Debate en el Congreso. Organizaciones sociales junto a la Iglesia advierten que un proyecto de ley perjudicaría a los barrios populares

La Mesa de Barrios Populares Córdoba junto a la Iglesia de Córdoba reclamaron la suspensión del proyecto de ley “Inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el Gobierno nacional, por considerar que de aprobarse significaría un grave retroceso en materia de integración urbana y acceso a derechos básicos para miles de familias.

En una conferencia de prensa en el Arzobispado de Córdoba, referentes de organizaciones sociales y de la Vicaría de los Pobres expusieron los motivos por los que la normativa que ya se debate en comisiones en el Senado perjudicaría al menos a 40 mil familias cordobesas.

En la actualidad la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (modificada por Ley 27.694) promueve la mejora de la calidad de vida en los barrios populares en Argentina. Asimismo declara de interés público la urbanización, suspende desalojos por 10 años, fomenta la regularización dominial y garantiza el acceso a servicios básicos.

Sin embargo, el proyecto de ley propone modificar aspectos centrales de esa ley, debilitando herramientas vitales para sostener el techo de 5 millones de personas en nuestro país, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En su mensaje, el cardenal Rossi expresó: “Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”, y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso al agua potable y servicios básicos”.

Asimismo, afirmó que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.

Entre sus argumentos, el gobierno nacional presentó el proyecto de ley “Inviolabilidad de la propiedad privada” para acelerar los procesos de desalojo, fomentar la compra de tierras por parte de grandes capitales extranjeros y flexibilizar la normativa vigente sobre el dominio de tierras rurales.

El proyecto actualmente se encuentra bajo debate en comisiones del Senado, generando controversia por su posible impacto en la soberanía territorial y el acceso a la vivienda.

Débora Koraj, vecina de un barrio popular e integrante de la Cooperativa Cuchara, balde y corazón MTE, instó a tomar conciencia de la gravedad de la situación, en primer lugar por una ley que afectaría el hábitat de 318 barrios –solo en la provincia de Córdoba– sino también la paralización de las obras de integración socio urbana que dejó a miles de personas sin trabajo.

En ese sentido, el vicario Melchor López, señaló que la implementación de la Ley 27.453 posibilitó la realización de obras de integración socio urbana en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones.

En la actualidad la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), creada para tal fin, redujo drásticamente sus funciones, recursos y capacidad operativa, y peligran fuentes laborales.

“Hoy un vecino se está preguntando si poner una chapa o no para mejorar su casa porque no sabe si mañana o cuando se apruebe esta ley van a venir a desalojarlos”, reflexionó Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo.

Las organizaciones sociales defienden que existen numerosos ejemplos en los que el mejoramiento social y urbano tiene impactos en otros aspectos de la vida de las personas: en el acceso a la salud, en la asistencia escolar. Y ofrece mayor seguridad en la tenencia a las familias.

Con la ley vigente el Estado nacional es una figura clave en el esquema, sin embargo, la propuesta legislativa busca darle un rol más activo a las provincias y los municipios.

Para Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata que expuso en el Senado y presidente de Cáritas Argentina, se necesita de una "presencia inteligente y eficiente del Estado porque hay lugares donde debe cuidar a los más frágiles. Es un deber indelegable".

En esa línea, el presbítero reclamó mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial (escritura) y urbanización.

Los legisladores Matías Chamorro y Carlos Lorenzo presentaron un proyecto de declaración de preocupación en la Unicameral en el que solicitan a los representantes nacionales por Córdoba rechazar la iniciativa “ante las graves implicancias que tendría sobre barrios populares e inquilinos de la provincia”.

En línea con el compromiso con la defensa de la dignidad y los derechos de quienes viven en los barrios populares, López agregó que si bien la obligación mayor es de la administración de Javier Milei, "todos somos cordobeses y estamos en Córdoba de modo que ninguno de nosotros podemos sacar la responsabilidad de ver, de hacer ver y de avanzar con lo necesario sea a nivel nacional, provincial o municipal".

Y agregó: “Desde hace tiempo con el Gobierno provincial queremos avanzar sobre la posibilidad de dialogar, al menos, sobre lo que ha sido la paralización de la obra pública nacional pero no nos ha ido como hemos querido, por distintos factores”.