Presos. La población carcelaria de Córdoba creció un 43,5% en los últimos tres años

La población de internos alojados en los establecimientos del Servicio Penitenciario de Córdoba registró un incremento del 43,5% en el período comprendido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025.

Según los últimos registros estadísticos oficiales el sistema tiene 17.452 personas privadas de libertad.

Con este número, Córdoba incrementaría su ya alta tasa de encarcelamiento, que a fines de 2024 y con 14 mil detenidos la ubicaba al tope del ranking nacional con 377 presos cada 100 mil habitantes.

Del total de la población actual, el 52,3% (9.114 internos) se encuentra en situación de procesados, mientras que el 41% (7.139 internos) posee condena firme. Pero hay que aclarar que para el Servicio Penitenciario quien tiene condenas de primera y hasta de segunda instancia, pero aún mantiene recursos pendientes sigue siendo un procesado.

El análisis de la evolución poblacional de los últimos 12 años muestra una tendencia ascendente sostenida: en 2014 la cifra era de 6.481 internos, ascendiendo a 10.407 en 2019, y alcanzando los 16.626 al cierre de 2025. Los incrementos interanuales más significativos de los últimos registros se dieron en 2023, con un 14%, y en 2024, con un 13%.

Al 23 de enero de 2026, la cifra se situaba en 16.992. El último número disponible es del pasado 20 de mayo: 17.452 internos.

Con los números de enero, el propio Servicio Penitenciario informó en la Legislatura de Córdoba su realidad de sobreocupación y saturación de capacidad.

El Complejo Carcelario N°1 (Bouwer) alojaba a 8.579 internos sobre una disponibilidad original de 2.756 camas, lo que representaba un índice de sobrepoblación del 30,4%. Esta cárcel fue diseñada para tener celdas individuales, algo que luego se corrigió a dos. Hoy en algunos módulos duermen hasta cuatro por celda. Un hábeas corpus colectivo obligó a la Provincia a descomprimir algunos espacios, tras denuncias de que había detenidos que dormían con un colchón en el piso.

La situación de mayor presión se registraba en el Establecimiento Penitenciario N°9 (Unidad de Contención del Aprendido, UCA) y su anexo, donde se alojaban 1.176 personas frente a una capacidad operativa de 247, resultando en una sobrepoblación del 72,3%. Rige un hábeas corpus que obliga a la Provincia a no superar el número de mil detenidos en este establecimiento de barrio Cáceres.

Estos números, actualizados a mayo, son 9.691 internos en el Complejo Carcelario de Bouwer y 1.066 detenidos en la UCA, de los cuales 451 son primarios (42%) y 615 reiterantes. Este dato tiene relevancia social, antes que penitenciaria: es el que marca la evolución de “nuevos clientes” del sistema penal.

Otros centros carcelarios presentaban las siguientes cifras de ocupación:

Los únicos que se salvaban del diagnóstico de hacinamiento eran el EP N°4 de Monte Cristo (102 internos) y el EP N°8 de Villa Dolores (447 internos), ambos sin sobrepoblación.

La secretaria de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández, en ese mismo informe a la Legislatura actualizó el avance de las principales obras que tiene en marcha la Provincia para incrementar la capacidad en las cárceles.

“Para abordar la demanda de plazas, el Estado provincial ejecuta un plan de obras con una inversión total de $166.923.516.268,51. El eje central de esta inversión se concentra en la ampliación de capacidades de alojamiento y la creación de centros de seguridad diferenciada. Entre las obras de mayor envergadura se encuentran el Módulo 3 en Bouwer con capacidad para 1.000 internos, que cuenta con un 90% de ejecución y se encuentra en etapa de prueba de vacío. En paralelo, se construye el Cemax, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a 1.000 internos de alto perfil de riesgo, la cual presenta un 65% de avance de obra. El presupuesto conjunto para el Módulo 3 y el CEMAX asciende a $134.454.316.268,51”, informó Fernández.

Los presos de máxima seguridad, actualmente, están alojados en un pabellón especial en Cruz del Eje, con celdas individuales. Son cerca de 100, entre los que se destacan Roberto Carmona, Martín Luzi y, apenas termine el proceso en Entre Ríos, se espera de regreso a Pablo Rodríguez Laurta. Una decena de presos de alto perfil fueron trasladados a penales de máxima seguridad federales, a pabellones en Ezeiza y en Marcos Paz. Se trata de una pequeña contraprestación a cambio del alojamiento de 297 presos que están detenidos jurisdicción federal, por delitos como narcotráfico y lavado de dinero, secuestros extorsivos, evasión impositiva o trata de personas, y aún quedan dos condenados por delitos por lesa humanidad.

El plan de infraestructura para esta año incluye obras en el EP3 (Mujeres). Allí se construyen otros dos módulos de alojamiento, un Centro de Alojamiento Diferenciado, un Centro de Adicciones y un hospital modular. También se incluyeron en el proyecto cinco casas para mujeres con hijos, con un 50% de avance y un presupuesto de $ 183 millones.

