Ciudad de Córdoba. Habitantes de diversos barrios suman reclamos contra los ruidos molestos y piden controles
Vecinos del Centro, Nueva Córdoba y San Vicente denuncian ruidos por caños de escapes libres, "picadas" y música a volumen alto. La Justicia hizo lugar a un amparo interpuesto por vecinos de Alejandro Centeno. El Concejo Deliberante trabaja en un proyecto para endurecer las faltas.
“No podemos dormir”, “nos quitaron la calidad de vida”, “es insoportable”. Las frases corresponden a vecinos de diferentes puntos de la ciudad de Córdoba. Entre ellos, de los barrios San Vicente, Nueva Córdoba, Centro y San Camilo, quienes sostienen que los ruidos de caños de escapes libres de motos, “picadas” y de música a volumen alto alteran la convivencia urbana y el descanso.
Los ruidos molestos, conocidos como contaminación acústica, son sonidos no deseados, que exceden la tolerancia normal, lo que genera molestias a la población.
En la ciudad existe la ordenanza N° 12.208 que regula, previene y controla la emisión de ruidos, y vibraciones que generan molestias o afectan a las personas y al ambiente. La norma señala que en el caso de las motocicletas estas no deben superar los 82 decibeles (dBA), y en audiciones musicales los 85 dBA.
Los vecinos sostienen que llegan a “un punto de hartazgo” por los ruidos y si bien hacen las denuncias ante el municipio o ante la Justicia, también hay otras vías como la mediación.
Por caso, el Centro Público de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo relevó, en lo que va de 2026, que de 500 el 7% corresponde a consultas por ruidos molestos provenientes de música a volumen elevado, uso de herramientas o maquinarias, entre otras.
A pesar de ello, los habitantes de esos sectores mencionados sienten que no se respeta la normativa y piden controles para recuperar la tranquilidad.
Pedidos de los vecinos
Darío, vecino de Nueva Córdoba, contó a La Voz lo que viven a diario los habitantes de ese sector: “El gran problema que tenemos es con las caravanas de recibidos que pasan a los bocinazos desde Ciudad Universitaria por Chacabuco hasta plaza España”.
Y contó que “hasta seis años atrás se podía descansar, pero pospandemia los ruidos se multiplicaron”. Y lo diferenció con los festejos en el Patio Olmos, porque son puntuales y no de todos los días.
Además, sumó que “las motos con escape libre afectan la salud de muchos”. De igual modo coincidió Juan Aramayo, presidente del Centro Vecinal del barrio: “Hay picadas de motos con escapes libres a toda hora y se incrementó con los deliveries”.
También Leonel Loyola, presidente del Centro Vecinal de San Vicente, se refirió a los caños de escapes y autos con parlantes que circulan por las calles del barrio, especialmente por Sargento Cabral, San Jerónimo y la explanada del CPC. "Exigimos que se cumpla la ordenanza vigente y se controle con decibelímetro, pero no obtuvimos respuestas concretas", expresó.
El mismo planteo hicieron los demás centros vecinales, en el caso del Centro la problemática se centra en la falta de regulación a la contaminación sonora, vehicular y de las movilizaciones que se dan en la zona. Pero diferenciaron que “los nuevos circuitos, como las súper manzanas o ciclovías disminuyeron el ruido”.
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Un barrio que fue a la Justicia
Los residentes de Alejandro Centeno y de Los Ángeles, ubicados al norte de la ciudad, presentaron un amparo colectivo ambiental contra el municipio y la empresa Desenchufados SRL (dueña de Unplugged) al que la Justicia admitió.
La presidenta del centro de los barrios, Noelia Papalini, dijo a La Voz que la medida busca frenar la degradación que vive desde hace años ese sector de la avenida Rafael Núñez, entre la calle Manuel López y la Mujer Urbana, “por el impacto de la actividad nocturna desmedida”.
