Permisos falsos. Imputaron a la organizadora del casamiento VIP en una reserva natural de Salta
La Justicia avanzó en la causa por la polémica boda de Nicole Pocoví y Federico Maran, celebrada en la Quebrada de las Conchas. La organizadora del evento fue imputada por presentar permisos ambientales falsos para habilitar el festejo en un área protegida de 50 millones de años de antigüedad.
La investigación judicial por el casamiento celebrado el pasado 23 de marzo en Cafayate sumó un capítulo clave con la imputación de Lucía Belén Grajales Soriano (36), quien no solo se desempeñó como la organizadora de la fiesta (wedding planner), sino que también es señalada como la propietaria del terreno dentro de la reserva natural donde se montó la estructura.
Una boda bajo la lupa judicial
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a Grajales Soriano por los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso.
La maniobra se descubrió cuando un agente de la Secretaría de Medio Ambiente detectó un escenario, equipos de sonido e iluminación sobre la Ruta Nacional 68, en pleno corazón de la Quebrada de las Conchas.
Al ser requerida la documentación, la organizadora habría enviado una copia digital de una supuesta habilitación provincial.
Sin embargo, las autoridades confirmaron rápidamente que el documento era apócrifo: el membrete institucional no coincidía con el vigente y la firma incluida no pertenecía a ningún funcionario autorizado de la administración salteña.
La defensa de los novios y el impacto económico
El evento, que reunió a más de un centenar de invitados provenientes de Buenos Aires y otros puntos del país, puso en el ojo de la tormenta a los recién casados: Nicole Pocoví, dueña de una marca de anteojos, y Federico Maran, socio de una concesionaria de autos.
Pocoví defendió la celebración asegurando que la gestión del permiso era responsabilidad de la propietaria del lugar y subrayó que la boda "generó trabajo para unas 100 personas de manera directa", además de fomentar el turismo en hoteles y restaurantes de la zona.
No obstante, la Justicia busca determinar si fue la propia imputada quien falsificó el acta o si intervino un gestor tercero en la maniobra.
Posibles sanciones y daño ambiental
Más allá de la causa penal, el caso avanza en el ámbito contravencional.
Las autoridades advirtieron que, debido al despliegue de estructuras y música a alto volumen en un entorno de estrictas restricciones, la investigación podría derivar en fuertes sanciones económicas por los posibles daños ocasionados al ecosistema de la reserva.
Por lo pronto, la imputada cuenta con un plazo de 48 horas para presentar su declaración por escrito ante la fiscalía.
