Histórico operativo. Recuperaron cartas de San Martín y Rosas que iban a ser subastadas de forma ilícita
El procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.
En un importante golpe contra el tráfico de bienes culturales, la Policía Federal Argentina (PFA) logró el secuestro de más de 200 documentos históricos de incalculable valor patrimonial.
Las piezas, que incluyen escritos originales de próceres como José de San Martín y Juan Manuel de Rosas, estaban por ser rematadas en una casa de subastas del centro porteño por un valor base de 100 mil dólares.
El operativo y los hallazgos
La intervención fue realizada por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional. El procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.
El lote incautado no sólo contenía correspondencia, sino también recortes periodísticos, libros y fotografías vinculados a diversas instituciones del Estado Nacional y provincial. Entre los manuscritos rescatados se destacan piezas atribuidas a figuras centrales de la historia argentina como:
- General José de San Martín.
- Juan Manuel de Rosas.
- Juan Martín de Pueyrredón.
- Carlos María de Alvear.
- Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Investigación y marco legal
La pesquisa se inició gracias a las tareas de monitoreo que realiza el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA sobre sitios de subastas y compraventa en línea.
Tras detectar la oferta en un sitio de dominio público, se determinó que la venta de estos bienes infringía la Ley N° 15.930, la cual regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación (AGN).
Esta normativa, vigente desde 1961, otorga al Estado la potestad de intervenir cuando se detectan bienes de interés público cuya comercialización pueda poner en riesgo el patrimonio histórico nacional. Según informaron las autoridades, los sellos, la tipografía y la datación de los documentos fueron claves para evidenciar la infracción legal.
Situación judicial
Tras reunir las pruebas necesarias, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, liderado por el juez Ariel Lijo, ordenó el allanamiento del local.
Actualmente, todo el material recuperado se encuentra bajo depósito judicial a disposición de la justicia, a la espera de que se realicen las pericias técnicas correspondientes para determinar su destino final.
