No sólo las leyes de Financiamiento Universitario y de Prestaciones de la Discapacidad: el Gobierno nacional también incumple las partes que le tocan en las leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Legal e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ley N° 27.610 es la que obliga a garantizar el acceso gratuito, seguro y confidencial a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todos los hospitales, centros de atención primaria, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Y entre las obligaciones principales, figura proveer de manera 100% gratuita los medicamentos (como el misoprostol), además de garantizar los estudios complementarios, la internación y el acompañamiento médico y nutricional a través del sistema de salud.
Desde que Javier Milei inició su gestión, se cortó la provisión de fármacos para el aborto medicamentoso. En Córdoba, las ILE y la IVE se hacen con compras de pastillas y con cirugías cubiertas por la Provincia.
A su vez, por la ley nacional 25.673 el Estado nacional está obligado a la entrega gratuita y accesible de preservativos, anticonceptivos orales/inyectables, DIU, implantes subdérmicos y anticoncepción de emergencia en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. Todo esto tuvo que ser asumido por la Provincia, ante el desgranamiento o la desaparición de lotes de insumos para los programas que debían ser comprados y entregados por la Nación.
En una exaltada intervención en contra de la periodista Débora Plager, a la que tildó de cómplice de genocidio por respaldar años atrás la ley, Milei equiparó el aborto con asesinatos y luego vinculó “el desastre del aborto en Argentina” con la caída en la tasa de natalidad. La relación no tiene ningún fundamento: la caída en la fecundidad se trata de un fenómeno global que en rigor empezó mucho antes de la sanción de la ley de IVE y de ILE en Argentina, y estudios internacionales la vinculan a una multiplicidad de factores, con mucha mayor incidencia del acceso a redes sociales e internet y la cultura de la individualidad que con las políticas de planificación familiar o de interrupción del embarazo.
Sin una pátina de (falsa) moral, no hay mejor manera de evitar abortos que con programas de educación sexual integral (ESI) constantes y actualizados, que además de enseñar sobre los vínculos y los cuerpos se ocupe de hacer frente a la desinformación y las respuestas sin perspectiva de derechos ni respaldo científico en redes y plataformas de IA. El complemento de la educación es el acceso amplio y sin barreras económicas ni sociales a todos los métodos anticonceptivos y de prevención de ETS.
Milei, contra el aborto y la eutanasia: “Cualquier interrupción es un asesinato”
Milei parece encarnar con su asociación libre entre caída de natalidad y aborto legal una remake del “gobernar es poblar” de los líderes de la Generación de 1880 en Argentina, en medio de las campañas contra el indio y la apertura a la inmigración europea.
¿Hará falta decir lo obvio, que son otros tiempos? La política por omisión de deberes que despliega el Gobierno nacional, si no se explica en algún problema con la libertad sexual de los otros, parece apuntar a una corrección en el cambio demográfico con embarazos no deseados, como los adolescentes, uno de los mayores logros que gestó la política sanitaria argentina en las últimas décadas.
