluminación de luz solar y los tótems en los que se apoyan tienen elementos visuales como el nombre del barrio y la frase "zona segura".
Están diseñados para que durante el día, abiertos, circulen hasta vehículos de gran porte como camiones. La Municipalidad indicó que no habrá controles de acceso ni pedido de datos personales porque no habrá una persona física en los lugares.
El intendente municipal, Pablo Cornet, adelantó a La Voz que "los portones solos" como medida de seguridad no alcanzan. Por eso se implementa un plan integral (cámaras, patrullajes, entre otros). Consideró que, con el apoyo de la Justicia, el sistema tiene "altas chances de ser exitoso".
"Sabemos que la medida es inédita y no infalible, pero creemos que mejorará mucho la seguridad en los barrios. Veremos cómo funciona y cómo seguirá en el futuro. La decisión es de los vecinos", expresó.

Y recordó que en los dos primeros barrios se les dio participación con el Registro de Oposición cuyo resultado fue por debajo del 40% que plantea como requisito mínimo de oposición para dejar sin efecto la medida.
También el intendente argumentó que la prueba piloto no sólo depende de Villa Allende, sino también de Córdoba y del país. "Si se logra bajar todos los índices de criminalidad, aumentar el empleo, mejorar la educación, sin dudas habrá mejoras, y a futuro esta medida no será necesaria", afirmó.
El secretario de Gobierno municipal, Felipe Crespo, sostuvo: "Queremos que se convierta en una política de seguridad sobre todo a nivel local". Y agregó que medirán el impacto en seguridad dentro de seis meses.
La puesta en marcha de los cerramientos generó rechazo en un grupo de vecinos autoconvocados, quienes consideraron que los portones “no pararán a los ladrones". Pero además el cierre de calles les impide la libre circulación y que el Registro de Oposición no incluyó a todos los vecinos.
Por eso presentaron un amparo colectivo ante la Justicia, pero la solicitud no prosperó y se dio luz verde al municipio. Entonces, solicitaron la intervención del Tribunal Superior de Justicia, que aún no se expidió.

El abogado Hugo Yagüe señaló que continuarán realizando acciones (charlas, intervenciones callejeras, entre otras) "porque es indignante que la Justicia no se pronuncie". E indicó que los portones impedirán el paso a las personas discapacitadas.
Otros vecinos brindaron apoyo ya que observan que la medida es un esfuerzo para reducir el índice de delitos contra la propiedad.