Cambios. El Gobierno quiere eliminar la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios y crece la polémica

Federico Sturzenegger confirmó que enviará un proyecto al Congreso en junio. La iniciativa busca desregular el corretaje, reducir costos y abrir el mercado a nuevos actores.

30 de mayo de 2026 a las 10:23 a. m.
El Gobierno quiere eliminar la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios y crece la polémica
La Alvear Tower, en Puerto Madero, es el edificio más alto del país y uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Argentina.

El Gobierno nacional prepara una profunda reforma del mercado inmobiliario que podría cambiar las reglas de una actividad que mueve miles de operaciones por año en Argentina.

Entre las medidas que analiza la gestión de Javier Milei figura la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, una iniciativa que ya encendió alarmas entre colegios profesionales y cámaras del sector.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde confirmó que el oficialismo enviará al Congreso un paquete de reformas durante junio.

La propuesta forma parte de la agenda de desregulación impulsada por el Gobierno y apunta a reducir costos en las operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles.

"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", sostuvo Sturzenegger.

Qué cambios analiza el Gobierno

Federico Sturzenegger.
Federico Sturzenegger. (Gentileza Clarín.)

Aunque el proyecto aún no fue presentado formalmente, dentro del sector inmobiliario ya circulan borradores con algunos de los principales ejes de la reforma.

Entre las medidas más relevantes aparece la flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario.

También se estudia revisar el rol de los colegios profesionales, eliminar honorarios mínimos, facilitar la llegada de nuevos operadores y promover plataformas tecnológicas vinculadas al negocio inmobiliario.

La iniciativa contempla además la digitalización de trámites, la simplificación de procesos administrativos y una mayor apertura a modelos Proptech, empresas que utilizan tecnología para intermediar en operaciones inmobiliarias.

Fuerte rechazo de los colegios inmobiliarios

Las entidades que representan a corredores y martilleros manifestaron su preocupación por el impacto que podría generar una desregulación de estas características.

Representantes del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) mantuvieron una reunión con funcionarios nacionales para expresar sus diferencias con la propuesta.

Marta Liotto, presidenta de Cofeci, sostuvo que los colegios cumplen funciones de control, capacitación y supervisión que ayudan a garantizar la seguridad jurídica de las operaciones. "No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico", afirmó a TN.

Desde las entidades aseguran que eliminar la matrícula podría aumentar los riesgos de fraude y perjudicar a compradores, vendedores e inquilinos.

El debate sobre la seguridad jurídica

Uno de los argumentos centrales de quienes rechazan la reforma es que la colegiación permite controlar el ejercicio profesional y sancionar conductas irregulares.

Jorge Pighin, vicepresidente primero de Fira, aseguró que gran parte de las estafas inmobiliarias son cometidas por personas que operan sin habilitación profesional. "El 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula", afirmó.

Por el contrario, los impulsores de la desregulación sostienen que la seguridad jurídica no depende exclusivamente de una matrícula profesional.

Jorge Amoreo Casotti, referente de la plataforma Proptech PINT, aseguró que la transparencia debe construirse a través de la trazabilidad, la reputación y las buenas prácticas.

Mientras el Gobierno avanza con la redacción definitiva del proyecto, colegios y cámaras inmobiliarias de distintas jurisdicciones comenzaron contactos con legisladores nacionales para intentar modificar o frenar los puntos más controvertidos de la iniciativa.