Infraestructura. Peligro en la ruta 3: la Justicia ordenó obras de urgencia tras una serie de siniestros entre Azul y Cacharí
La Cámara Federal de Mar del Plata dictó una medida cautelar que obliga a Vialidad Nacional y a la empresa Corredores Viales a intervenir el tramo de forma inmediata. El fallo destaca el deterioro extremo de la calzada y la falta de señalización.
La Justicia Federal intervino ante el alarmante estado de la ruta nacional 3. En un fallo reciente, la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado Nacional, a través de Vialidad Nacional, y a la empresa concesionaria Corredores Viales S.A., la ejecución inmediata de medidas de seguridad en el tramo que une las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí.
La decisión, tomada por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se fundamenta en informes técnicos, registros fotográficos y datos policiales que demuestran un avanzado estado de abandono en la zona.
Según los magistrados, el sector presenta baches profundos, hundimientos y deformaciones provocadas por el tránsito pesado, sumado a una señalización insuficiente que agrava el riesgo para los conductores.
Un semestre crítico
La urgencia de la medida no es casual: los datos incorporados al expediente revelan que, en los últimos seis meses, se registraron 11 siniestros viales en este sector específico.
Ante esta cifra, el tribunal subrayó la existencia de un “riesgo actual y concreto para la vida e integridad física” de quienes transitan por allí, recordando que las autoridades tienen el deber constitucional de prevenir daños previsibles.
El plan de emergencia y los plazos
Si bien el fallo no contempla una reconstrucción integral de la ruta en esta etapa, sí exige medidas de emergencia vitales que deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos. Las tareas ordenadas incluyen:
- Colocación de cartelería preventiva en zonas críticas.
- Indicación de reducción de velocidad y sistemas de balizamiento para mejorar la visibilidad nocturna.
- Ejecución de reparaciones rápidas en los baches de mayor peligrosidad.
- Implementación de desvíos o restricciones parciales donde sea técnicamente necesario.
Control estricto
Para garantizar el cumplimiento de la orden, la Justicia impuso una agenda rigurosa. En los primeros 10 días hábiles, los responsables deberán presentar un cronograma detallado de prioridades.
Además, se estableció un sistema de supervisión mensual, por el cual deberán remitir informes periódicos acompañados de registros fotográficos y fílmicos al Juzgado Federal de Azul para demostrar el avance de los trabajos.
