Un proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de Córdoba con el objetivo de reorganizar el estacionamiento medido en la vía pública y avanzar hacia un esquema operado exclusivamente por la aplicación oficial municipal SEM. La iniciativa fue presentada por los concejales Javier Fabre, de la Unión Cívica Radical, y Soher El Sukaria, del PRO, y también propone la reconversión de los naranjitas en controladores del esquema.
El texto establece un “Sistema de Estacionamiento Medido Digital” para automotores y motovehículos en todo el ejido municipal, con operación exclusiva mediante la app oficial. En ese marco, fija como regla el uso del canal digital y elimina cualquier intermediación basada en efectivo.
Uno de los ejes es la prohibición expresa de que personas físicas o jurídicas cobren estacionamiento en la calle, incluidas cooperativas u otras organizaciones. También impide el uso de parquímetros, máquinas expendedoras de tickets y cualquier medio no digital para el cobro.
La iniciativa dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal determine las zonas donde se aplicará el sistema, con vigencia anual, y criterios de ordenamiento urbano y movilidad. Esa delimitación debe ser remitida al Concejo para su aprobación y tratarse en la primera sesión ordinaria del período legislativo correspondiente.
Hasta que el Concejo se expida, las zonas que defina el Ejecutivo mantendrán su vigencia sin poder exceder el plazo de un año. El texto también habilita que se establezcan horarios y días de aplicación, incluso fines de semana y feriados, si se invocan razones de interés público.
En materia tarifaria, el proyecto indica que el Ejecutivo fijará los valores por decreto y podrá disponer tarifas diferenciadas por zona, franja horaria o día. Las actualizaciones quedan limitadas, ya que no podrán superar la variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Indec para el período que se pretenda actualizar.
El control del cumplimiento del pago a través de la app podrá quedar a cargo de personal municipal, de personas físicas contratadas por la Municipalidad o de sistemas tecnológicos automatizados de reconocimiento vehicular. En todos los casos, el proyecto vincula esa fiscalización al funcionamiento de la aplicación oficial.
Reconversión de naranjitas
Para quienes cumplan funciones de control, el texto fija requisitos que incluyen residencia permanente en Córdoba, secundario completo y certificación de antecedentes. También exige aprobar capacitaciones obligatorias, un examen psicofísico y no registrar sanciones por delitos dolosos, además de otros requerimientos que se definan por reglamentación.
En paralelo, el proyecto incorpora un esquema de “prioridad de contratación” para exintegrantes de cooperativas que prestaban servicios de estacionamiento controlado bajo el régimen anterior. Esa prioridad se extiende, en igualdad de condiciones, a otros grupos como jefas y jefes de hogar desempleados y personas en situación de vulnerabilidad social certificada.
El rol de los agentes de control incluye verificar en la app el pago del estacionamiento y orientar a los usuarios sobre el sistema digital. También contempla la posibilidad de labrar actas de infracción e informar irregularidades a la autoridad de aplicación.
El articulado incorpora prohibiciones específicas para esos agentes, que no podrán recibir ni solicitar dinero, tickets u otra forma de pago directo. También se prohíbe mediar en el pago, ejercer intimidación o coacción, realizar actividades comerciales durante la jornada y delegar funciones en terceros.
El proyecto tipifica infracciones para usuarios, como estacionar sin abonar por la app o pagar menos tiempo del utilizado, con sanciones en Unidades de Multa. Además, prevé multas más elevadas para terceros que cobren sin autorización o intimiden a usuarios para obtener pagos, con decomisos y eventual denuncia penal si correspondiera.
El texto también fija sanciones para agentes de control que incumplan las prohibiciones, con suspensiones y cesantía en caso de reincidencia, además de inhabilitación para prestar servicios a la Municipalidad por dos años. Si la infracción configurara delito penal, plantea cesantía inmediata y denuncia penal.
Como autoridad de aplicación, el proyecto menciona a la Secretaría de Movilidad Urbana o al área municipal que la reemplace. Entre sus facultades, incluye administrar la app, seleccionar y capacitar agentes, aplicar sanciones y celebrar convenios con entidades públicas o privadas para la operación técnica del sistema.
La iniciativa incorpora un período de transición de 90 días desde la entrada en vigencia del sistema digital, durante el cual se prevé una campaña de difusión masiva. En ese lapso, los agentes deben priorizar la orientación a los usuarios y las sanciones por incumplimiento se reducirán en un 50%.
Cómo se incorporarían los naranjitas
En el capítulo social, se crea un “Registro Especial de Exintegrantes de Cooperativas de Estacionamiento” para quienes acrediten haber formado parte del régimen anterior y busquen postularse como agentes de control. El plazo de inscripción se fija en 60 días desde la publicación de la ordenanza.
El proyecto establece derogaciones sobre ordenanzas y decretos vinculados al sistema actual, y declara la finalización de permisos y concesiones vigentes otorgados a cooperativas u otras organizaciones. También señala que las organizaciones afectadas no tendrán derecho a indemnización, sin perjuicio de acciones legales por incumplimientos contractuales pendientes.
En cuanto a plazos, la ordenanza regiría desde su publicación en el Boletín Oficial Municipal, pero el sistema digital obligatorio entraría en vigencia a los 120 días corridos desde su promulgación. A su vez, el Ejecutivo debería reglamentar la norma en un máximo de 60 días, definiendo zonas, tarifas, procedimientos de selección y el régimen laboral de los agentes.
En diálogo sobre la iniciativa, Fabre afirmó que uno de los puntos de partida fue la necesidad de unificar reglas y eliminar superposiciones normativas. “Lo primero que me pareció necesario era limpiar las ordenanzas”, dijo el concejal, al referirse a cambios y modificaciones acumuladas en el tiempo.
Fabre sostuvo que el esquema apunta a que el cobro deje de depender de la interacción en la calle y quede concentrado en la app municipal. En esa línea, planteó que el objetivo es quitar a terceros la posibilidad de cobrar a los usuarios y reducir escenarios de presión o temor al estacionar.
El edil indicó que, a su criterio, el sistema actual expone a situaciones de “doble cobro”, cuando el usuario paga por aplicación y además entrega dinero en la vía pública. También mencionó que, según conversaciones que relató, existen dificultades operativas para multar si no hay señalización en el lugar, aun cuando la cuadra esté incluida en una zona tarifada.
En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron que el sistema digital permitiría trazabilidad total de los pagos y reduciría costos operativos mediante tecnología.
También argumentaron que el nuevo marco legal busca eliminar la conflictividad asociada al cobro directo y mantener oportunidades laborales para excooperativistas a través de funciones de control, condicionadas a capacitación y a requisitos formales.
