Córdoba. Transporte: la Provincia busca evitar el corte de los boletos gratuitos anunciado por las empresas

La amenaza de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (Fetap) de dejar de recibir pasajeros con boletos gratuitos en los viajes urbanos del interior y en el sistema interurbano provincial tiene como destinatario principal del reproche a la Nación, pero en la práctica pone en la mesa de negociación a la Provincia, que ya conversa con las empresas pero sin que exista aún ninguna oferta en consideración.

La advertencia de Fetap da un margen para negociar: puso este viernes como fecha tope para admitir los pasajeros que no pagan boleto por ley, entre los que se cuentas personas con discapacidad y sus acompañantes, niños y niñas menores de 5 años, policías, guardias penitenciarios, gendarmes, militares y veteranos de Malvinas.

Según el vocero de Fetap, Alejandro Ugalde, representan un 8% del total del corte de boleto de los sistemas urbanos del interior e interurbanos, un universo de unos 200 mil pasajes al mes.

La medida no incluye a los beneficiarios de los boletos sociales provinciales: Boleto Educativo Gratuito (BEG), Boleto del Adulto Mayor (BAM) y Boleto Obrero Social (BOS). “Esos son boletos que sí se pagan, lo hace la Provincia y representan el 41% de nuestros pasajeros”, detalló Ugalde.

En el comunicado del pasado martes, Fetap justifica la decisión en “la crítica situación económica y financiera que atraviesa el sistema de transporte interurbano y urbano del interior provincial”, razón por la cual “las empresas prestatarias se ven imposibilitadas de continuar sosteniendo el traslado gratuito de pasajeros por distintos regímenes de franquicias y gratuidades”.

Atribuyen responsabilidades a la Nación. “La medida responde al profundo deterioro que afecta al sector desde comienzos de 2024 tras la suspensión del Fondo Compensador para el Transporte Automotor del Interior por parte del Gobierno Nacional, mediante el cual, sin embargo, se sigue beneficiando con compensaciones a otras modalidades y jurisdicciones, principalmente el Amba”, denunciaron desde la entidad empresaria.

Es decir: la responsabilidad es de la Nación para Fetap, pero el reclamo va a la Provincia porque “es nuestro patrón”, explica Ugalde. En rigor, es la concesionaria de los servicios públicos que prestan las empresas de transporte.

“Venimos soportando el aumento sostenido del combustible por la guerra en Irán, el aumento que viene de las paritarias de Aoita y el desequilibrio en los costos es creciente. Necesitamos que el que viaje pague. Y no creemos que (aumentar) la tarifa sea la solución porque se van a reducir los pasajeros, que no pueden soportar otro aumento”, consideró Ugalde.

El directivo recordó que en 2025 el incremento de tarifas fue menor que la inflación y que este año todavía no hubo un ajuste tarifario para el sector. “El diálogo con la Provincia no se ha cortado, hemos estado tratando de buscar soluciones, alternativas. Pero en este último tiempo la relación se ha trabado y no tenemos una solución”, sostuvo Ugalde.

“Noqueremos perjudicar a nadie, pero no vemos otra salida para compensar esta situación que afecta a todas las empresas del sistema”, dijo.

Sin suba de tarifas, todo dependerá de si la Provincia puede o no aportar un subsidio que cubra, en todo o en parte, los $ 1.100 millones al mes que se estima representan esos boletos gratuitos.

El secretario de Transporte provincial, Cristian Sansalone, mantiene comunicación con las autoridades de Fetap, pero aún no tiene un número para tirar en la mesa.

“Estamos evaluando distintas alternativas, pero no hay definición aún”, señalaron desde la Secretaría de Transporte. En la Provincia rige un fuerte “apretón” de gastos, que incluso requieren una visación especial de una comisión de control, en todas las áreas de gobierno.

Y el reclamo de las transportistas es un monto significativo que se transforma en gasto corriente, algo que lo vuelve un renglón todavía más sensible para los auditores.

“Las empresas absorbieron durante casi dos años el desfasaje entre costos operativos y tarifas autorizadas, afrontando incrementos permanentes en combustible, salarios, mantenimiento y demás insumos necesarios para la prestación del servicio”, señalan desde Fetap.

Y aseguran que los costos del sistema están por encima de los ingresos, generando un fuerte desfinanciamiento que compromete su sustentabilidad, un mayor endeudamiento de las empresas y la imposibilidad de renovar unidades e invertir en infraestructura.

El impacto de los boletos subsidiados es muy importante, sostienen. “En ese contexto, una parte significativa de ese desequilibrio económico está vinculada al sostenimiento de los distintos esquemas de gratuidades”, explicaron.

Actualmente, las empresas absorben de manera integral y sin compensación económica franquicias del 100% del valor del pasaje destinadas a personal policial, personal penitenciario, menores de hasta 5 años, personas con discapacidad, acompañantes y pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento y otros programas provinciales con reducciones que oscilan entre el 25% y 50% del valor del pasaje.

“Durante todo este tiempo las empresas sostuvieron prestaciones de carácter social fundamentales para miles de usuarios del interior de la provincia de Córdoba, absorbiendo costos que hoy resulta imposible cubrir sin poner en riesgo la continuidad del servicio”, publicaron.