Cuentas claras. El maltrato a jubilados y a discapacitados, a la luz de un hueso sanado

A mediados del siglo pasado, la antropóloga estadounidense Margaret Mead sostuvo que el primer rasgo de civilización que se observó en una cultura antigua no fue un objeto tecnológico, sino un fémur curado.

Su argumento fue que en el reino animal una pierna rota significa la muerte y, por el contrario, un hueso sanado indica que alguien se tomó el tiempo para proteger, alimentar y cuidar a ese individuo hasta su recuperación.

Para Mead, el cuidado de las personas más vulnerables es la base sobre la que se construye una sociedad humana civilizada.

Lamentablemente, esa idea no refleja lo que está ocurriendo hoy en la Argentina.

Personas con discapacidad y adultos mayores, dos de las poblaciones más necesitadas de ayuda en cualquier momento y lugar por la propia naturaleza de sus condiciones de vida, vienen siendo insistentemente maltratadas por el gobierno de Javier Milei.

Las primeras sufren desde hace dos largos años un recorte nunca antes visto en los fondos que el Estado nacional debe disponer para garantizar el acceso a sus prestaciones de salud y de educación más elementales, sin las cuales su calidad de vida termina seriamente afectada.

Luego de un ajuste inexplicable de los fondos específicos que estaban asignados por ley para la atención de este colectivo, y tras una lucha de varios meses en las calles de todo el país, las familias y las asociaciones que trabajan con estas personas lograron en julio del año pasado que el Congreso aprobara la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Pasaron ocho largos meses y el Gobierno nacional recién promulgó la ley en febrero de este año, no por propia voluntad, sino obligado por una medida judicial que lo intimaba a hacerlo. Pero en los hechos sigue hasta ahora sin destinar las partidas que la norma dispone.

Se estima que el 10% de la población argentina tiene alguna condición física o intelectual que la limita en distintos grados para el desarrollo de su vida, y en consecuencia necesita de apoyos y asistencias para lograr una inclusión plena en la sociedad. Hoy, la inmensa mayoría no lo puede hacer.

El mismo destrato por parte del gobierno libertario vienen padeciendo las personas mayores.

Primero, a través de una severa licuación de sus ya magros ingresos. Si bien los haberes jubilatorios se ajustan por inflación, lo cierto es que los ingresos de la gran mayoría de los beneficiarios de Anses (en especial quienes perciben la mínima) se conforman con un bono de $ 70 mil que no se actualiza desde marzo de 2024.

Si dicho bono se hubiera ajustado por el índice de precios, hoy llegaría a $ 144.741, poco más del doble de lo que cobran hoy por este "plus" salarial. Así, en dos años, el Gobierno le dejó de pagar a cada jubilado un total de $ 1.245.721 por el solo hecho de mantener congelado el bono.

A esto se agrega la reducción del número de medicamentos que antes eran gratuitos, lo que lleva a miles de afiliados al Pami a suspender tratamientos médicos, por imposibilidad de pagarlos, a lo que se suma ahora el desfinanciamiento de la obra social, que amenaza con derivar en que los médicos de cabecera dejen de atender jubilados, porque con lo que les pagan no llegan a cubrir el alquiler del consultorio.

El Gobierno justifica estos recortes en que “no hay plata”, cuando al mismo tiempo elimina impuestos a la adquisición de autos de alta gama y embarcaciones de lujo. Cuestión de prioridades, dicen, todo en pos del equilibrio fiscal, que al parecer sólo cierra con fuertes recortes sobre los sectores más desprotegidos.

Aquel revelador hallazgo óseo de Margaret Mead, hace ya casi 100 años, parece no tener demasiada prédica entre el gobierno libertario.