El sistema de obras sociales se financia con aportes obligatorios de trabajadores y empleadores sobre el salario, equivalentes en total al 9%. Desde los años noventa, la posibilidad de elegir obra social facilitó el ingreso de las prepagas, que operaban a través de convenios con obras sociales encargadas de derivarles los aportes a cambio de una comisión.
En 2025 se eliminó esa intermediación y las prepagas pasaron a competir directamente, con afiliados propios. Aunque fue un cambio importante en la organización del sistema, no resolvió sus problemas financieros de fondo.
Los números no cierran
El desajuste del sistema no es solo una percepción: también aparece en los números. Un informe técnico de la CGT sobre las obras sociales sindicales lo muestra con bastante claridad. Según ese relevamiento, el aporte promedio por afiliado ronda los $ 67.525 por mes. Sin embargo, el costo de cubrir las prestaciones básicas es bastante más alto.
Para entender esa diferencia, hay que explicar un concepto clave: el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se trata de la canasta mínima de prestaciones que, por ley, obras sociales y prepagas deben garantizar a todos sus afiliados. Incluye consultas, estudios, tratamientos y medicamentos considerados esenciales.
Hoy, cubrir ese paquete básico cuesta cerca de $ 85 mil mensuales por persona. Es decir, incluso en promedio, los ingresos no alcanzan para cubrir lo mínimo exigido. Y la situación es aún más desigual: el 67% de los afiliados disponen de recursos por debajo de ese promedio. En otras palabras, la mayoría aporta bastante menos que lo que cuesta cubrir lo básico.
Pero el problema no es sólo cuánto dinero entra, sino también cómo fueron creciendo las obligaciones. Cuando el PMO se creó, en 1996, la idea era establecer un piso de cobertura. Con el tiempo, ese piso se fue ampliando.
Por un lado, se sumaron nuevas prestaciones por ley, algunas vinculadas directamente a la salud y otras más discutidas. Por otro lado, se incorporaron tratamientos y tecnologías cada vez más costosos. En muchos casos, estas coberturas se agregaron a partir de fallos judiciales, a través de amparos presentados por pacientes ante la falta de regulaciones claras.
Así, lo que empezó como un paquete básico terminó convirtiéndose en una obligación mucho más amplia, más cara y más difícil de sostener. Ahí aparece una de las claves del problema: ampliar derechos en el papel es relativamente sencillo; definir cómo financiarlos no lo es tanto. En el sistema de salud, esa diferencia se traduce en demoras, conflictos, más litigios y, en última instancia, una cobertura más inestable para los afiliados.
Sin ordenar el sistema, la crisis va a seguir
Por eso, el desafío no pasa sólo por introducir más competencia. El punto central es volver a ordenar la relación entre lo que el sistema promete y el dinero con el que efectivamente cuenta.
Eso implica revisar qué prestaciones debe cubrir obligatoriamente y cuáles deberían ser financiadas directamente por el Estado. Hay temas como discapacidad, salud mental, adicciones o geriatría que deberían organizarse desde organismos públicos específicos, que posean la capacidad de definir quién puede ser beneficiario y que cuenten con financiamiento. Y por otro lado, que los nuevos tratamientos o tecnologías que vayan surgiendo se incorporen según criterios claros de efectividad y costo.
También hay que discutir cómo se usan los recursos que ya existen. Si la mayoría de los afiliados aportan por debajo del promedio, los mecanismos de compensación deberían concentrarse en reforzar la cobertura de los sectores de menores ingresos. En ese punto aparece el Fondo Solidario de Redistribución, creado para equilibrar diferencias dentro del sistema, pero cuya asignación hoy es arbitraria.
Cuando un sistema promete más de lo que puede financiar, el resultado no es más protección, sino un deterioro general de la atención. La salida, aunque incómoda, pasa por ordenar prioridades.
