Santa Fe. Impulsan una ley para reforzar la seguridad en escuelas tras las amenazas en San Cristóbal
El proyecto prevé declarar situaciones de “Alerta de Riesgo Crítico Emergente”, habilitar requisas en establecimientos educativos y permitir tareas de ciberpatrullaje e infiltración digital.
El Gobierno de Santa Fe trabaja en un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco normativo para intervenir ante amenazas o situaciones de riesgo en escuelas y ámbitos de socialización juvenil.
La iniciativa comenzó a tomar forma tras la aparición de mensajes amenazantes en escuelas de distintas localidades santafesinas, tras el asesinato de un niño de 13 años a manos de un estudiante de 16 en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe.
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El anteproyecto fue presentado esta semana por funcionarios del Poder Ejecutivo provincial a legisladores oficialistas, así lo confirmó El Litoral. El documento contempla mayores facultades para las fuerzas de seguridad, monitoreo de redes sociales y nuevas responsabilidades para padres y docentes.
La propuesta fue analizada el miércoles en una reunión encabezada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
Qué establece la “Alerta de Riesgo Crítico Emergente”
El primer artículo del borrador habilita al Poder Ejecutivo a declarar una “Alerta de Riesgo Crítico Emergente” cuando exista un peligro “grave, actual o inminente” para la integridad física, psíquica o la seguridad de personas en ámbitos escolares.
El texto contempla situaciones vinculadas con amenazas de violencia, difusión de mensajes intimidatorios y fenómenos de “contagio social” entre jóvenes a través de entornos digitales o híbridos.
Según el documento, la medida podrá aplicarse incluso cuando las conductas detectadas no configuren un delito consumado, pero sí generen “temor fundado” o anticipen posibles hechos de violencia.
Ciberpatrullaje y agentes digitales encubiertos
En el marco de la alerta, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendría facultades para monitorear redes sociales y entornos digitales. El proyecto habilita la implementación de tareas de ciberpatrullaje y la utilización de “agentes digitales encubiertos” para detectar amenazas o actividades sospechosas.
Además, el Ejecutivo podría solicitar a plataformas digitales la preservación de contenidos, el bloqueo de cuentas y la limitación de publicaciones consideradas riesgosas.
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El borrador también prevé la elaboración de perfiles y patrones de riesgo por parte de organismos policiales y de inteligencia, así como la creación de registros de actividades sospechosas y personas de interés.
Más facultades para la Policía en las escuelas
La iniciativa otorga facultades especiales a la Policía durante la vigencia de la alerta. Entre ellas, se contempla la posibilidad de ingresar e inspeccionar establecimientos educativos, asegurar accesos, establecer perímetros de seguridad y restringir la circulación de personas en zonas consideradas críticas.
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También se habilitarían evacuaciones preventivas, requisas de personas y pertenencias, registros integrales de edificios y la identificación de personas por hasta 12 horas. Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la autorización para secuestrar dispositivos electrónicos y acceder de manera inmediata a su contenido.
El texto establece incluso la posibilidad de realizar desbloqueos biométricos “aplicando la fuerza mínima e indispensable”, con posterior notificación a la Fiscalía.
Obligaciones para docentes y sanciones a padres
El anteproyecto también incorpora obligaciones para el personal educativo. Según la iniciativa, docentes y autoridades escolares deberán reportar a la Policía o a sistemas de emergencia cualquier situación sospechosa, como amenazas, presencia de armas o desafíos virales peligrosos, aun cuando no constituyan delitos.
Recuperar el rol histórico de la escuela
En paralelo, el Gobierno provincial busca incorporar una figura de “responsabilidad parental”. La propuesta establece que el Estado podrá reclamar a padres o responsables legales el pago de los costos operativos generados por hechos ocasionados por menores de edad.
Además, contempla sanciones administrativas ante incumplimientos “graves o reiterados” de los deberes de cuidado y supervisión. Entre las medidas previstas aparecen apercibimientos, multas y hasta prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos y eventos masivos.
Ahora, el Gobierno provincial busca avanzar con una herramienta legal específica para actuar ante situaciones similares y prevenir posibles hechos de violencia en entornos educativos.
