La Fiscalía de Instrucción Subrogante de Córdoba, a cargo de la fiscal Daniela Maluf, dictó la elevación a juicio en la causa penal contra Conoc, cuyos dueños, los hermanos Ocaña, están imputados por estafas reiteradas en calidad de coautores.
Los casos fueron comprobados por la fiscalía en una investigación que llevó casi dos años, y el 20 de mayo de 2026 Maluf solicitó a la Cámara su elevación a juicio oral y público.
El volumen de material probatorio que fundamenta el envío a juicio de los acusados es "abrumador", según la acusación: "prueba testimonial masiva de las personas damnificadas, quienes relataron de forma concordante las promesas falsas y los perjuicios sufridos; prueba documental e informativa, y la evidencia clave de la prueba telefónica".
Además de los informes emitidos por el Banco Central y la Dirección de Policía Fiscal, que demostraron una situación de insolvencia crónica generalizada con una calificación bancaria de "irrecuperable", abunda el texto de la elevación a juicio.
Imputados por 206 casos
Los titulares de Conoc, Verónica y Ezequiel Ocaña, están presos desde hace casi dos años, este último en la cárcel de Bouwer; y su hermana, en prisión domiciliaria, en perjuicio de 206 damnificados.
Además de los dos hermanos, hay otras siete personas imputadas: Georgina Vanesa Ocaña, acusada como coautora de estafas y partícipe necesaria de estafas reiteradas en cuatro hechos; Silvio G. González, acusado como partícipe necesario de estafas reiteradas en 52 hechos, y Luis H. Heredia, acusado como partícipe necesario de estafas reiteras en 25 hechos.
También Gonzalo E. Heredia, acusado como partícipe necesario de estafas reiteradas en 21 hechos; Carolina Beatriz Ostorero, acusada como partícipe necesaria de estafas reiteradas en 21 hechos; Anabel Rocío Meana, acusada como partícipe necesaria de estafas reiteradas en 41 hechos, y Ludmila Antonella Venanzoni, acusada como partícipe necesaria de estafa en un hecho.
La defensa tiene la posibilidad de oponerse con un plazo de cinco días. Con esta resolución, se entiende que está concluida la etapa de recolección de pruebas, y la Cámara del Crimen los deberá juzgar oral y públicamente.
El modus operandi
La fiscalía afirma que acreditó que los imputados montaron un plan doloso, sistemático y perfectamente estructurado, y diseñado desde el inicio con la intención de engañar a las víctimas. La mecánica se resume en los siguientes puntos clave:
- Pantalla societaria, utilizaban de manera indistinta las firmas comerciales Conoc SRL y Khaliq Anwar SRL (bajo el nombre de fantasía "Conoc Habitar") para dotar a las operaciones de un falso ropaje de legalidad y respaldo empresarial.
- Falsa apariencia de solvencia, se valían de una agresiva y permanente campaña de marketing digital, gigantografías en rutas, múltiples oficinas comerciales en la provincia y un despliegue masivo de personal (que rotaba de forma constante), con la intención de impactar a los potenciales clientes y generar confianza.
- Captación de sectores vulnerables, ofrecían planes con financiaciones accesibles y cuotas muy bajas (promocionadas falsamente como "iguales al valor de un alquiler"), capitalizando las necesidades de personas excluidas del sistema bancario tradicional que soñaban con la casa propia.
- Loteos sin autorización gubernamental, vendían los lotes y prometían plazos de construcción asegurando que los predios contaban con todas las aprobaciones. Sin embargo, la fiscalía constató que los desarrollos inmobiliarios (como en Monte Cristo, Alta Gracia, Jesús María o Colonia Tirolesa) carecían por completo de las factibilidades y de las licencias ambientales obligatorias requeridas por la Mesa de Entradas Única de Loteos (Meul) y Catastro provincial. Esto hacía que fuera material y legalmente imposible individualizar o escriturar los terrenos.