"Agotamos todas las instancias. No estamos en contra del progreso ni de los comerciantes, pero el deterioro de la zona es grande: perdió su perfil residencial y se transformó en un escenario de ruidos molestos, suciedad y vandalismo", señaló.
La abogada de los vecinos, Marcela Fernández, consideró que el amparo es una vía idónea “para hacer cesar una omisión irregular del municipio para hacer los controles y se demandó al local bailable Unplugged por superar los niveles de sonido y la capacidad de asistentes”.
Y agregó: “Los argumentos se fundan en el impacto negativo en la calidad de vida de los vecinos por una actividad nocturna constante, ruidos y saturación de napas”, indicó. También remarcó que los vecinos exigen medidas de control, fiscalización de habilitaciones y la adopción de un plan integral de gestión urbana con participación comunitaria.
En tanto, la abogada de la empresa, Eliana Alterman, sostuvo que el amparo impulsado por el Centro Vecinal “fue usado de manera indebida” y “con un criterio discriminatorio contra Unplugged como si fuera el único local de la zona”. Y afirmó que la Justicia ya rechazó la medida cautelar que pretendía su clausura preventiva en diciembre de 2025.
Además precisó que el decreto dictado el 2 de julio pasado admitió el trámite del amparo colectivo, pero descartó la mayor parte de los planteos. “Solamente van a analizar el tema del poder de policía de la Municipalidad”, explicó.
Y ratificó que las actividades del local se encuentran dentro de la normativa vigente: “Nunca incumplimos la ley y tenemos las habilitaciones”. Y subrayó que la empresa responderá a la demanda ratificando esa postura.
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Proyecto para destruir caños de escapes
Frente a este contexto –que, según habitantes de estos sectores, padecen a diario– los vecinos presentaron diversos pedidos a las autoridades, y expusieron la problemática ante el Concejo Deliberante.
El concejal Marcos Vázquez (HUxC), a cargo de la Comisión de Servicios Públicos, afirmó a La Voz, el Concejo impulsa iniciativas para dotar al municipio de herramientas más eficaces para actuar.
“El primer objetivo es permitir la remoción inmediata de los vehículos que circulen con escapes no homologados o modificados, y la destrucción de esos dispositivos para impedir que vuelvan a ser utilizados”, contó.
Y amplió que es “es indispensable fortalecer los controles sobre comercios y talleres que fabrican o instalan estos elementos”. Además descartó la compra de decibelímetros, por los costos, y argumentó que el uso de dispositivos no reglamentarios es motivo suficiente para la retención del vehículo.
También prevé penas más severas para quienes cometan faltas en zonas sensibles (hospitales, clínicas, residencias de adultos): multas agravadas e incluso la inhabilitación para el conductor en casos de reincidencia.
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26 actuaciones municipales en 2026
El director ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, indicó que el municipio sostiene un esquema permanente de fiscalización, prevención e intervención ante situaciones vinculadas a los ruidos molestos (restaurantes, bares, boliches, entre otros espacios de esparcimiento nocturno). Para realizar estas tareas el Ente cuenta con cinco decibelímetros calibrados.
Y sumó que en los últimos años, los datos muestran un incremento de las actuaciones: en 2023 se labraron 9 actas de constatación, en 2024 fueron 42, en 2025 ascendieron a 45 y, hasta junio de 2026, se contabilizaron 26 actuaciones.
Además, sumó que en numerosos casos, la presencia de los inspectores permite que los responsables cesen voluntariamente la conducta, adecuen el funcionamiento del establecimiento o se constate que no existe infracción, lo que evita labrar un acta.
También destacó la práctica digital, con Mi Docta, en 2024 se registraron 90 reclamos, en 2025 73 denuncias vinculadas a actividades nocturnas, de las cuales 45 derivaron en actuaciones, y en lo que va de 2026 se recibieron 130 reclamos, de los cuales 26 derivaron en actas.
