Análisis. ¿Un genocidio sanitario por dolo eventual?

Una funcionaria del Gobierno de Córdoba acusó al Gobierno nacional de poner en marcha un “genocidio sanitario”.

¿Es una durísima metáfora, que incluso puede ser objetada por banalizar un término con un sentido reservado a delitos de lesa humanidad? ¿O existe la posibilidad de que se analicen políticas públicas que afectan a sectores de probada vulnerabilidad como un plan sistemático de exterminio?

La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, acusó al Gobierno nacional de provocar un “genocidio sanitario” en el país con el recorte de $ 63 mil millones en esa área.

Lo dijo de este modo a través de su cuenta en la red social X (ex-Twitter): “Hoy el genocidio sanitario de la Nación se anunció por el Boletín Oficial. $ 63 mil millones menos para la salud, que van a impactar directo en la vida de los argentinos. El recorte recae principalmente sobre acceso a medicamentos, a insumos y a tecnología médica de programas sociosanitarios clave: VIH, tuberculosis, lepra, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer”.

“Se afectan los recursos de las provincias, pero fundamentalmente arremeten contra la salud de la población. Al gobierno de Milei le importa nada de nada que millones de argentinos dejen de acceder a esos medicamentos y tratamientos. ¿Cuántas vidas más están dispuestos a abandonar? ¿Y cuántos recortes estamos dispuestos a naturalizar en nombre de mantener contenido el déficit fiscal?”, remarcó.

Consultada por La Voz para saber si sus palabras iban más allá de una figura retórica, Montero afirmó que no usó una metáfora, sino que construyó un concepto.

“El Gobierno nacional viene retirando recursos esenciales del sistema de salud y ese retiro no afecta a todos por igual: impacta sobre quienes dependen de tratamientos o medicamentos o cuidados para sostener su vida y que no tienen los recursos para hacerlos por sí mismos. No es una muerte inmediata. El retiro de los recursos genera un deterioro acumulativo y el Estado conoce ese impacto pero igual avanza. Entonces, eso deja de ser una decisión administrativa y pasa a ser un daño masivo sobre una población determinada: la población más vulnerable y dependiente del sistema público de salud”, justificó Montero.

En su apoyo, citó la frase “sadismo del Estado”, del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

“Lo que el genocidio hacía era el exterminio de determinada población por sus condiciones de religión o de raza o de pensamiento. Acá sería por su condición social”, expresó Montero.

Para evitar este genocidio, la Provincia tiene que suplir lo que Nación no manda, remarcó. Es decir: si no ocurre, no es por voluntad de quien generó esas condiciones y trasladó sus consecuencias a otros responsables de gobiernos locales o provinciales.

“La deuda a hoy en distintos programas como el plan Sumar, ITS, Incluir Salud, salud sexual y reproductiva y atención a afiliados de Pami es de $ 25.191,3 millones”. No se puede estimar lo del plan Remediar, porque son kits que se redujeron en cantidad de moléculas. Y en medicamentos de alto costo, la Provincia viene absorbiendo todos los meses un costo de aproximadamente $ 6 mil millones mensuales”, detalló Montero.

Existe un antecedente reciente para conocer cuál será el resultado de estas políticas de recortes en el acceso a la salud de grupos vulnerables: en 2024, con un ajuste de similar dureza, se produjo un exceso en la mortalidad, especialmente focalizado en la población de adultos mayores más añosos.

A nivel país, se reportaron 21.276 muertes más en personas mayores de 65 años que en 2023, con un aumento del 9,5% en este grupo etario. “Las muertes en Córdoba también crecieron en 2024”, un 10,9% más en relación con el año anterior: pasaron de 30.874 decesos a 34.877. En el grupo de 65 o más años, se dio un incremento de 13,1% respecto de 2023, según la estadística del Ministerio de Salud provincial.

El daño es verificable en excesos de mortalidad. “También en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, también en el aumento de la demanda de medicamentos en los hospitales públicos por parte de las personas con Pami, en el aumento de las afecciones en salud mental, en el aumento del consumo (no sólo de los adolescentes, sino de toda la población)”, listó Montero.

Ahora bien, ¿es una desmesura hablar de genocidio? Las características que definen un genocidio son, según Naciones Unidas, que “es un delito definido jurídicamente como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Implica actos como matanzas, daños físicos/mentales graves o condiciones de vida destructivas impuestas al grupo”.

En Argentina, para probar el genocidio de la dictadura, se usó la figura de un plan sistemático de exterminio.

¿Puede equipararse esta figura con un ajuste, por insensible que luzca, por cruel que resulte por el tipo especial de personas a quienes está dirigido, como los adultos mayores, los enfermos crónicos o los discapacitados?

¿Cabe suponer una intención criminal? Y si no cabe, ¿es inocente de sus previsibles resultados en estas poblaciones de riesgo?

Un experto en derechos humanos que prefirió responder bajo reserva de identidad sugirió que sólo podría pensarse una analogía como la que plantea Montero en términos jurídicos si se combina con la figura del dolo eventual.

Según el Código Penal Argentino, el dolo eventual ocurre cuando el autor no busca directamente el resultado delictivo, pero se representa la posibilidad de que ocurra, acepta el riesgo y continúa actuando con indiferencia. Aunque el código no lo define explícitamente, la doctrina y la jurisprudencia lo equiparan al dolo directo, con la culpa plena.