Para la cárcel de Cruz del Eje se planeó la construcción de un módulo habitacional para 120 internos, con un presupuesto de $ 1.972.000.000.

En el EP4 (Monte Cristo) la previsión es sumar módulos habitacionales de régimen diferenciado y servicios de apoyo para 400 internos, por un monto de $ 9.000.000.000 . Y e están construyendo módulos de 120 plazas para los establecimientos de Villa María (EP5 - 30% avance), Río Cuarto (EP6 - 20% avance), San Francisco (EP7 - 30% avance) y Villa Dolores (EP8), cada uno con un presupuesto aproximado de $ 1.972.000.000.

Existe una UCA Anexo, ubicada en el mismo predio del Complejo Esperanza, pero separada de los espacios que alojan a menores en conflicto con la ley penal. Allí se construyen dos módulos, y se está finalizando un muro perimetral de 5 metros, con nuevos sectores de requisa y videollamadas, con un 65% de ejecución y un presupuesto de $ 4.215.000.000 .

Una de las áreas en las que se busca modernizar y mejorar la gestión es en el sistema de medidas alternativas y monitoreo de detenidos que están bajo la órbita del Patronato del Liberado, que en marzo gestionaba a 6.789 personas tuteladas.

Son las personas que deben cumplir las condiciones de una probation, tienen libertad anticipada, condicionada o completan sus condenas con prisión domiciliaria, todo esto con o sin tobillera electrónica.

“La gestión actual impulsa una transformación del Patronato del Liberado centrada en el monitoreo activo y el seguimiento territorial a través del control remoto tecnológico, con la implementación de herramientas de supervisión que incluyen seguimiento mediante llamadas, videollamadas y geolocalización, enmarcado en un proceso de modernización administrativa y un sistema de Libertad Vigilada de Alta Intensidad, con el que se busca la supervisión intensiva de personas privadas de la libertad consideradas de bajo riesgo mediante el uso de domiciliarias controladas, con el objetivo de descomprimir el sistema penitenciario tradicional”, explicó en el informe a la Legislatura Nadia Fernández.

Para la ejecución de este sistema, se buscará incrementar la disponibilidad de herramientas de monitoreo híbrido como las pulseras electrónicas (tobilleras), los sistemas de geolocalización y la biometría, destacaron.

Las domiciliarias sufrieron un fuerte impacto negativo y de desconfianza tras el caso de Horacio Grasso, un hombre que gozaba el beneficio a pesar de no tener informes favorables de los técnicos del Servicio y de haber incumplido en reiteradas oportunidades las condiciones de detención, con reportes de visitas que no lo encontraron y múltiples alarmas por la detección de su presencia fuera del radio predeterminado para su ubicación permanente vía tobillera electrónica. Grasso es el preso que convivió en su departamento con el cadáver escondido en un armario de Milagros Basto y será juzgado por el abuso sexual de una familiar, hecho que habría ocurrido en ese mismo lugar donde cumplía su domiciliaria, para completar una condena por la muerte de un niño en una balacera cruzada en Colonia Lola, décadas atrás.

Para tratar de ganar confianza en los jueces de ejecución penal el proyecto de refuerzo del Patronato contempla una Unidad de Pronta Respuesta para alertas tempranas destinadas a los magistrados y el fortalecimiento de equipos especializados en ciencias del comportamiento para fomentar el cumplimiento de las medidas impuestas.

En el momento de ese informe, el Servicio Penitenciario de Córdoba se sustentaba en una nómina de 4.525 agentes, de los cuales 4.293 se encontraban en actividad operativa. El personal cuenta con formación especializada a través de convenios con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que incluye una Licenciatura en Seguridad Penitenciaria y una tecnicatura para suboficiales. Para el año 2026, la proyección de incorporación es de 500 nuevos agentes.

El reporte informó sobre un dato muy poco publicitado: la cantidad de decesos de internos en custodia. Según el informe oficial durante el período 2024-2025 se registró un total de 68 fallecimientos: 55 por causas no traumáticas y 13 por causas traumáticas. De estas últimas, hubo 4 homicidios, 7 suicidios y 2 muertes por quemaduras.

Al 31 de diciembre de 2025, el costo mensual por interno era de 1.098.120,42 pesos, con una proyección durante este año de un incremento para llegar a 1.325.201,48 pesos mensuales, lo que también se podría decir de este otro modo: cuestan $ 44.173,38 diarios. Por cada uno de los 297 presos federales alojados, el Estado Nacional abona una suma de 2.000 pesos, publicó el Servicio Penitenciario en ese informe.

El presupuesto asignado al sistema carcelario cordobés para todo 2026 es de 280.855.949.000 pesos, de los cuales el 75,7% ($ 212.839.247.000) se destina al pago de sueldos y partidas relacionadas de las actividades centrales. El presupuesto para mantenimiento e inversión en infraestructura es de $ 8.682.538.000, que incluyen $ 5.999.998.000 para obra pública, destaca el informe oficial.