Femicidios. Triple crimen de Florencio Varela: hay tres nuevos sospechosos en la causa
La Justicia Federal de Morón logró nuevas vinculaciones en la causa por los femicidios de Brenda, Morena y Lara tras rastrear viajes en aplicaciones y movimientos en billeteras virtuales
El expediente por el triple crimen narco de Florencio Varela sumó novedades de peso en las últimas horas con la identificación de tres nuevos sospechosos vinculados a los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El Juzgado Federal N° 2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Rodríguez, según informó Infobae, logró avanzar en la reconstrucción de la logística utilizada para el traslado y cautiverio de las víctimas.
De forma simultánea, se concreta este lunes el traslado de Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”. El acusado vuela en un avión de la Fuerza Aérea hacia la base de El Palomar para ser indagado, ocho meses después de haber sido capturado en el exterior.
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Nuevas identidades y logística criminal
La investigación, impulsada por el secretario Ignacio Calvi, permitió individualizar a tres figuras que hasta el momento no habían sido procesadas en el marco de la causa. Según fuentes judiciales, estos nuevos sospechosos habrían cumplido roles específicos en la cadena delictiva:
- Traslado de las víctimas: dos de los sospechosos habrían sido los responsables de llevar a las jóvenes hasta la vivienda de Villa Vaettone, en Florencio Varela.
- Privación de la libertad: un tercer individuo está señalado por colaborar activamente en la privación ilegítima de la libertad de las tres víctimas.
El hallazgo de estos implicados, según lo informado por el mismo medio, fue posible gracias a la combinación de testimonios de otros imputados y una testigo clave. Estos relatos fueron complementados con el análisis técnico de cruces de antenas de telefonía, registros de viajes en autos de aplicación e información obtenida de billeteras virtuales.
El presunto rol de “Pequeño J” y las penas previstas
Tony Janzen Valverde enfrentará este martes una indagatoria vía Zoom desde la sede de la Policía Federal Argentina en Villa Lugano. El joven peruano está imputado por delitos de extrema gravedad que incluyen privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa.
La acusación sostiene que los crímenes fueron cometidos con ensañamiento, alevosía, premeditación y en un contexto de violencia de género. De ser hallado culpable, la única pena posible para Valverde y el resto de los coautores es la de prisión perpetua.
La Justicia busca determinar su grado de participación en los tormentos sufridos por Brenda, Morena y Lara. Las víctimas fueron torturadas y apuñaladas incluso después de haber fallecido, según consta en el expediente.
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Prófugos y la cúpula de la organización
A pesar de los avances, la causa mantiene a dos hombres con pedido de captura internacional que ostentan rangos superiores en la organización criminal. Se trata de ciudadanos peruanos identificados como Manuel David Valverde Rodríguez y Alex Ydone Castillo.
Ydone Castillo es investigado como el presunto dueño de la droga cuyo robo habría motivado la represalia criminal contra las jóvenes. Por su parte, Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, intentó desvincularse del hecho alegando que se encontraba en Perú al momento de los crímenes.
Para evitar la saturación de las fuerzas locales, la Justicia Federal convocó a la Gendarmería y la Prefectura Naval para colaborar en las tareas de inteligencia y campo. Esta decisión busca reforzar la seguridad de una investigación que históricamente estuvo en manos de la DDI de La Matanza.
Resoluciones de la Cámara Federal
Recientemente, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados, entre ellos Milagros Ibáñez y Miguel Ángel Villanueva Silva. Los magistrados Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones también confirmaron embargos por mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados.
No obstante, los jueces dictaron la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”. Si bien testigos lo situaban presenciando los asesinatos mediante una videollamada desde su celda, la Cámara consideró que las pruebas actuales carecen de la fuerza necesaria para mantener su procesamiento.
Cubas Zavaleta, un expolicía que se desempeñaba como zapatero, negó cualquier participación en el hecho y presentó un habeas corpus por sus condiciones de detención. La Justicia ordenó profundizar la investigación sobre su presunto rol como nexo local de la banda.
