En detalle. Naranjitas: qué fijará la nueva ordenanza que regulará su actividad en Córdoba capital
El oficialismo aprobará el 14 de mayo una nueva regulación del sistema de cuidacoches, con pago digital, tarifas atadas a la nafta y más controles. El Frente Cívico acompaña, mientras la UCR y los libertarios cuestionan el alcance de la reforma.
El Concejo Deliberante de Córdoba avanzará con una reforma del sistema de cuidacoches, conocidos como naranjitas, que prevé pago digital obligatorio, zonas delimitadas por la Municipalidad, tarifas atadas al precio de la nafta, cooperativas autorizadas y sanciones para quienes cobren sin permiso. Esto se dio luego de la modificación del Código de Convivencia provincial que prohibió la actividad.
El despacho tomará estado parlamentario este jueves y será votado el 14 de mayo.
La iniciativa modifica la ordenanza 10.425, vigente desde 2001, y busca reconvertir la actividad en un esquema de estacionamiento medido y controlado. Para los vecinos, el cambio principal será que el pago dejará de hacerse en efectivo y sólo podrá realizarse por medios digitales, dentro de las zonas y horarios que defina el municipio.
El despacho fue acompañado por el bloque oficialista Hacemos Unidos, por el concejal Gabriel Huespe, del bloque Ciudadanos, que se sumó como coautor, y por la concejala Graciela Villata, del Frente Cívico.
El nuevo régimen establece que el estacionamiento medido y controlado podrá aplicarse a automotores y motovehículos en todo el ejido municipal. Las zonas específicas serán determinadas por la Secretaría de Gobierno, o por el área que la reemplace como autoridad de aplicación.
El horario general será de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, de 8 a 14. Fuera de esas franjas, además de domingos y feriados, el estacionamiento será gratuito, salvo en eventos de concurrencia masiva definidos por el municipio.
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La tarifa ordinaria será equivalente al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje de YPF en plaza Córdoba. Para eventos masivos, el valor será equivalente al 100% de ese litro de nafta.
Pago sin efectivo
El presidente del bloque Hacemos Unidos, Martín Simonian, defendió el despacho y dijo que apunta a ordenar una situación que, según sostuvo, se desnaturalizó durante décadas. “Es un proyecto consistente porque termina con este desmadre, termina por ordenar una cuestión que hace más de 26 años se desmadró”, afirmó.
Simonian remarcó que los cuidacoches no podrán trabajar en cualquier punto de la ciudad. Según dijo, deberán comprender que “ya no van a tener vía libre para estar actuando en cualquier manzana o cuadra”, sino únicamente en los lugares que determine el Ejecutivo municipal.
El presidente de la comisión de Servicios Públicos, Marcos Vázquez, explicó que la ordenanza actualizará la aplicación, la forma de pago y la identificación del personal. “No se va a permitir más el uso de dinero en la vía pública para pagar el estacionamiento”, señaló.
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Vázquez indicó que el sistema incorporará un código QR para quienes no tengan instalada la aplicación municipal. De esa manera, el usuario podrá escanearlo y abonar con una billetera virtual.
La Municipalidad deberá implementar una aplicación simple y accesible para identificar zonas, usar geolocalización, iniciar y finalizar el estacionamiento, pagar el servicio y consultar información. El texto también prevé un sistema de alerta temprana ante emergencias.
Nuevos constatadores
Los trabajadores pasarán a ser denominados “constatadores”. Su función será verificar si el conductor inició el estacionamiento digital y, en caso contrario, dar aviso a la autoridad municipal, sin ejercer poder de policía.
Vázquez dijo que el cambio de denominación busca dejar atrás una carga social negativa asociada al término naranjita. También adelantó que los constatadores usarán vestimenta marrón, credencial, identificación visible de la cooperativa y código QR.
El proyecto fija requisitos para cumplir esa tarea. Los constatadores deberán ser mayores de edad, acreditar aptitud psicofísica, domicilio en Córdoba, ausencia de empleo registrado vigente y certificados de antecedentes nacional y provincial.
También deberán acreditar que no figuran en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. Además, recibirán capacitación en comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, RCP, primeros auxilios, seguridad vial, atención al ciudadano, normas de tránsito, uso de herramientas digitales y formación en oficios.
El concejal Nicolás Piloni, de Hacemos Unidos, dijo que el texto surgió de un trabajo en comisiones en el que fueron escuchados distintos sectores. Mencionó a la Iglesia, las cooperativas, el Ministerio Público Fiscal y autoridades del área de Seguridad.
La recaudación se distribuirá entre cooperativas y municipio. El 80% de los ingresos será para las cooperativas autorizadas y el 20% restante quedará para el Departamento Ejecutivo Municipal.
Apoyo y reparos
Villata justificó el acompañamiento del Frente Cívico y sostuvo que el sistema apoyado en cooperativas ya funcionó en Córdoba. “Lo que ocurre es que acá se desmadró porque no hubo los controles necesarios”, afirmó.
La concejala recordó que las cooperativas surgieron tras una fallida contratación de la empresa Succord y que, durante la gestión de Luis Juez, se adjudicaron zonas a tres entidades. Según dijo, cuando cumplieron con los requisitos y trabajaron con sus socios en regla, “nunca tuvimos un problema”.
Villata advirtió, sin embargo, que la clave será el control en la calle. “Es indispensable que esa ordenanza tenga los controles en la calle, porque cuando uno se olvida de la calle, pasa lo que hoy sufren todos y cada uno de los vecinos”, señaló.
Desde la UCR, Fabre cuestionó el proyecto y lo definió como “un cambio para que nada cambie”. Según sostuvo, la reforma encarece el servicio, amplía el sistema y mantiene problemas estructurales sin aportar soluciones reales al desorden del tránsito.
El edil radical advirtió que la tarifa pasaría de los 500 pesos actuales a unos 1.500 pesos por hora si se toma como referencia el 60% del litro de nafta premium. También cuestionó que se formalice a más trabajadores y se incorporen nuevas cuadras sin criterios claros sobre circulación y uso del espacio público.
Rovetto Yapur también rechazó el despacho, aunque desde una posición de prohibición absoluta. “Mi proyecto es claro y es lo que el vecino eligió: prohibición absoluta. Sin cooperativas amigas, sin zonas grises y sin intermediarios que se adueñen de la calle”, afirmó.
La concejala de Cordobeses por la Libertad sostuvo que convertir a los naranjitas en controladores implica otorgarles más poder sobre los ciudadanos. También denunció que el oficialismo busca institucionalizar un problema bajo una apariencia de modernización.
Sanciones previstas
El despacho incorpora sanciones para quienes ofrezcan servicios de estacionamiento o cuidado de vehículos sin autorización legal y exijan dinero o especies. Las penas podrán incluir hasta seis días de trabajo comunitario, multa de cinco a 25 unidades económicas municipales o prohibición de concurrencia a determinadas zonas.