- Uso del engaño mediante prórrogas y adendas, cuando se aproximaban los plazos de entrega, los imputados utilizaban maniobras dilatorias. Excusándose con mentiras en factores externos (la pandemia, demoras climáticas o supuestas estafas de terceros), obligaban a las víctimas a firmar sucesivas prórrogas o "cambios de plan" a tipologías de viviendas más chicas, requiriéndoles frecuentemente nuevas sumas de dinero o la presentación de costosas garantías.
También, la Fiscalía determinó que las pocas entregas efectivas que realizó la empresa sirvieron en realidad como un "anzuelo" publicitario para perpetuar el error generalizado, captar nuevos aportantes y evitar denuncias tempranas.
Además, asegura que comprobó que engañaban a los dueños originales de grandes extensiones de tierra, a quienes les prometían el pago futuro mediante la permuta de dúplexs por construir. Bajo este ardid, les quitaban la posesión y procedían a revender esos mismos terrenos a clientes particulares, a sabiendas de que nunca cumplirían con los dueños de las tierras ni con los compradores finales.
Y el dinero recolectado de manera continua no se invertía en los materiales ni en el avance de las infraestructuras de los barrios. En su lugar, los fondos eran desviados para cubrir deudas corrientes inmediatas y para financiar un ostentoso estilo de vida de los coautores, por ejemplo, constantes viajes de lujo al exterior (España, México, Chile o Panamá) y adquisición de vehículos de alta gama.
Causa Conoc: sin fecha para el juicio, los hermanos Ocaña llevan casi dos años detenidos y suman 206 hechos
Las familias esperan que se haga justicia
Las familias que denunciaron, desde 2024, que Conoc incumplió los contratos por compras de lotes o de planes de vivienda son de Córdoba capital, Jesús María, Monte Cristo, Carlos Paz, San Agustín, Colonia Tirolesa, entre otras ciudades. Incluso hay familias de otras provincias.
El abogado de 70 familias querellantes, Carlos Nayi, expresó a La Voz que el juicio es un paso trascendental en la búsqueda de la verdad y justicia para las decenas familias que depositaron proyectos de ahorro y expectativas de vida para acceder a una vivienda propia.
"Este procedimiento ratifica la seriedad de la denuncia, y que se trató de una mecánica reiterada y sostenida en el tiempo con una gran cantidad de víctimas y perjuicios patrimoniales de enorme magnitud", afirmó Nayi.
Además, indicó que, detrás de cada hecho, "hay familias, personas enfermas, carenciadas, y el producto de sus trabajos fue diezmado. Por eso, es la hora de la Justicia", destacó.
En tanto, el abogado Nicolás Clapier, que representa a 36 familias querellantes, remarcó que este es un paso muy importante en lo penal.
"La fiscal constató lo que denunciamos al inicio de la investigación. Y pudo recabar cuantiosa prueba testimonial, documental e informativa que acredita que no se trató de simples demoras contractuales, sino de un plan diseñado para quedarse por el dinero de la gente", señaló el abogado.
Por eso, "este paso por lo menos es algo de Justicia para los damnificados que ya no podrán tener su vivienda", consignó.
Perjuicio económico
Según la Fiscalía, el daño patrimonial incluye pagos directos de cuotas y extras por un total de $ 187.318.513,97 y U$S 488.084 entregados en efectivo por los damnificados. Y 448.354 bolsas de cemento, que a valores de mercado actuales representan un perjuicio actualizado de $ 12.778.096.410.
Además de este monto, las víctimas entregaron 17 inmuebles, casas, lotes y campos, y 23 vehículos automotores, lo que agrava la situación patrimonial de los afectados en este proceso judicial.
Por otro lado, continúa el concurso preventivo en el Juzgado Civil y Comercial de 13 Nominación (Concursos y Sociedades) a cargo de Lucas Dracich Loza con casi mil créditos verificados.
"El concurso se tramita con graves irregularidades verificadas por el síndico y ahora el coadministrador. El 5 de agosto, las empresas de Conoc tienen que hacer una propuesta para resolver el conflicto. Hasta ahora, no hay intención de resolver nada", afirmó Clapier.
